Redacción El Piñero | Corresponsalía
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no atraer los amparos relacionados con el caso de la saxofonista y activista María Elena Ríos desató una ola de indignación entre colectivos feministas y defensores de derechos humanos, quienes acusaron que el sistema judicial continúa favoreciendo al poder político y económico.
Con cinco votos en contra, el máximo tribunal del país rechazó revisar los recursos promovidos dentro del proceso penal contra el exdiputado priista y empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual del ataque con ácido cometido en 2019 contra la joven oaxaqueña.
Tras conocerse la resolución, María Elena Ríos publicó en redes sociales un contundente mensaje:
“Hoy no perdió Malena, perdió el sistema de justicia en México”, expresó la sobreviviente del intento de feminicidio.
La activista lamentó que, después de casi siete años de lucha legal, el caso vuelva a quedar en manos de tribunales locales en Oaxaca, estado donde —afirmó— ha enfrentado corrupción, dilación judicial y protección al agresor.
Ríos también denunció que Vera Carrizal ha utilizado sus influencias políticas y económicas para obtener beneficios judiciales y permanecer fuera de prisión bajo argumentos médicos. Según señaló, desde diciembre de 2024 permanece en un hospital privado sin supervisión imparcial sobre su estado de salud.
El caso de María Elena Ríos se convirtió en uno de los símbolos nacionales de la violencia ácida contra mujeres y de la exigencia de justicia con perspectiva de género. La saxofonista ha impulsado públicamente la llamada “Ley Malena”, iniciativa que busca reconocer los ataques con ácido como tentativa de feminicidio y endurecer las sanciones contra los responsables.
Durante su posicionamiento, Ríos recordó que las secuelas físicas y emocionales que dejó el ataque son permanentes y criticó que, pese al tiempo transcurrido, aún no exista una sentencia firme contra los responsables.
La Fiscalía General de la República había solicitado que la SCJN atrajera el asunto para analizar posibles irregularidades en las decisiones judiciales previas; sin embargo, la petición fue desechada por mayoría.
La resolución provocó reacciones de organizaciones feministas, activistas y usuarios en redes sociales, quienes acusaron que el fallo representa un retroceso en el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia extrema.
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