La ruta de los derechos de las mujeres en todo el mundo y en México, nunca ha sido fácil de transitar. Como no lo fueron tampoco las luchas del movimiento obrero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como tampoco fue fácil para los países colonizados en su búsqueda de la independencia frente a los países coloniales; no fue fácil, en ningún sentido, la lucha del movimiento por los derechos civiles y políticos de las poblaciones afrodescendientes, lo mismo ha ocurrido con los pueblos indígenas que han sido sistemáticamente invisibilizados antes y después de la consolidación de los estados-nación. No, no lo es ni esperemos que lo sea, por una razón muy poderosa: siempre que se objeta un sistema de opresión, las resistencias para que se mantenga se reproducirán de múltiples formas. Ese sistema se llama patriarcado y es milenario. Se trata de un sistema de relaciones sociales, políticas, culturales y económicas, en el que hay privilegios, discriminaciones, violencias y asimetrías que han puesto en desventaja a las mujeres. Siempre que una parte de la humanidad, que ha estado sometida lucha por sus derechos, habrá resistencias, reacciones inusitadas, es la clara manifestación de que un sistema de opresión se niega a morir.
Por eso, el movimiento feminista hoy tiene mayor potencia, creatividad y también furia; lucha contra esa historia de vejaciones, violencias, subordinaciones, de silenciamientos, de trabajo no pagado, de abusos, de desautorizaciones, de invisibilizaciones, porque ya no está dispuesto a volver sobre sus pasos.
En México, vivimos un momento importante para el movimiento feminista porque ocupa la plaza pública de forma contundente, sin miedo, posiciona sus reivindicaciones haciendo que todos estemos hablando de ello, obliga a aprender conceptos, a mirar realidades injustas y a buscar cambios radicales. En ese camino, la agenda de los derechos de las mujeres ocupa centralidad. Pero hablar de derechos, tiene varios niveles, el del reconocimiento por un lado, y el de su realización, por otro.
El avance jurídico ha sido lento, pero constante. Partimos de la hipótesis de que los derechos de las mujeres han tenido sus avances más significativos en México, cuando la movilización de las mujeres está más presente en la escena política.
El primer movimiento en el trayecto de los derechos de las mujeres en nuestro país, se observa en las reformas que materializan la ciudadanía de las mujeres. Este primer movimiento, fue impulsado por mujeres revolucionarias y posrevolucionarias. Con perfiles diversos como maestras, periodistas, intelectuales, políticas y organizadoras de sectores sociales. Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torres, Herlinda Galindo, Julia Nava, Elena Torres, María del Refugio García, María Teresa Sánchez, Estela Carrasco, son algunas de las muchas mujeres que a lo largo del país fundaron clubes intelectuales, consejos nacionales de mujeres y feministas, dirigieron revistas y periódicos, ligas feministas y socialistas que tenían como propósito organizarse, discutir e impulsar transformaciones sociales para ellas y toda la población. En particular, los derechos al voto de las mujeres y su participación plena en la política, las estrategias para su emancipación a través de la alfabetización, el control de la natalidad e incluso, la opción del amor libre, es decir, la posibilidad de elegir libremente al esposo que se quisiera sin imposiciones familiares o legales, de ahí el impulso que le dieron a la ley del divorcio.
El periodo del primer movimiento, comprende de principios del siglo XX al año 1953 cuando se logra la reforma al artículo 35 de la Constitución Federal, con la que se reconoce a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. Dos organizaciones de mujeres las impulsaron, en lo fundamental, en una primera etapa las mujeres reunidas en el Consejo Feminista Mexicano (1919-1925), y en los años treinta el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM). No obstante este impulso emanado de la organización de las mujeres para obtener el derecho a votar, en los años cuarenta y cincuenta muchas de sus impulsoras se unieron a los gobernantes en el poder para poder lograr la materialización de ese derecho.
El segundo movimiento, se generó a partir del impulso a las reformas jurídicas que tienen como propósito desmontar la falsa división entre la esfera pública y la esfera privada, atribuida la primera para los hombres y la segunda a las mujeres. Así, los asuntos considerados de “interés público”, desde la tradición liberal del derecho, son regulados por el derecho público, mientras los asuntos considerados íntimos y familiares, son regulados por el derecho privado adoptando forma de contratos entre particulares. Allí se ubica el matrimonio y todo lo que resultad de él, en tanto interpretaciones del orden social de género, el cuerpo, sexualidad, vida y, por lo tanto, destino de las mujeres.
Los derechos de las mujeres en torno a la autonomía de su cuerpo, su sexualidad y su vida, toman forma y reconocimiento en leyes, códigos civiles y penales, así como en la Constitución Política. La consigna del feminismo de “lo personal es político” fue tomando forma jurídica, poco a poco en nuestro país. Se trató de derechos que se vieron cristalizados en modificaciones a la regulación del matrimonio y el divorcio, el trabajo, la reproducción (o no, como el aborto) y la sexualidad. En el campo del derecho penal, las figuras jurídicas relacionadas directamente con una representación moral de las mujeres, sufren cambios importantes; en ese caso, retomamos reformas sobre figuras como el adulterio, estupro, acoso sexual, la violación, entre otros. Este periodo de reformas, tiene su auge en los años setenta y sigue presente de forma latente, hasta la fecha.
EL tercer movimiento de los derechos de las mujeres, concreta las leyes que deben garantizar que éstas vivan una vida libre de violencia y discriminación. El epicentro de las exigencias por garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, se dio en Ciudad Juárez en los años noventa, cuando el aumento de la extrema violencia contra las mujeres destrozaba sus vidas y las de sus familiares. Después de varios años de lo que acontecía en la capital de Chihuahua, los feminicidios se extendieron y aumentaron en todo el país en el contexto de lo que denominó, falazmente, el presidente Felipe Calderón como “guerra contra el narcotráfico”. A partir de las exigencias de acceso a la justicia para las mujeres, colectivos de madres de las víctimas, organizaciones de mujeres y académicas lograron, entre otras cosas, impulsar y concretar la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007. En la LGAMVLV se estipularon los tipos de violencia y sus distintas modalidades, así como el concepto de violencia feminicida, también se crea el mecanismo institucional denominado Alerta de Violencia de Género que tiene como propósito que las instituciones de una determinada entidad de la República, atiendan de forma urgente, violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, derivado del aumento de la violencia feminicida y los feminicidios.
Actualmente presenciamos un movimiento feminista fuerte ya no sólo de reconocimiento de los derechos, sino de su realización concreta, de su materialización, de poder ejercer plenamente esos derechos por los que se luchó antes. Las feministas estadunidenses radicales ya dijeron en los años setenta, que no sólo se necesitaban reformas legales sino un cambio cultural de fondo en el orden social de género. Estamos frente a ello. Por eso, considero que la ruta de los derechos de las mujeres en México está concentrando sus esfuerzos en impulsar un cambio cultural de fondo de todo el sistema, en ese sentido, la agenda de derechos de las mujeres se puede ubicar en, al menos, cuatro rubros:
1) Despenalización del aborto, maternidad libre.
Con el impulso a leyes que despenalicen el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y sus vidas, que implican a su vez, la elección de una maternidad libre. A pesar de las reformas en materia de derechos humanos que se han suscitado en México en los últimos años y de la firma de diversos instrumentos enfocados a garantizar los derechos de las mujeres, como la Convención Belém Do Pará o la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), únicamente dos entidades de la República Mexicana han excluido al aborto de sus códigos penales, Ciudad de México y Oaxaca. El último estado en hacerlo fue Oaxaca, que el 26 de septiembre de 2019 aprobó una reforma al Código Penal del Estado que despenaliza el aborto hasta las doce semanas.
La situación en el país para las mujeres que desean abortar es dispar pues, debido a que nos encontramos en un régimen federal, cada entidad tiene libertad configurativa para establecer las conductas punibles en su territorio. Es necesario revertir la tendencia en las entidades federativas que legislaron en sus constituciones para “proteger el derecho a la vida desde la concepción” (así sucedió en la última década en Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; y en Nuevo León).
2) Democratización de la vida familiar y laboral. Si se logra comprender que los temas de género no son temas exclusivos de mujeres, se dará un paso adelante. Este aspecto para una agenda feminista puede demostrarlo. Se requiere proponer un plan amplio de conciliación de la vida familiar y laboral, no para mujeres sino para hombres y mujeres. Las licencias de paternidad y maternidad son una vía para ello, pero no sólo, se necesita de un fuerte impulso en la cultura laboral para que las licencias de paternidad, por ejemplo, no queden solo en el papel. Todo ello contribuiría a consolidar la cultura de distribución igualitaria de tareas en el ámbito doméstico y de conciliación de la vida laboral y familiar tanto de mujeres como de hombres, con hincapié especial en flexibilizar las jornadas laborales varoniles para contrarrestar la cultura laboral que finca la idea de que los hombres pueden y están obligados a trabajar jornadas extenuantes en virtud de que las mujeres están al cuidado de l@s hij@s y de las familias.
3) Acceso a la justicia. En este rubro, el sistema de justicia mexicano está también en la lupa. Se requiere seguir profundizando la revisión de cómo deciden los tribunales y juzgados en materia de género, así como diseñar un plan serio para que las mujeres tengan acceso a la justicia sin discriminaciones ni exclusiones. Los jueces y quienes están en el sistema de procuración de justicia están obligados a incorporar perspectiva de género en sus actuaciones, en sus decisiones tal como lo señala el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género que elaboró la SCJN. Es importante incidir en el seguimiento de las decisiones de los jueces en esta materia, es una forma más en que la ciudadanía se empodera y obliga a que la procuración y administración de justicia rinda cuentas.
4) Atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Se requiere un plan integral de pacificación de la vida de las mujeres: no se erradicará la violencia de género si no se comprende que ésta tiene componentes estructurales que, como afirma Catherine MacKinnon no sólo se contrarrestan con reformas de las leyes: deben acompañarse de cambios culturales profundos en el sistema patriarcal. Aquí se requiere todo el gobierno, los legisladores y las sociedades completas, y pasa por un cambio de comprensión de todos estos temas, también por los hombres que se dedican a los asuntos públicos.
Desde la experiencia de haber participado en dos procesos de Alerta (una solicitud y una Declaratoria de AVGM en la Ciudad de México), considero que es conveniente al menos pensar en cuatro grandes elementos que las puedan hacer eficientes y más útiles para atender, de forma urgente, la violencia feminicida: 1) Realzar su carácter de mecanismo urgente. Es decir, delimitar lo que se considera urgente en la atención, prevención y sanción de la violencia feminicida, recordando que, para todo el desarrollo e implementación de políticas públicas permanentes, existe y se debe fortalecer el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Si hacemos recaer todo en los procesos de Alertas es que, algo o mucho, no está funcionando en el propio Sistema. Hay que darle potencia y recursos al Sistema Nacional y la posibilidad de que participen en las propuestas de acción y evaluación, la sociedad civil y la academia, tomando el aprendizaje que se ha tenido en las Alertas. 2) Integrar de forma más permanente y obligada a los poderes judicial y legislativo en los procesos de las Alertas, especialmente al poder judicial, sin perder el respeto a su autonomía.
En la agenda de los derechos de las mujeres en México hoy, hay mucho camino recorrido, pero también hay mucho por hacer. Ahora más que nunca en la dimensión de su ejercicio. Se ha puesto énfasis en su legislación, pero se han quedado atrás los mecanismos sociales, jurídicos y culturales que los hagan realidad. Allí tiene puesto los ojos el movimiento feminista actual. Y qué bueno.
