¿Recuerdas el operativo Rápido y Furioso? Del anuncio de la AFT a las órdenes de captura (nota de Rodrigo Carmona en OEM-Informex)

Fotos: Cuartoscuro

El conflicto por el fallido operativo inició tras el asesinato del agente fronterizo estadounidense Brian Terry

Rodrigo Carmona | OEM-Informex

El pasado domingo la Fiscalía General de la República (FGR) libró órdenes de aprehensión en contra de siete personas por su presunta participación en el ingreso de armas de fuego al territorio mexicano, desde Estados Unidos, ello dentro del periodo de 2009 a 2011.

De acuerdo con la Fiscalía, lo anterior tiene relación con el fallido operativo ‘Rápido y Furioso’ originado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), organismo que permitió que más de 2 mil armas de fuego fueran compradas y transportadas ilegalmente a México para ser vendidas, supuestamente, por el crímen organizado.

Dentro del listado de personas que dio a conocer la Fiscalía, se encuentran Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón; Luis Cárdenas Palomino, colaborador cercano de Luna; y Joaquín El Chapo Guzmán, cabeza del Cártel de Sinaloa.

Los tres involucrados, mencionados anteriormente, actualmente cumplen una sentencia correspondiente; Guzmán Loera se encuentra preso en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos; Genero García Luna está preso en Estados Unidos; mientras que a Luis Cárdenas Plomino está en formal prisión en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

El seguimiento de este caso, denominado ‘Ràpido y Furioso’, data desde 2006 cuando el Gobierno Estadounidense intentó mitigar el tráfico de armas de fuego en México a través de su operativo del mismo nombre.

¿Cómo ocurre el caso Rápido y Furioso y en qué va?

Para el año 2009 la AFT, en su intento por reducir el tráfico ilegal de armas, implementó el operativo Rápido y Furioso, lo que le permitió introducir al país más de 2 mil 500 armas de fuego con un chip instalado que tenía la intención de rastrear a los grupos criminales, pues tales armas serían puestas a su disposición.

Tales armas cayeron en manos del crímen organizado en México, lo que provocó que se expusiera la vulnerabilidad del país en cuanto a la distribución de armamento y sus consecuencias.

De este punto en 2006, al mes de diciembre de 2010 fue cuando la controversia del operativo estalló, pues dos rifles de asalto que formaban parte del paquete de armas autorizado por la AFT, fueron utilizados para asesinar al agente fronterizo Brian Terry.

Posteriormente, el 15 de febrero de 2011, en la carretera de San Luis Potosí en dirección a la ciudad de Monterrey, fue hallado el cuerpo del agente stadounidense Jaime Zapata de la Oficina de Inmigración y Aduanas.

La investigación en torno al asesinato de Zapata arrojó información requerida para comprobar que había muerto por un arma que formaba parte del opertativo ‘Rápido y Fuerioso’.

Ante tal acontecimiento, el exfuncionario del Departamento de Justicia de EU, informó a investigadores legislativos que la ATF había permitido el ingreso a México de armas que se adquirieron ilícitamente en el operativo; tal señalamiento formaba parte de una polémica táctica llamada “dejar que caminen las armas”.

Al respecto, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional de México, Alejandro Poiré confirmó que el operativo ‘Rápido y Furioso’, tenía la finalidad de combatir al narcotráfico, por lo que descalificó los asesinatos mencionados y aseguró su investigación

Para octubre de 2011, el Comité de Supervisión emitió un citatorio al procurador estadounidense, Eric Holder con la intención de que recibiera documentos relacionados con la controvertida operación.

En noviembre de ese mismo año, Holder aseguró que al entregarse los documentos se tendría que revelar una serie de informes relacionados con el operativo, los cuales supuestamente afectarían a la seguridad de Estados Unidos.

Posteriormente Eic Holder reconoció que el operativo resultó defectuoso en su concepción y ejecución.

Por su parte, la entonces procuradora General de la República en México, Marisela Morales Ibáñez, afirmó que el operativo Rápido y Furioso, se investigará hasta las últimas consecuencias y, en caso de existir responsables, se aplicaría todo el peso de la ley.

2012

Para el 30 de enero del año 2012, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, reconoció que se cometieron graves errores en la ejecución del operativo, por lo que comprendió evitar su operación.

Posteriormente Eric Holder compareció ante el Comité Judicial del Senado, donde ofreció reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner y el titular del Comité de Supervisión, Darrel Issa, en busca de un arreglo que evitara el proceso de desacato que se tenía previsto.

Al realizar su comparecencia, Darrel Issa inició el procedimiento de desacato en contra de Eric Holder por el supuesto rechazo a cooperar en la investigación del operativo. Ante ello, Holder debía entregar toda la información relacionada con el operativo ‘Rápido y Furioso’.

No obstante, tal acción del fiscal Holder no pudo realizarse.

Para junio de 2012 el expresidente Barack Obama utilizó por primera vez en su mandato el llamado “privilegio ejecutivo”, con el que impidió que Holder entregara la serie de documentos correspondientes a Rápido y Furioso ante la Cámara de Representantes, controlada en ese año por los republicanos.

2016

Cuatro años pasaron para que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia calificara al operativo como irresponsable al señalar que “los fiscales federales fracasaron en no considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de ambas naciones”.

Además señaló que continuaban apareciendo armas vinculadas con el operativo Rápido Furioso en decomisos que realizó el Gobierno de México en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí .

Años después del señalamiento del Inspector General, el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno de transformación plantea que Estados Unidos tenga el control total de la salida de armas.

Mientras que la Fiscalía General de la República libró órdenes de aprehensión en contra de García Luna, Cárdenas Palomino y “El Chapo”, debido a su supuesta relación con el operativo.

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