Política feminista/ Por una política del cuidado: hacia un Pacto Social Violeta III/III. Autora: Aleida Hernández Cervantes

Foto: Xinhua

Para que un pacto social funcione, necesita de la voluntad política de una comunidad, pero también necesita traducir ese pacto social a clave jurídica. Esto implica pensar los derechos que tendrán las personas integrantes de esa comunidad y, al mismo tiempo, diseñar las rutas jurídicas y de organización para hacer efectivos los derechos. En la cultura occidental moderna, una Constitución Política expresa el pacto social que se da para sí una sociedad, en un momento determinado de su historia.

El último gran pacto social que nos dimos en México se expresó en la Constitución Política de 1917. Emanó de una revolución social, iniciada en 1910 y expresó la voluntad política de la sociedad mexicana de aquella época. La Constitución del 17 fue mundialmente conocida por ser la primera Constitución en el mundo que puso en el centro de la regulación a los derechos sociales: derecho a la educación, al trabajo, a la tierra y la seguridad social, entre otros. Con su reconocimiento constitucional se daba un paso más en la historia del derecho, que había estado centrado en los derechos individuales, pensados como su denominación lo indica, en torno al individuo. Con los derechos sociales se pensaba en colectividades, no sólo en individuos. No era cosa menor para el campo jurídico, que había estado acostumbrado a pensar el derecho y los derechos en su forma individual.

Pero enunciar los derechos no basta, por más que se haga desde una Constitución, que es la escala normativa más alta en una nación. Se necesitan instituciones que las hagan efectivas y mucha, mucha voluntad política en esa dirección, en la dirección de entender que los derechos se harán efectivos en la medida que la base material de la vida también lo garantice. La realización de los derechos de las personas pasa por una sustantiva mitigación de la desigualdad social. Estoy convencida que son un binomio inseparable que expresa, además, la calidad de una democracia.

En las dos entregas anteriores, formulé las bases de una idea que denomino Pacto Social Violeta, consistente en un nuevo paradigma político y de regulación jurídica postpandemia, que deriva de aprender de las lecciones que nos ha dejado este momento crítico de la historia de la humanidad que estamos viviendo. Y está pensado, desde una filosofía feminista.

El Pacto Social Violeta debe traducir la economía feminista y su concepto de sostenimiento de la vida, a normatividades de múltiples niveles escalares, a principios que orienten las decisiones judiciales e incluso, debe permear en la enseñanza del derecho. Coloca como valor fundamental, la interdependencia y la vulnerabilidad compartida de la comunidad política, es decir, se basa en una ética del cuidado social.

No debe olvidar bajo ninguna circunstancia todo lo que ha provocado desplazar del centro de su regulación a la Naturaleza, a lo valioso de la vida, a las personas, a los trabajos no visibilizados y no pagados, a las economías no capitalistas que se sostienen sobre todo, en el valor de uso, de intercambio y de relaciones interdependientes y, en alguna medida, también afectivas y corresponsables.

El Pacto Social Violeta debe diseñar institucionalmente el derecho de cuidar y ser cuidados como un principio y como un derecho, que oriente los marcos jurídicos y las decisiones judiciales, así como un derecho exigible y justiciable. Aquí es cuando la creatividad jurídica tendrá que volverse a desplegar como en otros momentos de la historia del derecho: la incorporación de los derechos sociales, los derechos colectivos, los derechos de la Naturaleza (en la Constitución de Ecuador), entre otros. La Constitución de la Ciudad de México ya tiene un avance en el reconocimiento del derecho al cuidado, en su artículo 9 apartado B dice que “toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado“.

Como se puede ver, avances en nuestro país en esa dirección, ya tenemos, solo necesitamos una voluntad política a nivel nacional para llevarlo a la Constitución y las leyes federales, así como pensarlo también en términos de principio orientador de decisiones jurisdiccionales para que surta efectos en lo concreto de la vida de las personas.

El nuevo sujeto/sujeta de derechos en el campo jurídico debe ser construido bajo la lógica de un sujeto interdependiente, no aislado e individualizado al máximo, sino constituido en una lógica de existencia en comunidad y de una vulnerabilidad compartida. Propongo pensar los derechos desde una filosofía radicada en la vulnerabilidad compartida de una comunidad.

Hasta este momento es la única forma seria y radicalmente responsable que encuentro para salir de estructuras jurídicas del despojo y, de dinámicas sociales del descuido en las que nos hemos sumido en los últimos tiempos, las mismas que han privatizado los servicios de salud, la educación y las pensiones; las que han permitido que los territorios de los pueblos y los recursos naturales sean explotados por empresas transnacionales; las mismas que han desregulado el trabajo. Esas que tienen a muchas vidas en la precariedad de la existencia, a decir de la filósofa Judith Butler. Al Estado y al Derecho le tienen que importar todas las vidas  por igual y lo puede demostrar dejando de regular para las cosas y regulando para la vida.

Transitar hacia un Pacto Social Violeta podría ser un camino a construir. Solo necesitamos de dos elementos nada menores: voluntad política de la comunidad y traducción jurídica de la voluntad.

@CerAleida

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