Nuevos lineamientos de audiencias aún podrían abrir la puerta a sanciones no previstas en la ley: Albarrán (Redacción Astillero Informa)

El periodista reconoció las correcciones hechas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pero advirtió que persisten disposiciones preocupantes y cuestionó la falta de transparencia sobre el documento aprobado

Redacción Astillero Informa

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) corrigió algunos de los puntos más cuestionados de sus nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, pero todavía podrían permanecer disposiciones que abran la puerta a sanciones no contempladas expresamente en la ley, advirtió el periodista y defensor de las audiencias Gerardo Albarrán de Alba.

En entrevista con Julio Astillero en Astillero Informa, Albarrán consideró positivo que el organismo haya retirado disposiciones que podían implicar una intervención en las líneas editoriales de los medios, así como atribuciones sancionadoras que no estaban previstas en la legislación. También destacó que se haya acotado la intervención de la autoridad en los procedimientos de queja.

Sin embargo, señaló que todavía existen aspectos que deben revisarse antes de considerar cerrado el debate. Entre ellos, mencionó la posibilidad de que los códigos de ética sean vinculantes y que la falta de respuesta de un concesionario a las recomendaciones de un defensor de las audiencias pueda derivar en la intervención de la CRT.

“En caso de que los lineamientos aprobados mantengan omisiones y disposiciones preocupantes por falta de una diligencia regulatoria, lo malo es que vamos a estar frente a hechos consumados que dejan desarmadas a las audiencias”, sostuvo.

El problema de las sanciones

Albarrán explicó que los nuevos lineamientos establecen que, cuando un concesionario no atienda las recomendaciones de su defensor de las audiencias, el caso podría llegar a la Comisión Reguladora y dar paso a un procedimiento sancionatorio.

El problema, de acuerdo con su análisis, es que la legislación en materia de telecomunicaciones establece sanciones específicas para dos supuestos relacionados con los derechos de las audiencias: no poner a disposición mecanismos de defensa y no contar con defensor de las audiencias o con un código de ética.

“No están contempladas ahí” las sanciones por la omisión de un concesionario de atender o responder los requerimientos de su defensoría de audiencias o de la propia Comisión Reguladora, afirmó.

Por ello, consideró que los lineamientos podrían generar nuevamente un punto de conflicto jurídico si pretenden establecer consecuencias que no tienen un respaldo explícito en la ley.

Documento definitivo, aún bajo cuestionamiento

Otro de los señalamientos de Albarrán se relacionó con la transparencia del proceso. Explicó que la CRT anunció los cambios mediante una conferencia de prensa, pero que no puso a disposición del público, en ese momento, el documento aprobado por el pleno. La transmisión tampoco permitió conocer las preguntas y respuestas de la conferencia, pues, según relató, fue interrumpida.

El periodista señaló además que el organismo debía publicar un informe de consideraciones antes de someter los lineamientos a aprobación. Después de cuestionar públicamente su ausencia, dijo que recibió de una persona de la propia CRT un enlace para acceder a un documento de más de 5 mil 300 cuartillas.

“El detalle es que esto tendría que haberse hecho público para toda la sociedad, no nada más para mí que lo reclamé”, afirmó.

Albarrán reconoció que las modificaciones anunciadas por la CRT representan un cambio relevante respecto del proyecto inicial y que varias de las observaciones planteadas por organizaciones civiles, académicos y defensores de las audiencias fueron atendidas.

No obstante, llamó a esperar la publicación definitiva de los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación para comprobar si el texto legal corresponde efectivamente con los cambios anunciados.

“Tenemos que estar muy alertas a la publicación en el Diario Oficial de la Federación cuando esto ocurra para saber si realmente lo que se publica y tendrá valor legal se apega a lo que nos dijeron que iba a hacerse”, señaló.

Para el defensor de las audiencias, una eventual aprobación de disposiciones problemáticas dejaría a la sociedad ante hechos consumados y obligaría, en su caso, a recurrir a mecanismos jurídicos para impugnarlas.

“Las audiencias somos todos”, recordó Albarrán, al referirse a la ciudadanía, académicos, investigadores, organizaciones civiles y defensores que participaron en las objeciones al proyecto.

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