Luis Darío Ángeles González

En México, la eficacia para sancionar conductas administrativas irregulares es muy baja: de cada cien casos conocidos, sólo ocho son sancionados efectivamente. La Secretaría de la Función Pública (SFP) sólo sanciona en promedio 13.40% de las quejas o denuncias que recibe, lo cual implica una impunidad en la Administración Pública Federal de 86.6%. Además, si consideramos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula 41.8% de las sanciones de la SFP, la impunidad pasa de 86.6% a 92.2%.

Para combatir la corrupción, en 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que tiene como objetivo reducir la impunidad en la administración pública. La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), una de las leyes secundarias del SNA, establece un nuevo marco legal para la persecución y sanción de faltas administrativas, reemplazando al sistema de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).

En esta investigación, el maestro Darío Ángeles analiza los retos que enfrenta el SNA para el combate de la impunidad administrativa y propone herramientas para abordarlos. En el combate a la impunidad, es esencial que la prevención y la persecución sean labores coordinadas, así como facilitar y fomentar la denuncia ciudadana.

 Descarga la investigación completa

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Publicación original en:

http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=61&t=responsabilidades-administrativas-en-el-sistema-nacional-anticorrupcion

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