La iniciativa de la diputada de Morena, Grace Palomares, también busca que se castigue a quienes traten de disuadir a las víctimas para denunciar.
David Celestino | OEM-Informex
Servidores públicos que frenen denuncias por acoso sexual podrían ir a la cárcel. La diputada local morenista, Graciela Palomares, presentó una iniciativa para castigar con hasta tres años de prisión e inhabilitación a funcionarios que se nieguen a recibir una querella por delitos sexuales o disuadan a la víctima de no proceder.
La propuesta de reforma fue presentada en el Congreso de Puebla y busca reformar distintas disposiciones del Código Penal, entre ellas la Sección Sexta y la definición del delito de acoso sexual, para establecer que son conductas de naturaleza sexual que resulten “indeseables” para quien las recibe, o “lesiones su integridad”.
Palomares Ramírez propone de uno a tres años de prisión a las personas servidoras públicas, integrantes de instituciones de seguridad, de procuración o de administración de justicia que se nieguen injustificadamente a recibir una denuncia por acoso sexual.
La sanción también aplica si persuaden o intimidan a la víctima para que no continúe con su querella o la retire. Además de la pena corporal, establece una multa de 100 a 300 Unidades de Medida de Actualización (UMA), que va de los 11 mil 314 hasta los 33 mil 945 pesos.
En caso de ser responsables, los funcionarios también podrán ser destituidos e inhabilitados para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, durante un periodo de uno a tres años.
Endurecen penas por acoso sexual
La diputada Graciela “Grace” Palomares propuso aumentar las penas por acoso sexual y establecer que se comete este delito cuando hay conductas “verbales, físicas, por medios tecnológicos o de cualquier otra índole de connotación lasciva o sexual, que resulten indeseables para quien las recibe o lesionen su dignidad”
La pena actual de un mes a tres años de prisión aumentará hasta una mitad si ocurre de manera reiterada. También se podría añadir un castigo de seis mese a dos años si el culpable se aprovechó de circunstancias que pongan a la víctima en “desventaja”
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