El coordinador de Morena en el Senado aseguró que la reforma enviada por Claudia Sheinbaum será aprobada sin parlamento abierto y en un plazo de 15 días; legisladores de su bancada y la oposición reclaman apertura
Rafael Ramírez | OEM-Informex
La bancada de Morena en el Senado exhibió este jueves 18 de septiembre divisiones internas por la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley de Amparo.
El coordinador parlamentario, Adán Augusto López Hernández, afirmó tajante que el proyecto será discutido en fast track, sin abrir un proceso de parlamento abierto y con la expectativa de aprobarlo en un plazo de dos semanas.
“No va a haber parlamento abierto, nunca ha habido de parte de nosotros una propuesta de parlamento abierto. Nosotros vamos, primero en comisiones y después en el Pleno, a analizar la iniciativa propuesta y en su momento a votarla”, sentenció el también exgobernador de Tabasco.
La postura contrastó con las expresiones de integrantes de su propio grupo parlamentario, como la senadora María Guadalupe Chavira y el senador Javier Corral, quienes habían señalado que la enmienda debía discutirse en parlamento abierto.
La discrepancia exhibe tensiones en el bloque morenista, que además enfrenta disputas internas por la asignación de presidencias de comisiones legislativas.
Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, advirtió que la reforma “es regresiva y autoritaria”, pues limita los efectos de las suspensiones de amparo, restringe la participación de organizaciones en defensa del medio ambiente y abre la puerta a que las autoridades puedan incumplir sentencias alegando “imposibilidad material o jurídica”.
“El objetivo es consolidar el poder absoluto del régimen y debilitar aún más a los ciudadanos”, acusó.
La iniciativa de Sheinbaum busca adecuar el juicio de amparo al nuevo diseño del Poder Judicial surgido de la reforma constitucional de 2024, que estableció la elección popular de jueces y magistrados.
Sin embargo, el debate ha escalado en el Senado: mientras López Hernández impulsa una ruta rápida de aprobación, la oposición exige transparencia y especialistas demandan un diálogo amplio para evitar que la reforma erosione uno de los últimos mecanismos de defensa ciudadana frente al poder público.
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