¿Realmente quieren resolver la inseguridad Claudia, Xóchitl, AMLO? Demagogia y realpolitik. Autor: José Reyes Doria

José Reyes Doria | @jos_redo

La inseguridad derivada de la violencia criminal ha escalado a niveles asfixiantes en las últimas décadas. En lo que va del siglo XXI, la delincuencia organizada intensificó las agresiones contra la población civil: es decir, la violencia dejó de ser esencialmente entre carteles del narcotráfico, y cada vez se ensaña más con los civiles. Las causas de este fenómeno son multifactoriales y serían objeto de otra columna. La violencia del narco de los años noventas, a veces espectacular con los enfrentamientos de Chapos contra Arellanos en aeropuertos, discotecas, bodas y ciudades acotadas, alborotaba a la opinión pública, pero en general la gente no sentía cercana una agresión de los narcos.

Ahora, existen bandas criminales que se escindieron de esos carteles y que ni siquiera se dedican al narcotráfico, y que han sembrado el terror directamente en muchas zonas del país con la extorsión, el secuestro, el robo, el despojo, el asesinato, la trata de personas, la piratería y demás modalidades de agresión contra la población. Prácticamente todos los estados de la República han padecido periodos de ocupación y terror por parte de la delincuencia organizada, con reiteradas historias de barbarie y saña. Desde Chiapas hasta Baja California, ninguna entidad federativa, unas más otras menos, se ha librado de sufrir el agobio de la inseguridad exacerbada. Aunque habría que apuntar que una excepción ha sido, relativamente al menos, la Ciudad de México. Igualmente, destacar que estados como Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas o Morelos, prácticamente han sido presa de la inseguridad si tregua en el último cuarto de siglo.

El sufrimiento, la muerte, los estragos emocionales y económicos de millones de personas víctimas de la violencia criminal, constituyen una verdadera tragedia en el México de nuestros días. Los políticos y gobernantes, sin importar el partido al que pertenezcan, se apresuran a decir que eso no ocurre en todo el país; y es cierto, porque los focos de intensidad y barbarie de la violencia criminal se concentra un tiempo en Nuevo León, después en Veracruz; a veces en Zacatecas y después en el Estado de México, y así sucesivamente. Pero las cifras son elocuentes en lo que va del siglo XXI, con promedios anuales de 20 mil asesinatos, cientos de miles de extorsiones y robos, decenas de miles de secuestros y desaparecidos, innumerables víctimas de trata de personas, levantones, despojos, etcétera. Sin olvidar masacres memorables que nos recuerdan que el Estado es sumamente débil para enfrentar el desafío de la inseguridad.

Ante esta situación, surge la siguiente pregunta: ¿los gobernantes y políticos realmente quieren resolver este problema colosal? Mi respuesta es que sí quieren hacerlo. Más nos vale que tengan la intención de encontrar soluciones efectivas e integrales al problema de la inseguridad, la violencia criminal y el inmenso costo humano que genera.

Pero cuando están el poder, cuando gobiernan, los dirigentes políticos del Estado se dan cuenta de las dimensiones gigantescas que tiene el fenómeno de la violencia criminal y la inseguridad. Saben que se requieren inmensos recursos económicos, presupuestales y políticos para enfrentar seriamente el problema. Diversos análisis y estudios han concluido que se necesita destinar billones de pesos para duplicar o triplicar el número de policías, depurarlos, capacitarlos y pagarles bien para estimular su lealtad; para profesionalizar en todos los sentidos y multiplicar el número de ministerios públicos, peritos, la investigación, las fiscalías; para elevar sustancialmente el número de juzgados, de jueces y tribunales, a la vez de protegerlos y estimularlos para cumplir con su misión de impartir justicia.

Entonces, al darse cuenta que se requiere una inversión de billones y billones de pesos del presupuesto, así como una colosal tarea de coordinación, planificación de largo plazo y ejecución sistemática, los gobernantes y políticos deciden no entrarle la solución de fondo del problema de la inseguridad y la violencia criminal. Es así que, como hemos visto en los últimos 25 años, los dirigentes del Estado optan por estrategias limitadísimas para enfrentar la responsabilidad constitucional y moral de proporcionar seguridad a las personas, de salvaguardar su vida, su integridad y su patrimonio.

Porque, si destinan los recursos necesarios a combatir de fondo la inseguridad y la violencia criminal, entonces los dirigentes del Estado no tendrían presupuesto suficiente para sus grandes obras, para sus grandes reformas, para mantener la adhesión de las grandes burocracias, de las organizaciones sindicales, sociales y empresariales. Para qué destinar billones de pesos a garantizar la seguridad de la población, si la solución integral sería de largo plazo, si los frutos no se cosecharán en un sexenio ni en dos. La dinámica de la política, la ambición de gloria y de poder, a veces el deseo de pasar a la historia, hace que los gobernantes privilegien más el relumbrón que políticas de largo plazo para garantizar seguridad, salud o educación a los mexicanos.

Por eso, muchas veces se ha incurrido en la simulación o la superficialidad al lanzar estrategias para combatir a la delincuencia criminal; repetidas ocasiones vemos que los gobernantes plantean estrategias absurdas, confusas o contraproducentes. Desde inventarse una guerra contra el narco, hasta proponer que se elijan los jueces por voto popular; desde cerrar los ojos hasta ofrecer abrazos, desde armar grupos paramilitares, hasta militarizar las funciones de seguridad pública. Pero sin invertir, ni de lejos, lo necesario para sentar las bases de una transformación estructural en materia de seguridad. Al contrario, si revisamos los presupuestos, podemos observar que, del año 2000 a 2024, los recursos destinados al rubro de seguridad han bajado año con año en términos reales.

En resumen, los gobernantes, los dirigentes del Estado, la clase política, sí quisieran resolver de fondo el problema de la inseguridad, pero no han estado dispuestos a invertir los recursos económicos, políticos e institucionales necesarios. Por lo tanto, han optado por dejar pasar el reto de la delincuencia criminal, un desafío que se expresa en dos vertientes de la máxima relevancia estratégica: a) en términos de la soberanía y legitimidad del Estado; y b) la obligación fundacional del Estado de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las personas.

En la primera vertiente, los dirigentes del Estado no han querido o podido restaurar la autoridad del Estado en toda la República. La delincuencia organizada domina varios territorios y regiones, ahí son la autoridad única, asumen funciones punitivas, fiscales, reguladoras, económicas, de fijación de precios y condiciones de mercado; además, desde luego, de que aplican violencia a la población, a veces con gran saña. En esos territorios, sean grandes o sean chicos, el Estado no es soberano, no posee el monopolio de la violencia física legítima que teorizaba Weber.

Con todo eso, los dirigentes del Estado no han podido o querido recuperar la autoridad y la soberanía en esos dominios criminales. Muchos funcionarios han señalado que el costo militar y político de intentar recuperar esos territorios sería inmenso, los riesgos serían incontrolables. Se necesitaría la movilización total de Divisiones del Ejército y de la Marina, dispuestas al combate militar, para recuperar ciertas regiones de Guerrero, de Chiapas, de Michoacán, de Sinaloa, de Morelos, etcétera. Y es verdad, el costo sería altísimo y los riesgos de derrota y desestabilización también serían elevados. Por eso, el mal menor es mantener la situación y aguantar las presiones de Estados Unidos y los clamores de las poblaciones de esos lugares.

La otra vertiente del desafío ya la hemos comentado: la obligación constitucional y moral del Estado de garantizar la integridad, la vida y el patrimonio de la población. Es la esencia de la existencia del Estado. Cuando se llega a niveles de gravedad, barbarie e impunidad como los que hemos visto en los últimos 25 años, se hace más patente la impotencia o la renuncia del Estado a asumir esta responsabilidad ontológica con políticas de fondo.

A esto hay que agregar que la sociedad mexicana ya parece haber perdido la capacidad de asombro y de indignación ante la violencia criminal, la incapacidad del Estado y la impunidad de los criminales. Lo vemos cuando hay algún asesinato o acto de barbarie criminal que rayan en el escándalo, donde las víctimas son varios jóvenes, mujeres, migrantes o niños: no pasa nada socialmente. Mientras en otros países de América Latina, no se diga de Europa o Estados Unidos, el asesinato de varios jóvenes o migrantes incendiaría las calles con protestas airadas, en México hace mucho tiempo que no se activan esos resortes.

Quiere decir esto que la renuncia de los dirigentes del Estado a enfrentar a fondo las dos vertientes del desafío criminal, no trae prácticamente ninguna consecuencia política para ellos. La superficialidad o la simulación no recibe la sanción de la gente, ni siquiera se traduce en votos de castigo para los partidos y candidatos de los gobernantes en turno. Casi siempre, la gente vota por los candidatos y partidos del gobierno que ha fracasado en su obligación de brindarles seguridad.

Por eso, porque no ha costo político-electoral, ni el presidente López Obrador (ni antes Peña Nieto, Calderón o Fox), ni las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez proponen soluciones estructurales para combatir la violencia criminal y garantizar la seguridad de las personas. Sus ofertas son más de la misma superficialidad, van de la retórica ambigua de combatir las causas o focalizar los abrazos, hasta la construcción de carcelotas, aumentar las penas de prisión, o militarizar la función civil de seguridad pública… pero no se comprometen a nada de fondo.

José Reyes DoriaPolitólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Maestro en Auditoría Gubernamental por la Facultad de Contaduría y Administración, ambas de la UNAM. Asesor parlamentario en diversos órganos de gobierno y comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Colaborador en portales informativos. Conferencista sobre temas legislativos y políticos. Consultor en materia de comunicación política, prospectiva y análisis de coyuntura. Contacto: reyes_doriajose@hotmail.com rdj082013@gmail.com

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