Tratándose del ejercicio de derechos, el presupuesto público debe ser intocable. En el largo camino de la existencia de un derecho, no basta con reconocerlo en una constitución política o en una ley, el Estado debe garantizar su goce pleno, es decir, que su ejercicio sea real para las personas. En ese sentido, hay derechos que no se logran ejercer plenamente si no hay presupuesto que genere las condiciones materiales para ello. De ahí la existencia del principio de progresividad en los derechos humanos, que prevé el gradual progreso en el cumplimiento de ciertos derechos a través de la toma de decisiones del poder público a corto, mediano y largo plazo. Esa toma de decisiones implica erogación de recursos públicos y construcción de instituciones que establezcan el diseño de programas y políticas públicas orientadas a hacer que los derechos sean realmente ejercidos. No todas las instituciones ni todos los recursos públicos tienen ese propósito. No es lo mismo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): la primera, tiene el propósito de promover y defender la competencia económica, la segunda fue creada para defender los derechos humanos de las personas frente a las arbitrariedades de las instituciones públicas. Cuando hago esta comparación es simplemente para dejar claro que recortar presupuesto a instituciones que se dedican a hacer posible el ejercicio de los derechos de las personas a diferencia de las instituciones orientadas para el mercado, tiene connotaciones y efectos sociales muy distintos. Mientras que unas forman parte del entramado institucional que le hace más fácil la vida al mercado, existen otras instituciones que fueron creadas para que se avance de forma progresiva, en el propósito de que las personas tengan una mejor calidad de vida.
Es ese uno de los criterios fundamentales que debe prevalecer desde los poderes públicos, como el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados, cuando de recortar presupuesto se trata.
Sin embargo, aún no se logra explicar con claridad por qué en materia de derechos de las mujeres se ha recortado el presupuesto. Dos son los rubros que se ha indicado recorte presupuestal, en los últimos días. Por un lado, se cancelaron más de 37 millones de pesos, que estaban destinados a las entidades federativas que tienen activado el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género. Estos recursos ya venían etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y representaban más de 32 por ciento de los 113 millones destinados a proyectos que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se otorgaban. Recordemos que la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia establece el mecanismo de activación de las alertas de violencia de género cuando en un territorio del país los feminicidios y la violencia feminicida ha aumentado y pone en riesgo la vida e integridad de las mujeres. Esos recursos públicos, permiten poner en operación políticas y programas de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres con el propósito de que puedan ejercer el derecho que les confiere la constitución, los tratados y convenciones internacionales y las leyes del país: vivir una vida libre de violencia. Este tema es muy delicado, porque el aumento de los feminicidios continúa. En el reporte mensual que hace el secretario de seguridad y protección ciudadana, Alfonso Durazo, se reconoció que los feminicidios aumentaron, junio ha sido el mes del año con más feminicidios, registrándose 99. De enero a junio en total van 489 feminicidios, mientras que los homicidios dolosos a mujeres asciende para el mismo periodo a 1,413. Es necesario precisar se puede presumir que muchos de los homicidios dolosos e incluso homicidios culposos a mujeres, muchas de las veces en realidad son feminicidios, esto es así debido a la mala integración de la investigación que hacen los ministerios públicos pues no ubican el delito cometido como feminicidio, algunas veces por el mal diseño del tipo penal, otras veces porque tienen una deficiente capacitación en perspectiva de género, así como la falta de sensibilización en el tema.
Si a todo ello agregamos la incidencia de otros delitos como el de violencia familiar cuya tendencia nacional de enero a mayo fue de 85,445 presuntos delitos cometidos; 6,612 de presuntos delitos de violación, por mencionar dos delitos más en los que la gran mayoría de las víctimas son mujeres, estamos ante un panorama grave de violencia contra las mujeres que les impide el ejercicio de sus derechos: a la vida y su integridad, atenta contra el libre desarrollo de su personalidad y al respeto a su proyecto de vida.
Por otro lado, también se dio a conocer que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) sufrirá un recorte de 75%, que afectará su funcionamiento. El Inmujeres es la institución medular encargada de diseñar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en todo el país. De nueva cuenta, estamos hablando de una institución orientada a hacer posible el ejercicio de derechos, en este caso, el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva. No son temas menores, no es trivial hablar de derechos, mucho menos cuando hablar de derechos te remite directamente a tu derecho a vivir, a que se respete tu vida, tu dignidad y que haya reparación integral del daño que se cometió en tu contra. Pero para ello se necesitan recursos públicos e instituciones eficaces.
Por eso no es un tema menor que se haya recortado presupuesto para atender las alertas de violencia de género y al Inmujeres pues, ¿con qué recursos podremos avanzar progresivamente para erradicar la cultura de violencia feminicida en contra de las mujeres y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres?
Las buenas intenciones gubernamentales no pueden estar hechas de afirmaciones sin respaldo. Las decisiones de gobierno son las que sustentan la voluntad, o la no voluntad de poner en el centro la vida de las mujeres. El secretario Alfonso Durazo dijo algo importante: tenemos que fortalecer nuestros esfuerzos y tomar conciencia sobre la necesidad de atenderlos –los delitos contra las mujeres– con una estrategia específica. Sí, en efecto, esa “estrategia específica” precisamente son los programas y políticas públicas en materia de género que desde hace muchos años se han estado construyendo. Y no por los conservadores, sino por las organizaciones de mujeres y por quienes han mostrado voluntad política para hacerlo. Que no han dado suficientes resultados, no, no los han dado. Pero no es a través de su desmantelamiento que vamos a lograr su eficacia, sino evaluando seriamente su alcance y mejorándolos. Debe quedar claro que en ciertos rubros, recortar presupuesto implica recortar derechos.
Se entiende que por la pandemia, el gobierno tenga la presión de ahorrar y orientar recursos para la atención de la salud y la economía nacional, sin embargo no lo puede hacer a costa de la vida de las mujeres. Las mujeres, ya no estamos para eso.
@CerAleida
