Ingenieros y personal de seguridad del proyecto Vizsla Silver fueron privados de la libertad; la Fiscalía abrió una carpeta por desaparición.
Anel Rangel | Quinto Poder
La incertidumbre se apoderó de Concordia, Sinaloa, desde que se confirmó la desaparición de 10 trabajadores vinculados a un proyecto minero. Lo que debía ser una jornada laboral común terminó en un secuestro múltiple que hoy mantiene en vilo a familias enteras. Han pasado varios días desde que ocurrieron los hechos y las autoridades siguen investigando el caso como desaparición cometida por particulares.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que el pasado 24 de enero la apoderada legal de la empresa Vizsla Silver Corp presentó la denuncia formal por la desaparición de diez de sus empleados, ocurrida un día antes en el municipio de Concordia. Tras ello, se abrió una carpeta de investigación y se activaron protocolos de búsqueda con apoyo de autoridades estatales y federales.
De acuerdo con la FGE, desde que se tuvo conocimiento del caso se estableció una coordinación interinstitucional que incluye a corporaciones de seguridad y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Como parte de estas acciones, el 27 de enero se llevó a cabo una diligencia de cateo en la zona, aunque la Fiscalía no ofreció detalles sobre los resultados obtenidos.
En tanto, la empresa Vizsla Silver Corp señaló que los hechos corresponden a un secuestro y afirmó que su prioridad es salvaguardar la integridad de las personas afectadas. Como medida preventiva, la minera anunció la suspensión temporal de algunas actividades en el sitio y en áreas aledañas, mientras continúan las investigaciones.
Los trabajadores secuestrados
Información difundida por el medio Río Doce reveló que las víctimas son ingenieros y proveedores de seguridad que se encontraban en el fraccionamiento La Clementina, en Concordia, cuando fueron privados de la libertad por un grupo armado.
Los ingenieros identificados son: José Ángel Hernández Vélez, de 38 años; Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 65; José Manuel Castañeda Hernández, de 35; Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 35; Antonio de la O Valdez, de 30; e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años.
Asimismo, los proveedores de seguridad desaparecidos son: José Antonio Jiménez Nevárez, de 32 años; Javier Emilio Valdez Valenzuela, de 40; Javier Guillermo Vargas Valle, de 40; y Miguel Tapia Rayón, de 40 años.
Siete de los trabajadores son originarios de Hermosillo, Sonora, donde sus familias viven momentos de profunda angustia y desesperación ante la falta de información oficial sobre su paradero.
Exigencias de las familias
Desde el 23 de enero, el tiempo parece haberse detenido para los familiares de los trabajadores. A través de redes sociales, esposas, hijos y hermanos han difundido fichas de búsqueda y mensajes para exigir apoyo de la ciudadanía y acciones contundentes de las autoridades.
Vanesa Figueroa, familiar de José Antonio Jiménez, lanzó un llamado público para compartir la información y no permitir que el caso quede en el olvido. “Queremos a nuestra familia de vuelta en casa”, escribió, en un mensaje que se ha replicado en distintas plataformas.
Otros familiares han insistido en que las víctimas no deben ser tratadas como números dentro de un expediente. “Son padres, hijos y hermanos”, subrayan en sus publicaciones, en las que también exigen transparencia y avances reales en la investigación.
El colectivo Madres Buscadoras de Sonora se sumó a la difusión del caso y puso a disposición el número telefónico 662 341 56 16 para recibir cualquier información que ayude a localizar a los trabajadores desaparecidos.
La Fiscalía de Sinaloa reiteró que la carpeta de investigación sigue abierta y que las labores de búsqueda continúan. Por su parte, la Fiscalía de Sonora informó que recibió una denuncia relacionada con uno de los trabajadores y que colaborará con las autoridades sinaloenses.
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