Los diputados locales de la Ciudad de México acusan al Poder Judicial de presionarlos y amenazarlos con destituirlos si no autorizan el cambio de uso de suelo de 4 mil 830 hectáreas del Bosque de Chapultepec, una medida sumada a diversos fallos judiciales que buscan entregar ese predio a una inmobiliaria que pretende construir edificios en una zona protegida.
Sugeyry Romina Gándara | SinEmbargo
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– Una disputa legal que lleva décadas sobre una parte del Bosque de Chapultepec, área natural protegida y pulmón de la capital, resurge este año con una presión directa del Poder Judicial al Congreso de la Ciudad de México.
La inmobiliaria Trepi, respaldada por varios fallos entre 2017 a 2020 de Juan Pablo Gómez Fierro –quien era entonces Juez de Distrito, cargo que ostentó hasta enero de 2024 para convertirse en magistrado, posición a la que renunció hoy– busca que le entreguen al menos 4 mil 830 hectáreas de la zona para convertidas en predios habitacionales, lo que sería un golpe para la preservación del bosque.
A pesar de una sentencia judicial de 2004 que ordena devolver estas tierras a la empresa, las autoridades de la Ciudad de México se han resistido a cumplirla durante 20 años en protección del área verde.
La situación se agravó este año cuando el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, emplazó al Congreso de la Ciudad de México a realizar el cambio de uso de suelo de área verde a habitacional, de acuerdo con lo que denuncian diputados locales capitalinos, quienes acusan al Poder Judicial de presionarlos e incluso amenazarlos con destituciones si no autorizan el cambio de uso de suelo, lo que permitiría la entrega de esa extensión del bosque para la construcción de desarrollos inmobiliarios.
“En nuestro sistema político, el Congreso, los legisladores son inviolables en sus opiniones, así viene tanto en la Constitución federal como la Constitución de la ciudad y que ahora un juez nos diga a 66 diputados cómo votar es, cuando menos, abusivo”, expresó en entrevista con SinEmbargo, el diputado local por Coyoacán, Paulo Emilio García González.
Todo comenzó desde hace 32 años, cuando en 1992 el Gobierno del entonces Distrito Federal, que en ese momento era gobernado por Manuel Camacho Solís, expropió hectáreas de la zona limítrofe del Bosque de Chapultepec para declararlas suelo de conservación y de valor ambiental. Entre ellas se encontraban los predios ubicados en Montes Apalaches 525 y Montes Auvernia 745.
La disputa dio inicio cuando la empresa inmobiliaria Trepi, propiedad de José Manuel Berumen Bautista y representada por Moisés Shehoah Chiver, interpuso un recurso de reversión para reclamar la restitución de una expropiación realizada sobre un predio de casi 5 mil hectáreas, dentro del bosque, el ubicado en Montes Apalaches 525 . Sin embargo, aunque el gobierno del entonces Distrito Federal rechazó el recurso, la inmobiliaria llevó el caso a los tribunales y, en el 2004, el Poder Judicial emitió una resolución a favor de la empresa, ordenando la devolución de parte del terreno.
“Son 20 años desde esa primera sentencia y no se ha llevado a cabo porque es una aberración; es entregarle un cacho de bosque a un particular para que que construya una serie de edificios.Ninguna autoridad administrativa se ha querido aventar el tiro de entregar ese pedazo de bosque, sin embargo pues la estrategia de Trepi ha sido avanzar en las instancias judiciales para que pueda, a través de este tipo de amparos y otros recursos, presionar a la autoridad administrativa para que haga esa entrega”, explicó en entrevista con SinEmbargo, el diputado local por la Ciudad de México Paulo.
Pero en toda esta trama destaca una figura que ha jugado un papel en apoyo a la empresa particular: Juan Pablo Gómez Fierro, quien hasta este 16 de octubre era Magistrado de Circuito en Materia Administrativa dentro del Poder Judicial, cargo que ostentó a partir del 18 de enero de este 2024, pues ya que previamente se desempeñaba como Juez de Distrito; un juzgador que fue reconocido en los últimos años por ser el juez que frenó reformas al expresidente Andrés Manuel López Obrador Obrador.
García González explicó que la empresa ha recurrido a jueces como Juan Pablo Gómez Fierro, quien emitió varias resoluciones, entre el periodo 2017-2020 exigiendo que entreguen el terreno al particular. Sin embargo, lo que agravó la situación, de acuerdo con el legislador Paulo García, es que ya no solo se exige la devolución del predio, sino también un cambio en el uso de suelo de área verde a habitacional con restricciones, algo que no está permitido bajo la normativa actual de protección del bosque.
La disputa dio inicio cuando la empresa inmobiliaria Trepi, propiedad de José Manuel Berumen Bautista y representada por Moisés Shehoah Chiver, interpuso un recurso de reversión para reclamar la restitución de una expropiación realizada sobre un predio de casi 5 mil hectáreas, dentro del bosque, el ubicado en Montes Apalaches 525 . Sin embargo, aunque el gobierno del entonces Distrito Federal rechazó el recurso, la inmobiliaria llevó el caso a los tribunales y, en el 2004, el Poder Judicial emitió una resolución a favor de la empresa, ordenando la devolución de parte del terreno.
“Son 20 años desde esa primera sentencia y no se ha llevado a cabo porque es una aberración; es entregarle un cacho de bosque a un particular para que que construya una serie de edificios.Ninguna autoridad administrativa se ha querido aventar el tiro de entregar ese pedazo de bosque, sin embargo pues la estrategia de Trepi ha sido avanzar en las instancias judiciales para que pueda, a través de este tipo de amparos y otros recursos, presionar a la autoridad administrativa para que haga esa entrega”, explicó en entrevista con SinEmbargo, el diputado local por la Ciudad de México Paulo.
Pero en toda esta trama destaca una figura que ha jugado un papel en apoyo a la empresa particular: Juan Pablo Gómez Fierro, quien hasta este 16 de octubre era Magistrado de Circuito en Materia Administrativa dentro del Poder Judicial, cargo que ostentó a partir del 18 de enero de este 2024, pues ya que previamente se desempeñaba como Juez de Distrito; un juzgador que fue reconocido en los últimos años por ser el juez que frenó reformas al expresidente Andrés Manuel López Obrador Obrador.
García González explicó que la empresa ha recurrido a jueces como Juan Pablo Gómez Fierro, quien emitió varias resoluciones, entre el periodo 2017-2020 exigiendo que entreguen el terreno al particular. Sin embargo, lo que agravó la situación, de acuerdo con el legislador Paulo García, es que ya no solo se exige la devolución del predio, sino también un cambio en el uso de suelo de área verde a habitacional con restricciones, algo que no está permitido bajo la normativa actual de protección del bosque.
