Se complica salida de Javier Duarte de la cárcel: le dictan prisión preventiva por desvío de 5 mdp (nota de Aldo Canedo en OEM-Informex)

En una nueva acusación por el delito de peculado, un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.

Aldo Canedo | OEM-Informex

En una nueva acusación por el delito de peculado, un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Con ello, se complica la salida de Duarte prevista para el próximo 15 de abril, pues esto representaría un nuevo proceso penal en caso de que se autorice su vinculación.

En la audiencia inicial de casi siete horas, el exgobernador priista acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) busca hacer todo lo posible para que no salga de prisión, señalando que el tema se ha tornado político.

En una de sus cuatro intervenciones durante la sesión, Duarte de Ochoa cuestionó:

“Me genera duda qué tan jurídica o política sea la intención de la Fiscalía (…) ¿Por qué? Porque en dos meses cumplo mi condena (…) La instrucción es que Javier Duarte no salga de la cárcel. Háganle, invéntenle, pero la instrucción es que no salga de la cárcel”, dijo el ex priista frente al juez.

“(El proceso) está viciado de origen, es un tema político. Los fiscales son soldados, tienen instrucciones de sus jefes de hacer lo que sea para evitar que salga”, agregó Duarte.

Pese a este señalamiento, el juez admitió la petición de la Fiscalía y otorgó la prisión preventiva justificada, bajo el antecedente de fuga de Duarte en 2016 cuando salió del país hacia Guatemala.

Dentro de la audiencia, la Fiscalía detalló que entre 2012 y 2014 el gobierno de Duarte habría desviado recursos públicos destinados a un fondo para personas en situación vulnerable.

A través de 38 pruebas diferentes, buscaron acreditar que Javier Duarte fue coautor del delito de peculado continuado, y explicaron que dicho crimen podría alcanzar una pena de hasta 21 años de prisión si se confirma que se realizó de forma agravada.

De acuerdo con la acusación de las autoridades ministeriales, Duarte habría avalado, a través de una publicación en la gaceta oficial del estado de Veracruz el 19 de diciembre de 2011, que funcionarios de la Secretaría de Finanzas de Veracruz (Sefiplan) utilizaran fondos federales para cuentas corrientes estatales, y no para el fin para el que estaban destinados.

El caso concreto por el que se imputa al exgobernador es por haber sido presunto coautor de un supuesto desvío de cinco millones de pesos provenientes del erario federal que estaban destinados para un fondo dedicado a la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Presuntamente, funcionarios del gobierno de Duarte que laboraban en la Sefiplan triangularon fondos equivalentes a 10 millones de pesos que fueron depositados desde la Tesorería de la Federación.

Según el convenio firmado con la Secretaría de Salud del gobierno federal, los 10 millones de pesos estaban destinados para un programa llamado FONDOS para el mejoramiento de dos casas hogar, una de niños y otra de adultos mayores.

Sin embargo, malos manejos y distracciones financieras habrían derivado en que se perdiera la mitad de dichos fondos.

El esquema de desvío, según la imputación, consistía en que los recursos federales fueron enviados a una cuenta del gobierno de Veracruz aperturada en Santander.

Dichos fondos debían ser enviados a una cuenta ejecutora, es decir, desde donde debían ser ejercidos dichos recursos para lo que fueron destinados: el mejoramiento de las casas hogar.

Los 10 millones de pesos provenientes de la Tesorería se depositaron en esa cuenta el 17 de septiembre de 2012, y el 4 de octubre de ese mismo año se realizaron cuatro movimientos de envío y regreso de dinero.

La Fiscalía detalló que, según informes periciales y estados de cuenta, la Sefiplan utilizaba una tercera cuenta bancaria de BBVA, donde se enviaban recursos federales de forma ilícita, pues la mayoría de ese dinero tenía otros fines originalmente.

En este caso, a dicha cuenta se enviaron los cinco millones de pesos que no fueron ejercidos para el Fondo acordado con la Secretaría de Salud federal, y que tampoco fueron regresados a la Tesorería. Esto fue denunciado ante el Ministerio Público por un exfuncionario de la SSA el 13 de diciembre de 2016.

A través de una entrevista con Antonio Tarek Abdalá Saad, exfuncionario de la Tesorería de Veracruz y la Sefiplan de aquella entidad —y que ahora es testigo colaborador de la Fiscalía—, se denunció que dicha práctica era una constante en el gobierno de Duarte: desviar fondos federales destinados a programas sociales para utilizarlos para gastos corrientes estatales.

Las acusaciones fueron refutadas por el exgobernador y su defensa legal, acusando que la FGR no tiene ninguna prueba contundente que vincule a Duarte con este esquema de desvío de recursos, y solo utilizan como prueba una publicación en la gaceta de la entidad. Asimismo, denunció que lo dicho por Abdalá Saad no tiene ningún sustento probatorio.

La defensa del imputado pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que la vinculación a proceso penal del exgobernador por este caso se definirá el próximo 17 de febrero.

Mientras tanto, se complica la salida de Duarte de prisión tras llevar nueve años preso, luego de haberse declarado culpable y casi compurgar su condena por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

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