De gobernadores señalados por proteger rutas del narcotráfico a mandos de seguridad acusados de vender impunidad a los cárteles, los casos documentados exhiben uno de los capítulos más oscuros de la política mexicana: la infiltración criminal en estructuras del Estado.

Redacción Astillero Informa

Durante décadas, México libró una guerra frontal contra el narcotráfico mientras, en paralelo, múltiples investigaciones judiciales —en el país y en Estados Unidos— exhibían una realidad incómoda: integrantes de las élites políticas y de seguridad, emanados principalmente del PRI y del PAN, aparecían ligados a redes criminales, sobornos o esquemas de protección para organizaciones delictivas.

No se trata de señalamientos aislados. En varios casos hubo sentencias firmes, declaraciones de culpabilidad, extradiciones o procesos judiciales sustentados por agencias estadounidenses y autoridades mexicanas. En otros, los acusados lograron recuperar su libertad tras fallos judiciales o insuficiencia probatoria. Pero, juntos, los expedientes delinean un patrón persistente: el poder político vulnerado por el crimen organizado.

El caso paradigmático del PAN: García Luna y la sombra del Cártel de Sinaloa

Pocos nombres sintetizan mejor la contradicción de la estrategia antidrogas mexicana que el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón entre 2006 y 2012.

Durante años fue presentado como el arquitecto de la ofensiva federal contra los cárteles. Sin embargo, en diciembre de 2019 fue arrestado en Texas acusado de colaborar, desde las más altas esferas del aparato de seguridad, con el Cártel de Sinaloa. La fiscalía estadounidense sostuvo que recibió millones de dólares en sobornos a cambio de permitir operaciones del grupo criminal y ofrecer protección institucional.

En 2023, un jurado en Nueva York lo declaró culpable de todos los cargos. Posteriormente fue condenado a más de 38 años de prisión y al pago de una multa multimillonaria, en un fallo que marcó un golpe simbólico para la credibilidad de la guerra contra el narcotráfico impulsada durante aquellos años.

La caída de García Luna no llegó sola. Uno de sus hombres más cercanos, Luis Cárdenas Palomino, exjefe de Seguridad Regional de la Policía Federal, fue acusado por autoridades estadounidenses de conspirar para traficar cocaína en coordinación con el mismo cártel. Según la acusación, altos mandos de la corporación habrían garantizado protección a la organización criminal a cambio de sobornos millonarios.

Aunque actualmente permanece preso en México, su detención derivó formalmente de acusaciones de tortura vinculadas al caso de secuestro de Israel Vallarta y Florence Cassez, mientras que los señalamientos por narcotráfico permanecen en el ámbito judicial estadounidense.

En una escala política distinta aparece Denisse Ahumada, exregidora de Reynosa, Tamaulipas, quien tras militar inicialmente en el Partido Verde se incorporó al PAN. Su caso derivó en una condena federal en Estados Unidos luego de ser detenida en Texas con 42 kilogramos de cocaína. La exfuncionaria se declaró culpable.

PRI: gobernadores, fiscales y pactos criminales bajo sospecha

En el PRI, los expedientes relacionados con presuntos nexos criminales alcanzaron niveles particularmente altos del poder estatal.

Uno de los nombres más emblemáticos es el de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004. Durante años fue señalado de facilitar operaciones del Cártel del Golfo mientras, presuntamente, recibía sobornos millonarios. Detenido en Italia en 2017 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, terminó condenado por lavado de dinero.

Tras cumplir parte de su sentencia, fue deportado a México en 2025, donde enfrenta nuevas acusaciones relacionadas con delitos contra la salud, prolongando un caso que durante años simbolizó la presunta captura criminal de uno de los estados más golpeados por la violencia.

Otro episodio emblemático involucra a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo. Tras ser procesado en México, fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero, reconociendo que los recursos estaban ligados a operaciones con el Cártel de Juárez, liderado entonces por Amado Carrillo Fuentes.

En Nayarit, el exfiscal Édgar Veytia, conocido como “El Diablo”, protagonizó uno de los casos más escandalosos de corrupción institucional. Autoridades estadounidenses acreditaron que utilizó su posición para proteger a organizaciones criminales y facilitar operaciones de tráfico internacional de drogas. En 2019 fue sentenciado a 20 años de prisión en Nueva York.

También en esa entidad, el exgobernador Roberto Sandoval fue señalado por autoridades estadounidenses de presuntamente recibir sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación y del grupo de los Beltrán Leyva, a cambio de protección e información privilegiada. En México fue detenido en 2021 acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El caso de Jesús Reyna García, exgobernador interino de Michoacán, mostró otra cara de la relación entre política y crimen organizado. En 2014, un video donde aparecía reunido con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios, detonó su captura. Permaneció más de cuatro años en prisión acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, pero terminó liberado luego de que un juez consideró insuficientes las pruebas presentadas.

En Tamaulipas, otro exmandatario priista, Eugenio Hernández Flores, fue investigado por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Diversas indagatorias lo relacionaron con supuestos sobornos de Los Zetas, organización criminal que consolidó una etapa particularmente violenta en el noreste del país.

Un fenómeno que atravesó colores partidistas

Las historias no son idénticas y sus desenlaces judiciales tampoco. Algunos expedientes terminaron en condenas; otros permanecen abiertos, mientras ciertos acusados recuperaron su libertad. Sin embargo, el conjunto de los casos deja una conclusión difícil de ignorar: la penetración del narcotráfico en espacios del poder político mexicano no distinguió ideologías ni siglas partidistas.

Desde oficinas de seguridad pública hasta gubernaturas estatales, los expedientes construidos durante años por fiscales, jueces y agencias de inteligencia revelan cómo, en distintos momentos, estructuras gubernamentales fueron presuntamente utilizadas no para combatir a los cárteles, sino para coexistir con ellos, protegerlos o beneficiarse de su expansión.

En un país marcado por décadas de violencia, desapariciones y miles de víctimas, esos nombres siguen representando una pregunta aún sin respuesta definitiva para millones de mexicanos: ¿qué tan profundamente logró infiltrarse el crimen organizado en el Estado?