El activista denunció un cabildeo subrepticio de la dependencia federal para favorecer a los “barones del asfalto”.
Redacción Astillero Informa
El fantasma de la especulación inmobiliaria y la complicidad oficial vuelve a planear sobre el Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito. Activistas y defensores del territorio denunciaron una embestida institucional operada desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual pretende anular el decreto federal de protección ambiental emitido en 2021 para abrir paso a un proyecto metropolitano que beneficiaría directamente a los denominados “barones del asfalto”.
En entrevista para el espacio periodístico de Julio Astillero, Carlos Covarrubias, integrante de la organización Guardianes de la Sierra de San Miguelito, reveló de manera contundente que funcionarios de la dependencia federal —encabezada por Edna Vega Rangel— se encuentran realizando un intenso cabildeo y presión institucional a espaldas de la ciudadanía y, presumiblemente, ocultando los hechos a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.
El modus operandi
De acuerdo con Covarrubias, la estrategia jurídica y política de la Sedatu contempla un primer paso crítico: lograr la nulidad total del decreto de flora y fauna de la Sierra de San Miguelito. Argumentando supuestas incongruencias en las delimitaciones y el riesgo de perder amparos en los juzgados de distrito, la dependencia federal busca redactar un nuevo documento desde las rodillas que excluya de la protección ambiental una superficie estimada en 20 mil hectáreas.
Esta descomunal mutilación territorial tiene como pretexto la integración de un “proyecto metropolitano” que involucra a siete municipios de la entidad (entre ellos la capital potosina, Villa de Reyes, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro), pero el fondo real es liberar la tierra para desarrollos inmobiliarios de alta gama. Entre las zonas presionadas se encuentran ejidos y comunidades históricas como Escalerillas, Terrero y San Juan de Guadalupe.
Favores residenciales con recursos públicos: El papel del INSUS
Uno de los puntos más escandalosos de la denuncia radica en el uso de recursos públicos para legitimar zonas de alta plusvalía. El activista señaló que se están utilizando expedientes del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) —antes Coret— orientados teóricamente a la regularización de colonias marginadas, para pretender escriturar predios residenciales de lujo (como el caso de Century 21 en el ejido Emiliano Zapata) que quedaron incrustados dentro del polígono protegido .
“Imagínate que pretenden regularizar predios residenciales a razón de un financiamiento social de 8 mil a 15 mil pesos con recursos públicos. El argumento que da Sedatu es que ‘no pueden escriturar si sigue siendo área natural protegida’. De ese tamaño es el atraco”, fustigó Covarrubias.
La sombra de los “Barones del Asfalto” y el silencio estatal
El frente de organizaciones sociales, ambientales y académicas señala de forma directa a la “fauna empresarial” potosina que históricamente ha codiciado este pulmón hídrico: apellidos como los Chatos López, los Tamayo, los de los Santos, los Del Valle, Lorca, Valladares y Torres Corzo, quienes presuntamente han invertido sumas millonarias para resucitar los planes inmobiliarios que frenó el expresidente López Obrador en diciembre de 2021.
Paradójicamente, la denuncia ocurre en el contexto de la reciente detención de Alejandro Tamayo, uno de los principales socios y promotores del polémico proyecto residencial “Cañadas”, lo que evidencia las redes de corrupción que intentan doblegar al aparato del Estado . Asimismo, los activistas apuntaron hacia la complicidad del gobierno estatal de San Luis Potosí y dependencias como la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuyas autoridades han emitido declaraciones desestimando la importancia de la Sierra como zona de recarga de los acuíferos del Valle de San Luis.
“No nos vamos a dejar: El avispero está agitado”
Hacia el cierre de la entrevista, Carlos Covarrubias advirtió que la resistencia social se encuentra más fuerte, unida y desconfiada que en los procesos de 2019 o 2021. Aseguró que ya entablan un diálogo directo con el Consejo Hídrico y que iniciarán movilizaciones y recorridos comunitarios en defensa del derecho humano al agua y al medio ambiente .
“Así como le fue a esa gente que quiso corromper el decreto en el 2021, así le va a ir a la Sedatu en el terreno de la denuncia legal, política y social. No vamos a dejar que esto pase”.
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