Morena prepara parches a la Reforma Judicial, tras un año de rezago y cuestionamientos (nota de Juan Carlos Rodríguez en OEM-Informex)

Las reformas secundarias buscan reducir aspirantes, endurecer los filtros y fortalecer la supervisión de los juzgadores, pero especialistas señalan que persisten los problemas que quedaron expuestos en 2025 como la baja participación y la aparición de acordeones

Juan Carlos Rodríguez / OEM-Informex

A un año de que entró en funciones el nuevo Poder Judicial, luego de la reforma que hizo posible la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, especialistas ven “aspirinas” en los cambios a las leyes secundarias que buscan enmendar algunos de los errores cometidos en los comicios de junio de 2025.

Previo al inicio del actual periodo ordinario de sesiones, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados puso entre sus prioridades modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Federal de Revocación de Mandato con el propósito de subsanar las deficiencias del proceso electoral pasado.

Entre los objetivos de las reformas están crear una comisión coordinadora que unifique metodologías y criterios de los tres comités de evaluación que califican las candidaturas, reducir el número de aspirantes, fortalecer las herramientas de investigación y sanción del Tribunal de Disciplina Judicial, regular el funcionamiento de las secciones de la Suprema Corte y hacer de la evaluación y la capacitación una tarea permanente y obligatoria.

Especialistas consultados por El Sol de México señalaron que detrás de esos proyectos de reforma está el reconocimiento implícito de que la elección de 2025 fue defectuosa, por lo que se estaría buscando erradicar el fenómeno de los “acordeones” (listas de recomendaciones para promover a ciertos candidatos entre los votantes), el excesivo número de aspirantes, la falta de pericia para detectar a personajes coludidos con el crimen y solventar deficiencias académicas y de conocimientos técnicos entre los que buscan convertirse en juzgadores.

Aspirinas para una enfermedad terminal

El exministro de la Suprema Corte Javier Laynez Potisek calificó las propuestas de paliativos. “Son aspirinas para una enfermedad terminal”, dijo. Ni la mejor metodología resuelve, a su juicio, evaluar el perfil de un juez con una entrevista de 10 a 15 minutos, como ocurrió en 2025, frente al antiguo sistema de carrera judicial, que exigía superar varias etapas —examen general de conocimientos, elaboración de una sentencias e interacción con jurados especializados— a lo largo de semanas.

Sobre reducir candidaturas, dijo que simplifica la boleta pero no el fondo. El ciudadano no tiene la obligación conocer perfiles técnicos, como el de un juez de distrito mercantil, a diferencia de una elección política donde puede votar por un partido o una ideología, incluso sin conocer la trayectoria del aspirante.

Las reformas propuestas por Morena “son paliativos porque persiste el problema de fondo, que es la elección en sí misma; a la mejor vas a tener mejores candidatos con estos remedios, sí, pero la elección te hace competir, te hace ir a buscar el voto y ahí es donde vamos a volver a caer en los acordeones”.

La reforma y sus efectos

La reforma judicial de 2025 estableció que ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces fueran elegidos mediante voto popular y sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal por un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.

De acuerdo con especialistas y académicos que en su momento expusieron los riesgos de la reforma judicial, el principal problema estructural es que la enmienda identificó como problema fundamental la forma de selección de los juzgadores, cuando el déficit más profundo de la justicia mexicana está en otros eslabones: investigación criminal, ministerios públicos, policías, defensoría pública, peritos, ejecución de sentencias y acceso efectivo a los tribunales.

Otro argumento de los expertos es que la elección por voto popular introdujo un incentivo incompatible con la función judicial, ya que, a diferencia de un aspirante a gobernante o legislador, un juez debe poder dictar una resolución sin preocuparse por su popularidad.

En la elección judicial de 2025, el INE reportó una participación de 12.9%, lo que representa una paradoja democrática. La reforma pretendía conferir mayor legitimidad popular a los juzgadores. Pero los nuevos jueces fueron elegidos por una fracción pequeña del electorado.

Adicionalmente, el ciudadano tuvo que escoger entre numerosos candidatos para distintos cargos, materias, circuitos y niveles. En muchos casos era prácticamente imposible que el votante promedio conociera la trayectoria, capacidad jurídica, independencia o competencias de cada aspirante.

Mayores filtros

Susana Camacho, coordinadora del programa de Seguridad de la organización México Evalúa, coincidió en que falta una certificación previa que compruebe conocimientos, habilidades y trayectoria antes de que los perfiles lleguen al proceso político de selección. “Esos filtros resultan a todas luces insuficientes”, advirtió, y consideró que reducir candidatos no mejora por sí solo la calidad de las opciones para la ciudadanía.

“Creo que el aprendizaje que nos dejó 2025 fue justo una elección cara en función del número de votos que se emitieron; fue muy poca gente a votar, creo que no se entendió por parte de la ciudadanía qué es lo que se estaba votando, quiénes eran los perfiles por los que se tendría que estar votando. Simplemente disminuir el número de candidatos no creo que vaya a darnos más claridad”, sentenció.

Después de un año de ejercicio de las nuevas autoridades judiciales, ambas fuentes documentan un rezago considerable. Camacho citó un acuerdo publicado a mediados de agosto por el órgano de administración judicial, con cifras oficiales de 62% de rezago —entre 216 mil y 260 mil casos pendientes—, señal de que las nuevas autoridades no sostienen el ritmo de trabajo previo a nivel federal.

Laynez remitió a cálculos del Observatorio Judicial, presentado la semana pasada, que estima 35% de rezago en la Suprema Corte frente a la integración anterior, atribuible en parte a la curva de aprendizaje de una Corte casi enteramente nueva.

En independencia judicial, Camacho reconoció que se identificaron perfiles con presuntos nexos a la delincuencia organizada o a partidos que, pese a ello, avanzaron en el proceso. “No se hizo nada”, lamentó, y responsabilizó en parte a la falta de rigor de las autoridades electorales.

Laynez alertó sobre un “efecto inhibidor”. El Tribunal de Disciplina Judicial ha suspendido a jueces y magistrados por razones de criterio jurídico, no por corrupción, lo que envía una señal de alerta a sus colegas y abona a la cooptación, dado que sus resoluciones son inatacables. Incluso la capacitación obligatoria vía la Escuela Nacional Judicial pierde sentido, dijo, en un esquema donde el incentivo de carrera ya no es prepararse, sino hacer campaña para conservar el cargo cada nueve años.

Laynez y Camacho coinciden en que los riesgos anticipados antes de la elección de 2025 se han confirmado: mayor rezago, señales de cooptación y un diseño institucional defectuoso.

Las reformas secundarias que Morena llevará al próximo periodo ordinario podrán atenuar síntomas puntuales, coinciden ambas voces, pero no corrigen la raíz del problema: haber convertido la impartición de justicia en un ejercicio sujeto a la lógica electoral.

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