- Se solicitará a la ASF realice una auditoría especial a Notimex de tres contratos.
CIUDAD DE MÉXICO. El PRD en la Cámara de Diputados presentará un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a investigar, auditar y en su caso sancionar el caso de los contratos millonarios que otorgó la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez a un reportero y 2 despachos de abogados.
La diputada Frida Esparza Márquez, lamentó la grave situación que se vive al interior de la Agencia de Noticias del Estado mexicano donde a la par del dispendio millonario en favor de supuestos amigos de su directora general, persisten los despidos masivos. Son 223 casos de periodistas, corresponsales, editores, redactores, fotógrafos y personal administrativo.
En el punto de acuerdo, se solicitará a la ASF realice una auditoría especial a Notimex de tres contratos, dos de ellos a despachos de abogados que tienen como encomienda informar verbalmente a los trabajadores que están despedidos y ofrecerles una liquidación menor al 50%.
El otro, se adjudicó a un reportero de Nuevo León, que solo ha ubicado en el hilo de Notimex una nota de 6 párrafos, firmada el 18 de octubre, en Culiacán por Hugo Gerardo Gutiérrez de León.
En este contrato que otorgó la Dirección General de Notimex su beneficiario ganará en tres meses de Servicios de Cobertura Periodística, 1 millón 730 mil 187 pesos, según la agencia para cubrir viáticos, transporte aéreo y terrestre de un equipo de periodistas y técnicos, que encabeza Hugo Gutiérrez en el país y en el extranjero.
Señala la legisladora zacatecana que esto equivale a 579 mil pesos mensuales, más de tres veces el salario mensual del Jefe del Ejecutivo que es de 161 mil pesos mensuales.
Y a la SFP, se le exhortará a investigar y sancionar los mismos contratos así como las denuncias existentes en el 2019 sobre prácticas y contratos ilícitos, nombramientos ilegales, operación de una estructura paralela de 122 personas contratadas a pesar de la supuesta austeridad, despidos no justificados de 223 periodistas y personal de base y confianza, incremento del pasivo laboral que puede causar daño patrimonial al Estado, entre otros.
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