José Reyes Doria | @jos_redo
La reforma judicial puede dividirse en dos grandes ámbitos: por un lado, la integración y función de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación; por otro, el impacto en el sistema de justicia, un monstruo inconmensurable que la reforma no tocó, salvo para establecer la elección popular de jueces y magistrados, lo cual, a decir de la mayoría de los especialistas, no mejorará el acceso a la justicia de las grandes mayorías.
En esta columna, veremos solo el tema de la nueva Corte, bajo la óptica del rol que jugará en la estructura republicana de división de poderes, así como en la funcionalidad que adquirirá en el sistema político dominado por la llamada Cuarta Transformación.
1.- Una de las principales funciones de la Corte es el control constitucional del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Velar que las acciones del Ejecutivo nunca violen ningún mandato constitucional, que no atropellen derechos humanos fundamentales de las personas. Asimismo, que la legislación expedida por el Congreso se apegue estrictamente a los marcos constitucionales y el sistema de derechos vigente, incluyendo los derivados de Instrumentos Internacionales aplicables.
2.- ¿Los nuevos integrantes de la Corte, identificados con la 4T, cumplirán esta función? En efecto, los nueve ministros electos en las urnas, son, todos, amigos del régimen. De acuerdo con sus trayectorias políticas y la instancia que propuso sus candidaturas, se puede decir que cinco son leales al expresidente López Obrador (Hugo Aguilar, Lenia Batres, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Estala Ríos), tres son cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum (Arístides Guerrero, Sara Herrerías y Giovanni Figueroa), y uno es identificado como aliado de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada (Irving Espinosa).
La respuesta a la interrogante queda abierta a los hechos, a las decisiones que tendrá que asumir la Corte. Cuando, eventualmente, el Ejecutivo realice una acción contraria a los mandatos constitucionales o violatoria de derechos fundamentales, veremos cuáles serán las resoluciones de la nueva Corte. Por la forma en que llegaron a la Corte, apoyados y postulados por actores centrales del régimen, lo más probable es que los ministros no resuelvan muchos casos en contra del Ejecutivo, si acaso alguno.
En cuanto al Congreso, de entrada, será poco probable que expida alguna legislación secundaria contradictoria con la Constitución, porque el régimen cuenta con mayoría calificada en ambas Cámaras; de tal forma que si se requiere una reforma que implique cambios en la Carta Magna, podrán reformarla sin problema, y así evitar el riesgo de emitir una legislación secundaria inconstitucional. Pero si llegara a presentarse un caso por el estilo, igualmente lo más probable es que la nueva Corte resuelva a favor de los intereses del régimen.
3.- Respecto a casos relativos a particulares, la nueva Corte tendrá poco tiempo para atenderlos. Esto, porque la reforma estableció que la Corte solo trabajará en Pleno, es decir, ya no habrá Salas, que eran las instancias donde se avanzaba en el desahogo de gran número de casos. Para quienes están familiarizados con los temas parlamentarios, es como si en el Congreso se eliminaran las comisiones y todas las iniciativas se tuvieran que resolver en el Pleno. Nuevamente, en caso de que controversias impulsadas por particulares lleguen a la Corte, lo más probable es que las resoluciones sean alienadas con los aliados del régimen.
4.- En realidad, la Corte pocas veces ha sido independiente del Ejecutivo. Tal vez en la época de Juárez el Poder Judicial gozó de más independencia y libertad. El resto de la historia, la Corte se ha alineado a los designios del Ejecutivo, con esporádicos y notables casos en los cuáles, por diversas motivaciones, ha emitido resoluciones contrarias a los intereses de la Presidencia de la República. Históricamente, los ministros eran nombrados por el Presidente, con ratificación del Senado, lo cual sellaba la alineación de los ministros con el poder.
El hecho de que, ahora, los ministros sean elegidos por voto popular, no reduce el apego de los ministros al régimen. Esto, porque, como ya dijimos, el acceso a la candidatura requiere del visto bueno del Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial; y porque la obtención de votos necesita indispensablemente de la promoción que hagan los partidos y organizaciones que, en su mayoría y los más grandes, son oficialistas. Desde luego, en términos jurídicos y constitucionales, el “pueblo” es una ficción que no se materializará para vigilar y controlar a los nuevos ministros (otra cosa es el “pueblo” en la dimensión política-social, pero eso es tema para otra columna).
5.- Pero, para ganar legitimidad institucional, la Corte debe resolver algunos casos en contra del Ejecutivo. Es indispensable, porque si los nuevos ministros incurren en una dinámica de mostrar quién es más fiel al régimen, puede presentarse un récord inusitado de cero resoluciones contra el Ejecutivo, lo cual materializará la peor de las profecías de los críticos más estridentes de la reforma judicial y de la 4T.
6.- Siempre ha habido ministros que se sacuden la tutela del Ejecutivo. Así es, aunque antes y ahora, sea por nombramiento del Presidente o por elección popular, los ministros quedan en situación de dependencia respecto al poder, suelen presentarse casos en los cuales algunos ministros asumen posturas distintas a los intereses del Ejecutivo. En el caso de AMLO, por ejemplo, le tocó nombrar a cinco ministros, de los cuales dos rápidamente asumieron resoluciones contrarias a los intereses de López Obrador.
7.- Pero antes no había un Tribunal de Justicia Disciplinaria. Poca atención se ha prestado a este nuevo Tribunal, pero tendrá una influencia determinante sobre lo que decíamos antes relativo a los márgenes de independencia que podrán construirse los nuevos ministros. Este Tribunal, tiene atribuciones para supervisar y sancionar a ministros de la Corte, incluyendo procesos que pueden derivar en la destitución, lo cual es inédito; el anterior Consejo de la Judicatura no tenía jurisdicción sobre los ministros.
8.- Mucho dependerá de la unidad o las fracturas del régimen. Si se recupera la unidad funcional del bloque gobernante (porque ahora da muestras de serias divisiones), difícilmente llegarán muchos asuntos tóxicos a la Corte. Esto así, porque el régimen, al contar con mayoría calificada, ya tiene lo que algunas doctrinas definen como mayoría constitucional, es decir que ni falta hacía la reforma judicial para controlar a la Corte. Si se restaura la unidad y se hace funcional, se pueden resolver muchos problemas constitucionales en el sistema político-parlamentario, sin necesidad de llegar a la Corte.
9.- Pero las inercias apuntan a una fragmentación de la familia transformadora. Los indicios están por todos lados. A groso modo, podemos identificar bandos como el de AMLO, el de los líderes parlamentarios, el partido, los gobernadores, los grupos de interés incrustados en el gobierno, y desde luego el bando de la presidenta Claudia Sheinbaum, que, en mi opinión, debería ser reconocida por todos los demás como jefa política indiscutible dada la investidura que ostenta. Esta fragmentación puede generar desacuerdos profundos en la producción de leyes (la legislación secundaria en materia de seguridad pública, que empodera a Harfuch y a Claudia, está frenada sin motivos “formales” en la Cámara de Diputados) y en materia de definición de decisiones, de tal forma que se produzcan disputas tan intensas que, en su aspecto jurídica tengan que llegar a la Corte.
10.- En caso de fractura extrema, AMLO tendría mayoría en la Corte. Como se expuso al principio, de nueve ministros López Obrador tiene cinco. Mayoría. No es descabellado proyectar una situación con este grado de conflicto en el interior del régimen. Pero, al parecer, así fue diseñada la refundación y la integración de la Corte, en función de que el líder moral del movimiento gobernante preserve posiciones de poder determinantes.
COLOFÓN
La política es impredecible. Indiscutiblemente, uno de los objetivos de la reforma judicial era fortalecer los mecanismos de control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, en especial sobre la Corte. Siempre ha sido la aspiración de los Presidentes, unos más otros menos. Con el nuevo modelo, la Corte y los ministros están más sujetos al Ejecutivo, tanto en el plano constitucional-legal, como en términos político-personales. Pero, reitero, la política y la dinámica del poder es, a veces, incontrolable. Nuevo modelo, nueva legitimidad y nuevo reto que pronto empezará a mostrar sus alcances. Una amplia facción del régimen relegan el valor de conceptos y realidades como la división de poderes, la gobernabilidad basada en la legitimidad, el Estado de Derecho Social y Democrático, pero definitivamente es necesario preservar sus postulados básicos porque solo así es posible una transformación social duradera, estable y verdaderamente reivindicadora del pueblo; pueblo como voluntad fundacional y no como mero receptor de apoyos.
