José Reyes Doria
@jos_redo
Termina una era en la historia del Poder Judicial. La reforma judicial del presidente Ernesto Zedillo en 1994, se agotó por un conjunto de factores de la más diversa índole, pero, sobre todo, terminó su ciclo porque desde el 2018 llegaron al poder un grupo político-ideológico, un proyecto y una visión de la política y del Estado marcadamente distintos a los anteriores. Los cambios en el sistema político, así como las profundas modificaciones constitucionales y las formas de ejercer el poder en la llamada Cuarta Transformación, configuran un nuevo régimen. Como todo nuevo régimen, requiere una estructuración del poder apropiada para consolidar su plena implantación.
Predominar no solo sobre el Poder Judicial, sino en todos los espacios de poder e influencia, es el objeto de los regímenes políticos en turno. En esta perspectiva, se ha interpretado que el Poder Judicial, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación surgida en 1994, era el modelo de Corte que necesitaba el régimen neoliberal instaurado desde 1982. La Corte de Zedillo era funcional para consolidar los cambios estructurales del neoliberalismo salvaje en materia de privatizaciones, apertura comercial, recorte del gasto social, reducción del tamaño del Estado, rígida contención salarial, precarización laboral, reconcentración de riqueza, liberalización del ejido y pauperización del campo, desregulación radical de las grandes actividades económicas y financieras, entre otros aspectos.
El régimen neoliberal requería una Corte que marcara el tono y la ruta de garantizar los intereses y las prioridades de las grandes élites que dominaron la etapa del neoliberalismo priista-panista. La reforma judicial de Zedillo incluyó también un nuevo modelo de gobierno del Poder Judicial en sus estructuras de tribunales y juzgados, que quedó a cargo del Consejo de la Judicatura; el objetivo real no fue el apego a la legalidad y el combate a la corrupción, sino el control estratégico necesario para salvaguardar las prioridades del amplio bloque gobernante neoliberal. Con todo, la Corte tuvo en este ciclo 1994-2025 tuvo un conjunto de aciertos de enorme relevancia, que deben considerarse al momento de hacer el juicio histórico de su desempeño.
En materia política, en el gobierno de Zedillo y su partido el PRI, se vieron obligados por el masivo reclamo democrático, a aceptar una reforma político-electoral que permitió la liberalización de la competencia electoral, que consolidó un sistema que se ganó la confianza de la sociedad y los actores políticos. La Corte, en este proceso de transición democrática, no tuvo participación directa, pero el Poder Judicial sí jugó un papel importante a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Hoy a siete años de la llegada al poder del obradorismo-morenismo-claudismo, la vida pública presenta el cuadro de un nuevo régimen. Ya no es el régimen neoliberal priista-panista. Son muchos los rasgos que confirman esta afirmación: un nuevo sistema de partidos que pulverizó a los dos grandes partidos históricos y empoderó a Morena, en una condición de hegemonía incontrastable en el corto plazo; mayoría absoluta en el Congreso en el sexenio de AMLO, y mayoría calificada de dos terceras partes en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual le permite al régimen y sus partidos cambiar a su gusto la Constitución. El factor de la mayoría calificada, por sí solo, es ya para muchas doctrinas un nuevo régimen.
Pero hay que agregar otros elementos que componen la nueva realidad política. La eliminación de los organismos autónomos, regresando al modelo de un Ejecutivo todopoderoso en materia de regulación en los ámbitos de telecomunicaciones, competencia económica, energía eléctrica, hidrocarburos, transparencia, acceso a la información, entre otros. La construcción de un nuevo sistema de seguridad pública con un papel preponderante, avalado en la Constitución, de las Fuerzas Armadas.
Sin haber desmontado estructuras y dinámicas económicas típicas del neoliberalismo, el nuevo régimen, también se afirma en el terreno económico, con el restablecimiento constitucional de la propiedad y dominio del Estado sobre la generación de energía eléctrica, el litio, los hidrocarburos, etcétera. Del mismo modo, la política salarial de incrementos significativos a los salarios mínimos, así como la política de transferencias masivas de apoyos sociales en efectivo, son factores que redondean la cara del nuevo régimen.
Con todo, la reforma al Poder Judicial de López Obrador, es uno de los componentes más determinantes en la composición del nuevo régimen. El cambio más profundo es el modelo de integración de la Corte, los tribunales y los distritos. El nuevo régimen consideró inevitable establecer un modelo de integración basado en la elección universal, directa y popular de todos los espacios del Poder Judicial. La reforma, en este aspecto, es una apuesta de alto nivel y de un riesgo latente de cara al futuro. Solo en Bolivia y Japón hay sistemas de elección popular del Poder Judicial, en Estados Unidos se practica a nivel de jueces locales; pero en el resto del mundo se practican modelos negociados de nombramiento de ministros y juzgadores, como ocurría en México hasta 2025.
Zedillo, en 1994, no cambió el modelo de integración de la Corte, solo introdujo el matiz de que el Presidente enviara un terna, ya no un solo nombre, para que el Senado eligiera a cada ministro. Pero se mantuvo la disposición de que, si ningún prospecto de la terna lograba las dos terceras partes del Senado, el Presidente hacía el nombramiento libremente. Por eso, hay quienes interpretan que, si uno de los objetivos de la reforma judicial de AMLO era controlar o hacer funcional a la Corte con la 4T, dicha reforma ya no era necesaria porque ya tenían la mayoría calificada en el Congreso y podían colocar el número de ministros necesarios para predominar en la Corte.
La elección popular de ministros de la Corte, en efecto, hace muy posible que desde el mando del régimen se establezca un control político de todo el proceso electoral judicial, incluyendo el filtro de candidaturas afines y la promoción de candidaturas específicas. De esta forma, el régimen podrá inducir la elección de ministros afines o de plano identificados con Morena o la 4T, a la vez que explota al máximo el tema de legitimidad derivada del voto popular, para instaurar y fortalecer una Corte funcional al proyecto y a las prioridades del régimen.
Sin embargo, al menos en la operación de la primera elección judicial, se presentaron una serie de problemas y acciones que tuvieron un efecto deslegitimador de la propia elección judicial, y de los ministros, magistrados y jueces electos; tales problemas son: el relativo a los “acordeones”, que el régimen consideró indispensables para asegurar la elección de perfiles afines; y el relativo a los elevados niveles de abstencionismo e indiferencia del electorado.
El nuevo Poder Judicial, también incluye un Tribunal de Disciplina, que, a diferencia de los alcances del Consejo de la Judicatura de Zedillo, tiene jurisdicción y autoridad sobre los ministros de la Corte, lo cual encierra la posibilidad de ejercer un control adicional sobre los ministros que, aun siendo afines, se aparten de eventuales líneas impulsadas desde los mandos del régimen.
Un último rasgo de la reforma judicial de AMLO, es el relativo al acotamiento de las atribuciones de la Corte en su función de tribunal constitucional. Este impacto se deriva de la reducción de los efectos y alcances de los mecanismos de controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad.
Todos estos rasgos del nuevo Poder Judicial, y en especial de la Corte, encajan en la visión del Estado y en el proyecto político-institucional de AMLO, Claudia Sheinbaum y la 4T. En efecto, para el nuevo régimen, la máxima prioridad es la transformación social, el impulso de acciones redistributivas del ingreso, bajo un modelo político-gubernamental centralizado en el Ejecutivo y con el menor número posible de obstáculos y sin que actores o procedimientos significativos retarden o condicionen la acción ejecutiva.
Transformar a prisa, o al menos a un ritmo sostenido, requiere una Corte funcional y sensible que facilite los procesos y las decisiones transformadoras. Como decíamos al principio, la intencionalidad de estructurar así el sistema de poder, no es una novedad de la 4T, en realidad es un instinto innato de todos los bloques gobernantes en todos los tiempos.
Para finalizar, es importante recordar que el Poder Judicial, en una importante vertiente de análisis, es un eje fundamental, pero solo es una parte del sistema de justicia. Sin embargo, la reforma de AMLO, no incluyó otros temas cruciales del sistema de justicia como las fiscalías, los ministerios públicos, las capacidades de investigación, y una defensoría pública potente y profesional, para garantizar el acceso real y efectivo de las personas más pobres a la justicia. A pesar de ser un reclamo persistente, intenso y doloroso del pueblo mexicano, nada de eso se tocó en la reforma judicial de 2024, y no se ha anunciado un nuevo paquete de reformas específicas para avanzar en hacer más efectivo, sensible, incluyente y oportuno el sistema de justicia en México.
El próximo 1º de septiembre inicia funciones la Corte de la 4T. La presidirá un ministro indígena. Son muchas y muy elevadas las expectativas. Por el bien de todos, ojalá el nuevo Poder Judicial haga todo lo posible por impulsar cambios, prácticas y nuevas reformas para avanzar en lo más importante: garantizar el acceso a la justicia a los de abajo, que son inmensa mayoría, y que no tienen recursos ni para un abogado barato. Y asegurar una relación equilibrada entre los Poderes de la República.
