Narco Historia | ¿Es momento de hablar de negociación con grupos criminales? Autor: Francisco Carrillo Alfaro

Por Francisco Carrillo Alfaro (@Fran_Alfaro02)

En los últimos días, los titulares de diversos medios de comunicación señalaban un mismo suceso, con más o menos palabras: Se realizó un acuerdo entre grupos criminales mediados por sacerdotes en el Estado de Guerrero. Las diferentes notas periodísticas señalaron que hubo una tregua en Chilpancingo entre el líder de “Los Tlacos” y el de “Los Ardillos” quienes, por medio de una llamada telefónica, resolvieron un cese al fuego, respetando sus negocios y áreas de interés. Así lo dio a conocer Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello el pasado 16 de febrero. Entre otras declaraciones de alto impacto, Velázquez señaló que “muy posiblemente tuvo que ver la gobernadora que obligó a uno de estos grupos a pactar esta tregua”.

Me parece importante enfatizar lo que pasó, por lo que he de repetirlo: grupos criminales negociaron entre sí una tregua en la que un sector de la sociedad civil fungió no sólo como facilitador, sino también como mediador. Por si eso no fuera poco, se sugirió públicamente que la gobernadora de una entidad federativa no sólo estaba enterada, sino que fue parte del acuerdo. Considero que las declaraciones de Filiberto Velázquez no están recibiendo la atención mediática que merecen. La atención que tendría que tener que se admitió (aunque ya era un “secreto a voces”) que existe una abierta negociación con grupos criminales para mitigar o por lo menos contener la violencia en regiones de extrema emergencia en México.

A pesar de que (desde mi perspectiva) no ha sido lo suficientemente cubierto por la prensa nacional, estas declaraciones abrieron una discusión polémica y difícil de procesar: ¿Es momento de contemplar la negociación con grupos criminales como una forma de contención de violencia? Después de todo, aunque sumamente criticada y atacada por la opinión pública, la iniciativa del sacerdote Filiberto Velázquez podría considerarse exitosa, si se toma en cuenta que fue una estrategia que tenía un fin muy específico (reducir significativamente la violencia) en una localidad con un contexto muy específico también (el enfrentamiento entre grupos criminales por el control del transporte en Chilpancingo). ¿Cómo hacerle frente a esta situación?

¿Es viable la negociación con grupos criminales?

Por supuesto que, en cuanto siquiera se menciona esta posibilidad, hay un argumento sumamente poderoso que se opone, con buenas razones. Y es que claro, ¿cómo se puede negociar con estos actores si se parte de que sus actividades económicas y políticas son ilegales? Por eso mismo, hablar de la negociación no es fácil; además de político, involucra un conflicto moral. Se señala también que facilitar el diálogo con grupos delictivos es asumir que el Estado perdió su capacidad institucional y judicial para hacerle frente al problema de la inseguridad en México. Sin embargo y con toda la dificultad que esto implica, suponiendo que se puede “obviar” el dilema moral, ¿qué otros aspectos podrían considerarse en contra de la negociación con actores ilícitos como una herramienta de contención de la violencia?  Por mencionar algunos:

1. ¿Qué clase de Paz tendrían estas localidades?

Entre los estudios que pueden obtenerse del tema, se entiende una notable diferencia entre dos tipos de Paz: Paz positiva y Paz negativa. Así, mientras la Paz negativa se entiende como la ausencia de violencia, la Paz positiva contempla, según el Índice de Paz México 2023, “actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas”, como la distribución de la riqueza, el buen funcionamiento del gobierno, etcétera. Lo descrito por Filiberto Velázquez en Chilpancingo es un ejercicio de paz negativa, pues no necesariamente construye una sociedad justa, sino que perpetúa dinámicas de miedo entre la población para mitigar la violencia. Además, estos acuerdos entre grupos criminales pueden considerarse poco o casi nada sostenibles a largo plazo, debido a la propia diversificación del crimen organizado, que cambia de intereses, de personas y de “líderes” con bastante frecuencia.

2. ¿Con quién se puede negociar?

Está claro que para buscar acuerdos con la Iglesia, es imprescindible dialogar con los sacerdotes, dependiendo de su jerarquía. Por otro lado, para negociar con el Estado, es indispensable sentarse a conversar con el poder ejecutivo en cualquiera de sus niveles: local, estatal o federal. Esta misma lógica se complejiza cuando se busca negociar con grupos criminales. Incluso en el nivel local y regional, pensar en la negociación con actores específicos sigue perpetuando la idea de que los grupos criminales persiguen una lógica piramidal en donde existe un cabecilla que organiza, toma decisiones y es principal responsable de las actividades ilícitas del “cártel”. Esta idea de “capos” y “carteles” mitifica la comprensión del fenómeno, cuando en realidad los grupos criminales operan mediante una lógica de redes diversas en las que, sí se negocia o inclusive se captura al “líder”, no se garantiza que los otros actores delictivos obedezcan o se desarticulen. ¿Cómo se puede garantizar la sostenibilidad del acuerdo si el líder puede ser capturado o suplantado en cualquier momento?

3. ¿Qué incentivos se podrían ofrecer y a cambio de qué acciones?

En todo proceso de negociación, siempre se deben intercambiar elementos que interesen o beneficien a cada una de las partes. En este sentido, ¿qué se podría ofrecer a grupos delictivos sin que se ponga en juego la credibilidad del sistema de justicia? A primeras luces, parecería que los incentivos que se pueden ofrecer desde el Estado se traducen en evitar las extradiciones, proponer la reducción de condenas e inclusive considerar un posible indulto. Frente a ello, habría que pensar que lo que se puede obtener de grupos criminales no sólo se limita a la reducción de la violencia, pues en la negociación se pueden contemplar otros aspectos, como pedir información oportuna y confiable para la captura de actores clave, la recuperación del poder estatal en algunas zonas donde el crimen organizado gobierna desde hace varios años de facto, entre otras.

            Con todo lo anterior, es importante considerar que la negociación con grupos criminales presenta retos, desafíos y obstáculos para pensarse como una opción real de contención de la violencia desde el Estado. Sin embargo, la sociedad civil ha demostrado que puede contemplar esta alternativa para iniciar procesos de Paz (aunque sea negativa) en escenarios donde la cantidad de homicidios, desapariciones, asaltos y otros delitos de gravedad son críticos. Finalmente, son los actores locales quienes enfrentan de primera mano las consecuencias directas de la violencia en México, por lo que buscar acuerdos parciales con fines muy específicos (como el cese al fuego) no es descabellado.

            Además, se debe tener presente el contexto en el que se encuentra México actualmente. En los próximos meses, 30 de las 32 entidades tendrán elecciones en alguno de sus poderes estatales o municipales, además de la conocida elección presidencial en la que, por cierto, ya hay tres candidatos oficialmente registrados ante el Instituto Nacional Electoral. En este contexto, como han señalado algunos estudiosos como Ezra Shabot, la intervención del crimen organizado será determinante, no sólo para los resultados electorales, sino también para el propio procedimiento de colocación y operación de las casillas en muchas localidades del país. Incluso, se ha contemplado la posibilidad de anular las elecciones por violencia durante o antes de la votación. Es aquí donde la negociación con algunos actores ilícitos específicos para que se puedan llevar a cabo elecciones en estas localidades no resulta tan irreal, pues se propondría esta alternativa en un contexto muy específico, en localidades muy específicas, con fines también muy particulares.

Dialogar con los pies en la tierra

Mientras me encuentro escribiendo este artículo sobre la posibilidad de negociar con grupos criminales y mientras usted, estimado lector, se encuentra leyéndolo, la realidad en muchas partes de la República es que, probablemente, la sociedad civil e inclusive algunos tomadores de decisiones ya se encuentran conversando y negociando con actores ilícitos. Sea para ganar elecciones locales, sea para que los dejen gobernar, sea para contener la violencia en sus regiones. Lo cierto es que, mientras se señala desde la opinión pública la ilegitimidad, la sociedad civil que vive en carne propia la violencia busca alternativas para cambiar su contexto e incidir en la pacificación de sus regiones. Por lo mismo, creo pertinente que, como estudiosos del tema, podamos cuando menos abrir la conversación en torno a esta herramienta de contención de violencia y explorar sus riesgos y dificultades, aunque también sus posibles beneficios. Quizá no como una política de seguridad nacional, pero tal vez sí como una estrategia específica en contextos locales.

            Finalmente, he de decir que estoy consciente que la conversación es mucho más amplia que lo que pude expresar en estas líneas. Con este artículo, de ninguna manera es mi intención banalizar o simplificar la discusión en “pros y contras”, pues estoy de acuerdo que siempre habrá grises entre blancos y negros. Por el contrario, con el presente texto quiero abrir más el tema, para seguir explorando esta alternativa como una forma de pacificación de algunas localidades del país y que buena falta le hace a una sociedad que se encuentra desesperada por la construcción de paz y la garantía de seguridad en su día a día.