La niña de 10 años fue ultrajada por un familiar también menor de edad
Celso Castro | OEM-Informex
La Secretaría de Salud del estado confirmó que la menor indígena que solicitó la interrupción de su embarazo, fue atendida y está en franca recuperación con sus familiares.
A través de un comunicado de prensa, la dependencia informó que la adolescente ingresó al hospital de la Madre y El Niño Guerrerense de Chilpancingo, el 16 de febrero y se le inició la interrupción de su embarazo con apoyo en todo momento del servicio de psicología.
Esto se dio a petición de la familia, tras denunciar que la menor de 10 años de edad fue víctima de violación por parte de su primo, por lo que compareció en la agencia del Ministerio Público y solicitó la interrupción legal del embarazo al encontrarse cerca de las 12 semanas de gestación, petición que se le concedió.
El 14 de febrero, la menor acompañada de sus familiares acudieron al hospital “Raymundo Abarca Alarcón” de la capital del estado, pero a pesar de presentar el oficio que le extendió la representación social, se negaron a practicarle el aborto, violentando sus derechos.
La familia hizo pública su denuncia, realizaron una protesta en el Congreso de Guerrero, donde solo hubo discusiones por parte de los que integran la Comisión Permanente, quienes resaltaron generar marcos jurídicos con los que se atienda la deuda histórica que se tiene con las mujeres y coincidieron que el asunto era de salud, porque estaba en peligro la vida de la niña.
Finalmente, se les brindó ayuda en el hospital de “La Madre y El Niño Guerrerense”, donde el área médica realizó la interrupción del embarazo, después el departamento de trabajo social se encargó de la notificación al Ministerio Público del Fuero Común.
La Secretaría de Salud del estado señaló que se realizó una reunión interinstitucional en la que participaron dependencias del gobierno del estado en la que acordaron compromisos para darle puntual seguimiento y atención necesaria.
Por lo pronto, la menor entró al proceso de guarda y custodia por parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. El DIF municipal se comprometió a otorgar los gastos de traslado, alimentación y guarda y custodia, así como acceso internet para atención psicológica en línea.
Por último, se informó que la Secretaría de Asuntos Indígenas se comprometió al acompañamiento y asesoría legal en su proceso de acceso a la justicia.
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