La nueva Presidenta cuenta con instrumentos más amplios y poderosos que los del ex presidente López Obrador
Por José Reyes Doria | @jos_redo
Gobernar con mucho poder político no siempre es más fácil que hacerlo con poco. Cuando se alcanza un grado de predominio tan alto en el sistema político, como el que tienen Morena y aliados en la actual coyuntura, se incrementa sustancialmente la responsabilidad de tomar decisiones cruciales por sí solos. Este nivel de poder les permite definir y repartir el Presupuesto, manejar la política exterior, la estrategia de seguridad, la inteligencia nacional, la política económica y la política social, la educación, la salud y todos los rubros de la gestión pública.
Con la mayoría calificada en el Congreso, el grupo gobernante es prácticamente inatacable en los terrenos legales, administrativos, en la fiscalización, en la transparencia, en lo referente a la calidad y la eficacia de la administración pública, dado que los organismos, mecanismos o controles establecidos difícilmente pueden resistir un poder y una influencia tan dominantes. De hecho, algunos organismos están en proceso de ser suprimidos o reformados sustancialmente, en una tendencia de reformas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que apunta a una simplificación y concentración de numerosas funciones reguladoras en el Ejecutivo Federal.
El panorama anterior da una idea de la enorme capacidad de decisión del grupo gobernante al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. La nueva Presidenta cuenta con instrumentos más amplios y poderosos que los del ex presidente López Obrador. En este contexto, el momento político se caracteriza por una intensa redefinición de los liderazgos del grupo gobernante, que en buena medida se expresa en una disputa intensa por el poder entre dos grandes bandos: por un lado, los grupos asociados marcadamente al ex Presidente, y por otro las facciones que están alineándose con creciente intensidad a la Presidenta Claudia.
Estas dinámicas de recomposición política son propias de los cambios de gobierno, aunque en esta ocasión es un proceso más visible, porque el Presidente saliente es sumamente poderoso y popular, es el líder máximo del partido-movimiento que ha ganado las posiciones que sustentan el fuerte dominio político del oficialismo. Se han observado diversos aspectos de esta peculiar transición de poderes, como el tema de la composición del gabinete presidencial, donde AMLO colocó al menos la mitad los titulares, incluyendo las áreas de Gobernación, Hacienda y Bienestar. Es decir, en el gabinete de la nueva Presidenta, los encargados de la política interior, de la política económica y de la política social, lo que es la columna vertebral de todo gobierno, no los decidió la nueva mandataria, o al menos no del todo.
A lo anterior, habría que agregar que el ex Presidente estableció, en el último tramo de su mandato, una agenda de reformas constitucionales y acciones administrativas de gran calado, en materias cruciales como la reforma al Poder Judicial, la Guardia Nacional, la supresión de órganos autónomos, entre otras. La aprobación e implementación de todo esto tendrán un efecto determinante en el sexenio de Claudia. En la interpretación de esta dinámica inédita de transición sexenal, hay que considerar que difícilmente podrían haberse procesado de otra manera estas decisiones, porque ello habría puesto en riesgo los equilibrios y los pactos que dan cohesión al grupo gobernante.
Pero la responsabilidad formal absoluta de la conducción del país es de la presidenta Claudia. La reforma judicial se aprobó días antes de que tomara posesión del cargo, pero la implementación de los aspectos más complicados y criticados necesariamente va a requerir de crecientes dosis de energía, capital político, tiempo y recursos. Cada fase de ejecución de la reforma judicial, sobre todo la relativa a la elección de jueces, magistrados y ministros, está significando una batalla mediática y política que tiene que librar la Presidenta, en una espiral de conflicto que ya involucra a inversionistas nacionales y extranjeros, socios comerciales de Norteamérica, trabajadores, académicos, estudiantes, y demás actores.
En el primer mes de su sexenio, la Presidenta está gastando una buena cantidad de poder político legítimo en la implementación de una reforma judicial que, en un ejercicio de imaginación y prospectiva, podría haberse realizado en otro momento de su administración, después de haber establecido las bases y ejes de su propio programa de gobierno en torno a problemas nacionales apremiantes.
En este sentido, no habría que descartar que, en un momento dado, el gobierno de Sheinbaum reduzca la atención que concentra en la implementación y en el debate de la reforma judicial, con la finalidad de enfocarse en temas de seguridad y política económica y social. Entre las posibilidades de esto, no parecería que se contemple una pausa, porque los diversos grupos del oficialismo, sobre todo los ligados a AMLO, la rechazarían tajantemente; pero puede considerarse un ritmo menos intenso en las formas y, sobre todo, una planificación adecuada de la elección de jueces y magistrados locales.
En todo caso, en términos de la realpolitik, hay que reiterar que el oficialismo ya tiene mayoría calificada en el Congreso, lo que algunas doctrinas denominan mayoría constitucional. Adicionalmente, este año está programado el relevo de otro ministro de la Corte, y la Presidenta puede nombrar a una ministra o ministro afín, con lo cual ya tendría al menos cuatro integrantes amigos, con los cuales puede frenar todas las resoluciones de inconstitucionalidad que promueva el Máximo Tribunal. En otras palabras: con el enorme posicionamiento político del oficialismo, ya se pueden generar condiciones para asegurar que la Corte no frene decisiones cruciales del gobierno; entonces, con la reforma judicial el grupo gobernante no gana prácticamente nada en este sentido, y sí pierde mucho capital político.
Capital político que es necesario invertir en problemas como la violencia criminal, donde el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un desafío mayúsculo. Debe ofrecer estrategias y acciones efectivas. Sí, tiene que perseverar en el enfoque humanista-pacifista de atacar las causas sociales, pero entendiendo que esa línea de acción tendría resultados visibles en el mediano y largo plazos. Por lo tanto, es necesario también atacar las causas y efectos inmediatos de la violencia criminal, lo cual indispensablemente implica el uso de monopolio legítimo de la fuerza para perseguir y castigar a las organizaciones criminales en beneficio de las amplias franjas sociales que padecen hoy esa violencia.
La estrategia de no perseguir, de no castigar, de no capturar, inevitablemente genera una expansión de los diversos grupos del crimen organizado, incluyendo batallas violentísimas entre éstos, que generaron casi 200 mil homicidios dolosos en el sexenio de AMLO. Además, proliferan los grupos minúsculos de delincuentes que encuentran en esa estrategia un incentivo para incurrir en actos delictivos. Decimos que es un fuerte desafío para Claudia, porque, retomando el tema de los equilibrios de poder dentro del oficialismo, cambiar algunos ejes de la estrategia de seguridad de AMLO podría generar reacciones intensas al interior. Pero existe un fuerte reclamo que proviene de diversos sectores sociales, empresariales, comunitarios, y de Estados Unidos, que esperan una respuesta propia y efectiva de la Presidenta.
De hecho, en estos 24 días de gobierno de Claudia, hemos observado una especie de bautizo de fuego: un alcalde de una capital de estado fue decapitado; la guerra desatada en Sinaloa entre los dos carteles originarios; violencia creciente y asesinatos de alto impacto en Chiapas; la barbarie de Guanajuato y los coches bomba del día de hoy, y un largo etcétera. Puede interpretarse esto, como que están calando a la nueva Presidenta, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional y a la opinión pública.
Y precisamente, esta problemática requiere gran parte de la atención, de los recursos, de la retórica, de la inteligencia y del tiempo del gobierno de Sheinbaum. Por eso decimos que es probable que la gran porción de capital político que está destinando a la implementación de la reforma judicial, tendrá que reorientarse tarde o temprano a estos temas candentes que pueden marcar el derrotero de su gobierno.
Lo mismo puede decirse del tratamiento de las finanzas públicas, donde es indispensable que la Presidenta demuestre que los programas sociales masivos, a los cuales se suman los que se están aprobando con el paquete de reformas constitucionales, tienen una base presupuestal sostenible, convencer que no es necesario recurrir a los niveles de deuda que se generaron en este Ejercicio 2024 para financiar esos programas. Pero a la vez, revertir la tendencia del sexenio anterior de reducciones del presupuesto a rubros cruciales como la salud, la educación, la seguridad, el campo, el desarrollo de los pueblos indígenas.
Es decir, que no se va a quitar presupuesto de estos ramos para solventar los programas sociales, porque se seguirá reproduciendo el fenómeno de que, por un lado, el gobierno apoya a las familias con efectivo, pero por otro lado esas familias lo tienen que gastar en consultorios particulares, medicinas, cuidados de los hijos o colegiaturas. Todo esto, sin que aflore la necesidad de una profunda reforma fiscal redistributiva, que Claudia ha dicho que no es necesaria, pero ante estos desafíos tal vez debe reconsiderar su idea y, siguiendo los principios de la izquierda contemporánea, explorar la conveniencia de esa gran reforma fiscal.
En fin, este conjunto de problemas, realidades y reclamos, ejercerán en estos meses una influencia determinante en la orientación que la Presidenta y su círculo cercano le darán al enorme poder político que tienen. La realidad y las dinámicas del poder, determinarán cómo se configura, se consolida o se esfuma la hegemonía del obradorismo-morenismo-claudismo. Estaremos todos atentos.
