“Cuando la tiranía se hace
ley, la rebelión es un derecho”
Simón
Bolívar
Si la Ley Garrote hubiera existido cuando AMLO comenzó su lucha, hoy no sería Presidente, sería un preso político con todavía muchos años por pagar de cárcel.
Nunca antes en la historia de México ningún presidente llegó con tal grado de aceptación como Andrés Manuel López Obrador: La mayor cantidad de votos emitidos a su favor supera a cualquier otro mandatario mexicano, pero ni los 30 millones 113,483 votos a su favor que representaron el 53.1 % de los votantes es comparable con el 70% de aprobación con el que cuenta 8 meses después. Tal grado de aprobación le ha permitido implementar una serie de cambios y toma de decisiones que sin ese apoyo no hubiera podido lograr, como fue la suspensión del proyecto y la construcción del aeropuerto internacional en el lago de Texcoco, con esa medida detuvo no sólo a la mafia política y económica, reivindicó al pueblo de Atenco y su lucha y salvó al lago Nabor Carrillo, eliminó la extracción de petróleo a través de la técnica criminal de la fractura hidráulica conocida como fracking, estableció a la corrupción como un delito grave y prohibió las condonaciones de impuestos a las megaempresas, detuvo el robo de combustible conocido como huachicol, convirtió la residencia de Los Pinos en un centro cultural al igual que la isla prisión de las Islas Marías, incrementó el salario mínimo más que en los últimos 36 años, creó un instituto que subasta los bienes incautados a las mafias y el dinero se le entrega a los pueblos más pobres, duplicó la pensión a todos los jubilados y estableció una pensión universal a todos los ancianos, becó a todos los estudiantes, e implementó un programa de becas para aprendices, estableció un apoyo mensual a todos los campesinos pobres para que siembren hortalizas, milpa, árboles maderables y frutales en sus terrenos para su beneficio y más.
Reconocemos lo ganado, pero no estamos dispuestos a perder nuestra libertad por ello.
Mientras Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, reprima con brutalidad a jóvenes que protestaron pacíficamente por el alza a la tarifa de transporte público en un injustificado e injusto 35%, en Villahermosa, Tabasco, tierra natal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, diputados de Morena aprobaron en el Congreso local por iniciativa del gobernador la “Ley Garrote” que criminaliza las protestas públicas y contempla penas de 10 a 20 años de prisión a quienes realicen manifestaciones con marchas y bloqueos en carreteras o impidan la ejecución de obras públicas o privadas, y si es un servidor público además quedará inhabilitado 10 años de la función pública. Con esta medida estarían legalizando a los presos políticos y de conciencia en México.
La idea es inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno federal, estatal, municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas en obvia preparación para contener a la resistencia del pueblo a los megaproyectos extractivistas. Este lunes 27 se pretende aprobar en el pleno del Congreso del Estado de Tabasco que cuenta con una absoluta mayoría de Morena con 21 diputados seguidos por el PRD con 6, 5 del PRI y 3 del PV.
Durante los otros gobiernos neoliberales fue muy común usar a los estados dominados por el partido en el poder como laboratorios políticos para experimentar medidas y resistencias. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como documento rector superior de cualquier ley en cualquier estado del país, fue flagrantemente violada en Baja California con la virtual reelección del gobernador para un periodo de 3 años más por la voluntad de 25 votos en un estado de 3.3 millones de habitantes, medida que no sólo viola a la Constitución sino que violenta la voluntad ciudadana que eligió al empresario multimillonario e íntimo amigo del Presidente Jaime Bonilla para ser gobernador sólo por 2 años, infamia por la que el Ejecutivo de la Nación no quiere emitir comentario; el silencio cómplice se suma al silencio del fin de semana cuando nos indignamos al ver la represión brutal del gobierno de Jalisco a estudiantes que protestaban pacíficamente contra el alza al trasporte en más de 35%, ante estos tres eventos (Baja California, Jalisco y Tabasco) el Ejecutivo Federal no ha emitido ningún pronunciamiento, ni siquiera cuando se le preguntó directamente con respecto al caso de Baja California por según él considerar que no es de su competencia. Si no es de su competencia lo que le pase a cada ciudadano en cada uno de los 32 estados de la República, lo que resulta es que entonces no gobierna a nadie.
Siendo presidente de todo México Andrés Manuel López Obrador le compete todo lo que suceda a los mexicanos donde quiera que se encuentren y tiene la obligación de opinar e intervenir desde las instituciones del Estado para garantizar mínimo que no se violenten los derechos básicos de los mexicanos, como es el caso de Baja California en donde se viola la voluntad popular y la Constitución Mexicana. El caso de Jalisco en donde se criminaliza la protesta pacífica y se agrede físicamente, se priva ilegalmente de la libertad y se tortura a jóvenes estudiantes por defender su derecho a estudiar y a vivir; fractura en la mandíbula, ojo amoratado, descargas con teasser, apuntado con arma de fuego y amenazas de muerte, fue el futuro que ofreció el gobernador Alfaro al joven estudiante José Miguel que lo único que hizo fue salir a una plaza pública a gritar que no es justo porque no entienden que un incremento tan desmedido al trasporte vulnera la estabilidad económica de los más necesitados, que en el caso de los estudiantes pudiera ser determinante para continuar sus estudios. El caso de Tabasco es absurdo lo que pretenden desde el congreso Estatal; bajo ninguna circunstancia podemos permitir que se criminalice por ley el derecho a la manifestación pública; ante los embates del poder político, la manifestación del descontento de forma pública es la única posibilidad no armada de defender los derechos del pueblo ante las injusticias de la autoridad porque en las instancias legales en México la justicia se pone en subasta y se siguen resolviendo a favor del mejor postor, así que sólo la organización de los desposeídos logra la fuerza para hacerse oír y respetar, y resulta muy cínico que se inicie esta implementación en el estado natal del Presidente y en donde tienen todo el gobierno a su servicio, justo ahora que se vienen las tareas de resistencia contra los megaproyectos extractivistas que quiere implementar el gobierno actual pasando por encima del derecho de los pueblos originarios, como son: la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Transístmico, y el Proyecto Integral Morelos con la imposición de la criminal Hidroeléctrica de Huexca.
Apenas el viernes 26 de julio informó la Fiscalía General de la República que un juez condenó a cuatro hombres a pagar 67 millones de pesos por reparación de daños a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por oponerse a obras en la Hidroeléctrica Chicoasen II. (https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/estados/028n4est)
Es históricamente absurdo que AMLO permita que se den estos abusos, porque de haber existido la Ley Garrote cuando comenzó su lucha, en lugar de ser Presidente de México en la actualidad sería un preso purgando una condena de varias decenas de años más por haber bloqueado instalaciones del Estado mexicano.
Se dice que en política no hay coincidencias, y que lo que parece es, y lo que parece es que el Ejecutivo está preparando las condiciones para “facilitar” la implementación de sus proyectos: Cuando hizo toda la campaña para militarizar la seguridad ciudadana y que se aprobara la Guardia Nacional integrada y comandada por militares en activo y que se le permitiera usar a todo el Ejército Nacional y a la Armada de México para combatir la inseguridad se argumentaron tres cosas básicamente: Que si el Ejército y la Armada, habían cometido abusos (asesinatos, secuestros, tortura, violaciones, desapariciones forzadas) había sido porque se les había ordenado, que el Presidente es el Comandante en Jefe de todas las fuerzas armadas y el único responsable y dijo que durante su mandato esto no ocurriría y sigue ocurriendo, también dijo que no se violarían los derechos fundamentales y se siguen violando y que nunca más se usaría a la fuerza del Estado contra el pueblo y lo siguen haciendo ¿o acaso los migrantes no son pueblo, no tienen derechos? Integrantes de las fuerzas armadas del gobierno en todos los niveles siguen siendo parte del crimen organizado, y si nos normáramos por lo dicho por el Sr. Presidente, él tendría que responder por estos delitos. Y sobre todo que la famosa Guardia Nacional no ha resuelto el problema de la inseguridad y en los hechos acabó siendo la “Migra 4T” y la “T” no es de transformación, sino de Trump.
Para las 30 millones de personas que votamos por AMLO, nuestra principal demanda era terminar con las injusticias y con la inseguridad, nada de esto se ha cumplido, las injusticias siguen a la orden del día, siguen asesinando periodistas, activistas, mujeres y mexicanos en general más que antes del gobierno de la autoproclamada 4ta.Transformación y todos y cada uno de los que votamos nos opusimos durante años a los otros gobiernos neoliberales, lo que le allanó el camino a López Obrador y sin la garantía del derecho a manifestarnos libremente AMLO no sería Presidente de México, la criminalización de la protesta social es una de las máximas directrices a alcanzar del fascismo neoliberal en el mundo.
Nos corresponde a todos los mexicanos hacer cuanto esté en nuestras manos para detener esta intentona de callar la vida democrática de México y la garantía que nos permite estar escandalosamente en desacuerdo y ser parte de la democracia. Si hacen ley la represión y criminalización de la protesta, el argumento favorito del Presidente (cuando le conviene) de “Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie” deja de tener sentido cuando la ley viola abiertamente a la justicia. Y tendríamos que, por sobrevivencia, fundamentar nuestra lucha en la máxima bolivariana que dicta que “Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”.
La vida es una construcción consciente.
Iván Uranga
@CompaRevolución
