20 de agosto de 2024.- Las activistas y habitantes de Ohuira, Sinaloa, Claudia Quintero y Melina Maldonado, informaron que desde 2014 han metido 6 amparos para evitar que se construya una planta de amoniaco en esta localidad. De los últimos dos, el juez José Francisco Pérez Mier los atrajo para resolverlos, pero falló a favor de la planta de amoniaco, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), y no de las comunidad afectadas, argumentando que los pescadores que lo solicitaron no son indígenas y carecían un interés legítimo; sin embargo, Claudia Quintero precisó que aún falta la decisión de un magistrado de Mazatlán, aunque hasta ahora no les han notificado nada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había resulto que se debía hacer una consulta popular para que las comunidades decidieran sobre el destino de la planta de amoniaco, pero Melina Maldonado dijo que la consulta estaba viciada, pues de las 4 comunidades que solicitaron este ejercicio y cuyo consentimiento no fue autorizado, el Poder Judicial falló a favor de las localidades alejadas de la Bahía de Ohuira, quienes no corren ningún peligro si la planta se llegara a construir. En ese sentido, Maldonado apuntó que han decidido llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado Mexicano de desproteger los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente
“Si México no nos hace sujeto de derecho, nosotros no vamos a parar, vamos a seguir buscando la razón de lo que estamos peleando, porque no es leche lo que nos van a poner, son 75 mil toneladas de amoniaco lo que nos quieren meter dentro de nuestras casas y no lo vamos a permitir. Si un permiso de alcohol requiere de una firma de un vecino, si ese vecino no quiere, no otorgan porque lo ponen en riesgo; ahora 75 mil toneladas de amoniaco al lado de mi casa y que los pobladores decimo ‘no’, ¿dónde están las leyes? Esto es una burla para los comunidades, no queremos el amoniaco en la bahía que nos da de comer”, explicó.
El Poder Judicial de la Federación falló a favor de GPO para la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Topolobampo, Sinaloa, desestimando las quejas del pueblo Mayo-Yoreme de Lázaro Cárdenas. El pueblo había argumentado que la consulta indígena realizada para aprobar el proyecto estaba viciada y que la planta representaría un grave riesgo ambiental. El juez José Francisco Pérez Mier, sin embargo, validó la consulta y respaldó la seguridad del proyecto, asegurando que no violaría las normas ambientales y que incluso contribuiría a la soberanía alimentaria del país. Ante este fallo, los opositores han decidido llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado Mexicano de desproteger los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente.
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