Bajo un esquema de corrupción institucional, la Secretaría de Obras entregó contratos a empresas fantasmas por dos años
La Secretaría de Obras Públicas en el estado de Chiapas, encabezada por Ángel Torres Culebro generó un desvío de 58 millones de pesos entre los años 2020 a 2022, a través del otorgamiento de cuatro contratos a empresas fantasmas, lo que se logró con la colaboración de la Secretaría de Salud de Chiapas, encabezada por José Manuel Cruz Castellanos, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En una consulta a la Plataforma Nacional de Transparencia, se detectó que entre 2020 y 2022, la Secretaría de Obras Públicas emitió cuatro contratos por un total de 58 millones de pesos a las empresas JRS Ingeniería Integral y Consultoría, S.A de C.V., y Grupo IASES, S.A. de C.V, de los cuales, una de sus representantes legales es Rosalba Tovilla Durán, servidora pública adscrita al área de comunicación social de la Secretaría de Salud.
A pesar de que ambas instituciones están inscritas en el Registro Público de Comercio (RPC), los domicilios fiscales son inmuebles de vivienda, cuyos nombres son familiares de Rosalba Tovilla Durán y su esposo René Esponda Velázquez. Asimismo, se encuentra Francisco Javier Gastélum Chong, prestanombre de Rosalba y Ángel Torres Culebro.
Una de las direcciones registradas en la Colonia San Francisco, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también es utilizada como clínica dde servicios dentales, la cual está a cargo de Stephany Esponda Velázquez, cuñada de Rosalba Tovilla Durán.
Durante los dos años, JRS Ingeniería Integral y Consultoría, S.A de C.V, empresa creada en 2016, se benefició de tres contratos con un total de 48 millones 742,000 pesos, que presuntamente serían destinados para la construcción de mercados, unidades deportivas y redes de distribución de energía eléctrica. Grupo IASES, S.A. de C.V, que comenzó sus operaciones en 2020, obtuvo el otro contrato por un total de 9 millones 988,000 pesos.
Para lograr las transacciones de Ángel Torres Culebro, se realizó la alianza con la servidora Rosalba Tovilla Durán, quien desde hace 15 años, está contratada bajo la modalidad “Apoyo Administrativo en Salud-A4”, cargo por el cual percibe un salario mensual neto de 13,531.81 pesos. Entre los perfiles que se contratan con este título, están: analista administrativo, ayudante de servicios de la oficina S.P.S, especialista técnico, cajero general y analista profesional, indica el profesiograma de la Secretaría.
Hasta el momento, se desconoce la ruta final de los 58 millones de pesos, así como los montos para cada involucrado. Además, la Secretaría de Obras Públicas no ha emitido información al respecto.
Sin embargo, la Ley de Obra Pública del estado de Chiapas prohibe celebrar contratos con funcionarios públicos y sociedades de las que dichas personas formen parte, en su Artículo 44, Fracción II, por lo que este esquema incurre en una violación a la Ley.
Anteriormente, Ángel Torres Culebro había sido cuestionado por las obras realizadas en el estado, como la del Circuito Interior de Tuxtla que en octubre de 2022 se declaró costaría 1,000 millones de pesos, pero que al presentarse al público, el costo ascendió a los 2,300 millones, de acuerdo con el portal Chiapas Paralelo.
En el proyecto del paso a desnivel de la 11 poniente y libramiento sur, que fue premiado con el tercer lugar en el Premio Obras CEMEX 2022, han habido desde su inauguración se han registrado cinco accidentes viales, indican datos del movimiento “Menos puentes, más Ciudad”. Aunque en su momento se pidieron estudios de impacto para saber si era viable construir en la zona, nunca se atendió la solicitud.
Durante su gestión, ha sido cuestionado por su poca experiencia como especialista de obras, ya que su profesión es como abogado. Al preguntarle sobre datos de sus proyectos construidos, se ha negado a dar la información argumentando que de hacerlo, se afectaría el interés jurídicamente protegido por la Ley.
