Camila Olvera | Redacción Astillero Informa
Han pasado diez años desde el derrame de químicos en el Río Sonora, uno de los mayores desastres ambientales en la historia reciente de México. La tragedia, provocada por la empresa Grupo México, propiedad de Germán Larrea, sigue dejando una profunda huella en la región y en las comunidades afectadas, mientras que la respuesta gubernamental y corporativa sigue siendo criticada por su ineficacia.
Durante este sexenio, la fortuna de Larrea ha crecido un 900%, mientras que las comunidades afectadas por el derrame continúan enfrentando niveles alarmantes de toxicidad en su entorno. Cynthia Arco, abogada de los comités de Cuenca Río Sonora y Poder Latam, expresó en una reciente entrevista que, a pesar de las sentencias importantes emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la empresa ha obstaculizado los procesos legales y no ha dado cumplimiento a las resoluciones. Además, acusó al gobierno de clasificar como confidenciales documentos clave, como los estudios de toxicología realizados en 2022 por la Secretaría de Salud.
“No hay voluntad política para avanzar”, lamenta Arco. Las autoridades ambientales, según ella, se han limitado a realizar monitoreos y reuniones, pero sin concretar acciones efectivas para mitigar los daños ambientales y proteger la salud de las personas. A pesar de que las autoridades cuentan con mecanismos para obligar a la empresa a cumplir con las sentencias, no los han utilizado. Grupo México sigue operando y acaparando los recursos hídricos de la región, con más del 60% del agua concesionada en la zona.
El pasado 6 de agosto se instaló un antimonumento en Hermosillo, Sonora, donde se realizó un pronunciamiento en contra de la impunidad corporativa. Existen fallos judiciales que obligan a las autoridades de los tres niveles de gobierno a mitigar los daños ambientales y a brindar atención toxicológica a las personas afectadas. Sin embargo, a pesar de las promesas públicas hechas por el presidente en las conferencias matutinas, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha interpuesto recursos para obstaculizar el cumplimiento de estos fallos, argumentando que no tiene competencia para mitigar los daños y que es la empresa la que debe asumir la responsabilidad.
Además, Arco señaló que aunque Semarnat ha presentado una denuncia penal, no se ha garantizado la participación de las comunidades como víctimas en este proceso. En 2014, el gobierno negoció a puerta cerrada con Grupo México, dejando fuera a las comunidades afectadas. Estas resoluciones fueron posteriormente declaradas inconstitucionales por la SCJN, pero el patrón de exclusión y falta de transparencia parece continuar.
