Política feminista/ Reforma de pensiones: de lo deseable a lo posible. Autora: Aleida Hernández Cervantes

Imagen ilustrativa.

Entre el sistema de pensiones deseable y el sistema de pensiones posible hay un abismo. En México desde que seguimos la receta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los años noventa, de trasladar los fondos de pensiones administrados por el Estado a los bancos a través de administradoras privadas, nuestro país no ha hecho más que alejar el sueño de miles de trabajadores, de lograr una pensión para el retiro. El tema de las pensiones, no solo en nuestro país sino en todo el mundo es muy complejo de abordar, requiere tener en cuenta elementos técnicos, actuariales, jurídicos, demográficos, laborales, económicos pero también políticos. La revisión histórica de la evolución de los sistemas de pensiones, nos permite asegurar, que la decisión gubernamental sobre qué tipo de sistema de pensiones se adopta, al final, siempre será política porque depende hacia dónde quiere ese gobierno orientar sus políticas de protección social: a fortalecer el eje de rectoría del Estado en su administración y provisión o dejarlas a la aventura del mercado.

En México, la segunda opción fue la elegida por los gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón. Desde las reformas al llamado Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992, la gran reforma estructural que privatizó la administración de las pensiones en 1994/1995-1997 de la Ley del Seguro Social, hasta la reforma a la Ley del ISSSTE en 2007, por mencionar las más relevantes, la intención gubernamental se ha inclinado por hacer más difícil el destino final de una pensión para vivir un retiro digno. En ese sentido, la noticia que dio a conocer el gobierno federal actual, de reformar la Ley del Seguro Social la semana pasada, si bien no pretende transformar profundamente el sistema de pensiones en el país, sí da algunos giros importantes que le permitirían a más personas, alcanzar la tan deseada pensión para el retiro.

Pero vayamos por partes. Un sistema de pensiones es un esquema de protección social que le otorga a las personas la posibilidad de tener un ingreso regular al final de su trayectoria laboral, después de haber contribuido a través de aportes periódicos junto a las aportaciones de un empleador y del Estado. Pero no solo hay pensiones para el retiro que puede ser por vejez o por accidente o enfermedad, también las hay por orfandad, por viudez, entre otras. Hay sistemas de pensiones que están basados fundamentalmente en la relación laboral, es decir, las pensiones dependen directamente de que los empleos sean formales pues solo así se aporta periódicamente al sistema. Hay otros sistemas de pensiones que funcionan a través de impuestos generales. México tiene un sistema de pensiones basado en el empleo formal. He ahí un gran límite a la expansión de nuevos cotizantes que aspiren a una pensión, pues la informalidad en nuestro país ronda, según datos recientes del Inegi, en una tasa de desocupación del 56%, a eso tenemos que agregar la tasa de desocupación de 3.7% y la de subocupación de 7.5% sobre la población ocupada de todo el país. Este es uno de los grandes diques que tiene el sistema de pensiones en México: que está cimentado en el empleo formal frente al panorama de informalidad del trabajo que vivimos y que seguramente se profundizará con la crisis ocasionada por la pandemia.

La propuesta de reforma del gobierno federal, se concentra en tres elementos: 1) El aumento en las aportaciones para el retiro de 6.5% a 15% del salario. El incremento se llevaría a cabo de manera paulatina a lo largo de un periodo de 8 años, siendo la contribución patronal la que se incrementará de 5.15%, vigente en la actualidad, hasta 13.875%; 2) disminución de las semanas de cotización para obtener una pensión mínima garantizada, de 1250 semanas (si las traducimos a años más o menos son 25 años de trabajo formal) a 750 semanas (alrededor de 15 años de trabajo formal); y 3) incremento de la pensión garantizada de un promedio actual de 3,289 pesos (80% de un salario mínimo) a un valor promedio de 4,345 pesos, que se otorgará en función de la edad, las semanas cotizadas y el salario base de cotización, pudiendo llegar hasta el 220% del salario mínimo vigente actualmente. En términos generales, ese es el resumen de los ejes de la reforma de pensiones que propone el gobierno y que, como se puede observar no es una reforma de amplio espectro pero en algunos aspectos concretos, podría cambiarle la calidad de vida a muchas trabajadoras al final de su vida “productiva”. Es posible observar, que la propuesta de reforma se orienta en una dirección distinta a la que se había seguido en los gobiernos anteriores en materia de pensiones, pero por supuesto, no es suficiente. En momentos como los que vivimos, está claro que ni lo suficiente es suficiente.

Para ser una reforma estructural de amplio espectro, debería considerar en primer término, cómo ir desvinculando las pensiones del empleo formal, tal como lo tienen los países nórdicos que basan su sistema en impuestos generales. Pero no somos Suecia ni Nueva Zelanda, no nos confundamos. Para emular esos sistemas de pensiones, los pasos previos son muchos, entre ellos, nada más y nada menos que contar con el desarrollo de una economía sólida interna, pleno empleo y formal, así como una política fiscal en la que los que ganan más paguen más. Como allá.

En segundo término, para ser una reforma de amplio espectro, tendría que regresar la administración de los fondos de pensiones al Estado, por ejemplo, al Banco del Bienestar, en lugar de estar administradas por las Afores que son de administración privada, las cuales cobran comisiones muy altas por esa administración. Eso, en este momento, implicaría una negociación política y económica frente al sector empresarial que tiene, en el contexto de una crisis por pandemia, por decir lo menos, muy poco margen de realidad. Es absolutamente deseable, pero realmente intransitable. Me parece que las condiciones podrían darse en los próximos años, cuando la economía se recupere y se siga presionando y orillando al sector empresarial a ajustarse a la realidad del país, que es de una enorme desigualdad social.

Por eso vayamos al principio de realidad. Que se disminuya el requisito de las semanas de cotización a la mitad, de 1250 semanas a 750, no es menor. No es menor porque genera la posibilidad de que miles de trabajadores más, aspiren a una pensión mínima garantizada. Pensemos en los miles de trabajadores que no logran concluir las semanas de cotización antes de ser echados de su último trabajo formal. Tampoco es menor que aumente la cuantía de la pensión y las aportaciones de los empleadores y del Estado, porque puede generar mejores pensiones, es decir, que su monto alcance un poco más que para la canasta básica, básica.

Cuando esto se traduce en un impacto en la calidad de vida de las personas en lo concreto, me habla de una reforma con cualidades, limitadas, sí, pero con ciertas cualidades que no puedo desdeñar. Porque esa idea abstracta de la pensión se me revela en rostros concretos: la señora Rosario, trabajadora doméstica de 52 años de edad, que lleva trabajando en casas particulares alrededor de veinte años, que por razones de género (cuidar a sus tres hijos pequeños) interrumpió varios años de empleo formal (antes trabajó en supermercados, en tiendas de conveniencia, en el Globo, entre otros), y ahora que está dada de alta en el seguro social por uno de sus empleadores, podrá acceder a una pensión mínima garantizada, no en 25 años más, sino en 10, pues ya lleva 5 años cotizando de nuevo. Ella, es una mujer trabajadora que con esta reforma, puede perfectamente aspirar a retirarse con una pensión, a sus 62 o 63 años. Ha trabajado muchos más años, muchos más de los que exigirá esta reforma o la ley actual, por eso lo mínimo que debe recibir es un retiro que le garantice un ingreso en el siguiente periodo de su vida. Es justo. Y como ella, miles. Yo quisiera más, por supuesto, pero ella también quisiera algo concreto y no esperar a que este país vuelva a nacer para ser mejor.

hernandezcervantes.aleida@gmail.com
Aleida Hernández Cervantes
Investigadora del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
de la UNAM y profesora de la División de Estudios de Posgrado
de la Facultad de Derecho

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