
La propuesta no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para que fuera modificada
Alfredo Maza | OEM-Informex
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó modificar la pregunta para la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, por lo que ésta se realizará conforme a lo establecido por el Congreso de la Unión.
Esto debido a que el proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo, que pretendía acortar pregunta de la consulta para darle claridad eliminando la parte que dice “o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo“, no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para modificarla, pues solo votaron a su favor siete ministras y ministros.
Arturo Zaldívar, presidente del Máximo Tribunal del país, fue uno de los juzgadores que votó en contra de modificar la pregunta debido a que el proyecto parte de “premisas equivocadas y de una interpretación errónea de los preceptos impugnados”.
“A mí me parece que la pregunta es constitucionalmente válida, lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que nosotros podríamos construir o desprender de la Constitución, pero además que clarifica de mejor manera cuáles son las opciones de la ciudadanía”, señaló.
Con esta determinación la pregunta continuará siendo: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.
Ahora la Corte continúa en la discusión sobre otros aspectos de la revocación de mandato como anular la porción que permite la participación de los partidos políticos para promover la revocación y para designar representantes ante las mesas directivas de casilla el día de la consulta.
Además, resolverán si el Congreso incurrió en omisiones legislativas por no reglamentar correctamente el sistema de medios de impugnación y el régimen de sanciones para este tipo de consultas, como propone Pardo.
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