Mirada desencantada | “Que se ‘joda’ Xóchitl, Beatriz no se baja”. Autora: Ivonne Acuña Murillo

Por: Ivonne Acuña Murillo

Una vez que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, se bajó de la competencia para convertirse en “responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México (FAM)” ha comenzado una insistente presión para que la senadora Beatriz Paredes Rangel del Partido Revolucionario Institucional (PRI) haga lo propio y deje libre el camino a la también senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, quien de manera cuasi automática se convertiría en la candidata a la presidencia de la República por la coalición “Va por México”. De forma contundente, Paredes Rangel esgrimió, en el sexto y último foro llevado a cabo en Yucatán, argumentos de corte democrático y feminista para afirmar que continuara hasta el final. Uno de los adjetivos calificativos que utilizó para fijar su postura se utiliza aquí, en una especie de licencia literaria, para poner título a esta colaboración.

En sus propias palabras:

No hay que confundirse, personalidades brillantes como Xóchitl existen, pero la democratización es lo que prendió la fuerza y el entusiasmo, la posibilidad que percibe la gente de que puede incidir en las decisiones y que las cúpulas están cambiando, por eso decidí no declinar porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio, con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México. ‘Si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, estamos jodidas’. Lo que tenemos que lograr es una nueva manera de articular la política para recuperar la confianza de la sociedad.

Por supuesto, no es Beatriz quien dice: “que se joda Xóchitl”, sino yo que, además de la licencia literaria, me doy permiso de inferir y sacar conclusiones a partir de hechos. En este caso, no es innocuo ni banal que la senadora priista siga en la contienda demostrando, en cada ocasión, su superioridad política respecto de la aspirante cercana al PAN y poniendo en peligro su candidatura si decide echar a andar la estructura partidaria y personal que bien podría llevarla a reunir más “simpatías” que la propia Xóchitl, por lo que no faltan los personajes “de peso” dentro de “Va por México” en pedir el descenso de la priista: “Tú eres la clave para que la estrategia de tierra funcione. Un gesto tuyo puede darnos un gran poderío” (Vicente Fox Quesada).

Su resistencia a “bajarse” de la contienda bien podría leerse en dos sentidos: Está “vendiendo caro su amor” para que su recompensa sea mayor que la de Creel o quiere dejar constancia, en la que parece una de sus últimas batallas políticas, de que es un hueso duro de roer, que no es una “perita en dulce” ni una persona que no haya concluido de manera destacada su curva de aprendizaje en materia política, como puede observarse si se revisa con atención su trayectoria política, ni alguien a quien se pueda doblar fácilmente.

Paredes fue gobernadora del estado de Tlaxcala (1987-1992), secretaria general y presidenta de la Confederación Nacional Campesina (CNI) (1995-1998), presidenta del Parlamento Latinoamericano (2000-2002), primera presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) en la LVIII Legislatura (2001-2002), presidenta nacional del PRI (2007-2011) (sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa), embajadora de México en Cuba (1993-1994) nombrada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y en Brasil (2012-2016) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Larga carrera que incluye diversos cargos político-administrativos al interior de su partido y de la administración pública federal, así como puestos de representación popular. Es además escritora y poeta.

Posiciones políticas de las cuales con seguridad conserva apoyos y gente que movilizar, como ella misma dejó ver, en entrevista con Azucena Uresti (“Beatriz Paredes está de acuerdo con reunir un millón de firmas para ser candidata presidencial”, Radio Fórmula, https://www.youtube.com/watch?v=BD3AaTeX_T8), cuando afirmó que no tendría problema para reunir el millón de firmas (1% de la lista nominal de electores) que originalmente pretendía que reuniera, en mayo de 2023 el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien quisiera participar en la competencia por la candidatura de la coalición “Va por México”.

Al parecer, la hipótesis más viable es la segunda pues, dada su experiencia política bien podría Beatriz Paredes comprender que las posibilidades de que Xóchitl Gálvez venza a quien encabece la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) son escasas, por lo que el “premio de consolación” sería más bien una quimera, a menos que Gálvez quite a Santiago Creel, o él se baje por segunda vez, para nombrar a Paredes jefa de su campaña.

A menos que cambié de opinión en el último minuto, cosa frecuente en política, y se baje de la contienda, lo que sigue es que Paredes llegue al final pero decida no echar a andar la maquinaria de que dispone para que Gálvez pueda obtener la mayoría de las preferencias y se convierta, como parece ser el deseo de quienes dirigen “Va por México”, en candidata a la presidencia de la República. Sin embargo, se baje o no, Beatriz ya abolló la armadura de su rival toda vez que ha dejado constancia de su superioridad política, no sólo en materia discursiva sino práctica en relación con el funcionamiento del Estado y el gobierno. Por supuesto, no falta quien intente defender a Xóchitl Gálvez en razón de “su frescura” y supuesta cercanía con el deseo ciudadano de que gobierne alguien alejada de la “vieja política”. (Al respecto leer: Carlos Angulo, “Los Foros del FAM no son concurso de oratoria”, Línea Política, 21 de agosto de 2023).

Aclarado el punto de lo que no diría Beatriz, se puede sostener que lo que si diría es que no es Xóchitl quien atrajo la atención de la ciudadanía, por más brillante que pudiera ser, sino la oportunidad democrática de incidir en las decisiones, por lo que el fallo sobre quien debe ganar le corresponde a la gente y no a ella con su declinación. Por otro lado, con esta decisión afirma alejarse del “modo masculino” de hacer política, a partir de “arreglos” cupulares alejados de la voluntad popular.

Ambos argumentos serían impecables si quien los profiere no hubiera formado parte de un régimen político antidemocrático y patriarcal en el que la voluntad del pueblo se encontraba subordinada a los intereses del presidente de la República en turno y del longevo partido hegemónico, mejor conocido como “PRI”. Igualmente, si los derechos políticos y sociales de las mujeres no hubieran sido escatimados en función de las necesidades de los grupos políticos en disputa por el poder.

Se dijo arriba que Beatriz Paredes fue presidenta nacional del PRI durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Momentos cruciales sin duda que marcaron una enorme derrota en materia de los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo, pues durante la administración del autonombrado presidente y de la flamante presidenta del PRI, este partido en acuerdo con el PAN y el mismo PRD convino en aprobar leyes antiaborto en 17 estados de la República:  California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Poco tiempo después se unieron los estados de México, Hidalgo y Veracruz.

La pregunta obligada es ¿Dónde estaba ‘la feminista’ Beatriz Paredes en 2009 cuando su partido aprobó leyes antiaborto en tantos estados? ¿Cómo creerle que hoy si defenderá los derechos de las mujeres cuando en 2009 no lo hizo? No levantó ni siquiera tímidamente la voz para evitar que el partido al que encabezaba aprobara las leyes que propiciaron que, entre 2009 y 2018, 200 mujeres fueran acusadas de homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio, omisión de cuidados y arrestadas por este motivo y que 28 personas más fueran sentenciadas por haber tenido algún grado de participación, especialmente en los estados de México, Veracruz, Tamaulipas, Sonora e Hidalgo; que entre 2007 y 2016, 4 mil 246 personas fueron denunciadas por abortar; y que en septiembre de 2021 se contabilizaran 432 carpetas de investigación abiertas en 27 entidades (Eréndira Aquino, “En México, abortar se paga con cárcel: en 10 años, 228 personas fueron sentenciadas”, Animal Político, 30 de agosto de 2018).

Evidentemente, el PRI de Paredes intercambió los derechos de las mujeres por algún tipo de acuerdo con el PAN, partido que, con la Iglesia Católica detrás, llevaba tiempo intentando negar a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. A decir de una portavoz del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), en entrevista con BBC Mundo: “Nos parece indignante este viraje hacia el ultraconservadurismo. Aquí se juegan luchas políticas sobre el cuerpo de las mujeres. No les importa a los políticos que una mujer violada tenga que llevar a cabo un embarazo no deseado” (Cecilia Barría, “Estados mexicanos prohíben el aborto”, BBC Mundo, 24 de noviembre de 2009).

Por supuesto, el pasado priista de Beatriz habla por sí mismo, más allá de si ella se corrompió y se enriqueció o no igual que sus correligionarios, no puede negarse que comparte con ellos la mancha de un partido desprestigiado por la corrupción, el uso indebido de recursos públicos y el olvido en que sumieron a millones de personas en pro de su propio enriquecimiento. Lástima de carrera política, se diría.

Se pensara que, una vez descalificada Beatriz por su pasado priista, la allegada, que no militante, panista Xóchitl sale mejor librada, pero no es así. Si a la primera le pesa su pasado, a la segunda le pesan el pasado próximo del PAN y su cercanía presente con los valores y visiones de país y sociedad de este partido conservador. En ambos casos, las candidatas están unidas a partidos que, siendo gobierno, se olvidaron o poco hicieron por las mayorías desfavorecidas a las que ahora intentan llevar a las urnas en 2024, incluyendo a las mujeres.

Discursos más o menos elaborados, más o menos retóricos, más o menos conocedores de cómo funcionan el Estado y el gobierno, pero vacíos de contenido si se los pone de cara a la realidad pasada y presente de los institutos políticos que pretenden que una mujer compita con otra mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, en caso de que ella sea quien encabece la candidatura a la presidencia de “Juntos Hacemos Historia” el año próximo.

Pero no solo Beatriz podría ser relacionada con casos de corrupción ajena. Xóchitl Gálvez “no canta mal las rancheras” cuando recientemente ha sido señalada, ella sí directamente, de corrupción, conflicto de interés y uso indebido de la función pública por el caso de los contratos que particulares y el propio gobierno otorgaron a empresas de su propiedad mientras ella se desempeña(ba) como funcionaria pública. Mucho ha sido tocado este tema en medios en las últimas semanas por lo que no hay necesidad de profundizar en ello ni en su trayectoria, analizada por quien escribe en el texto: “Ellas también pueden: mujeres candidatas a la Presidencia” (Revista Zócalo, Agosto 2023). Así visto, bien se podría sostener que “Beatriz pisa su cola” y “Xóchitl muerde su lengua”, cuando durante los seis foros organizados por el FAM, acusan a esta administración de lo que sus propios partidos hicieron. Acusaciones que forman el eje de su discurso, propuesta de país y de futuro.

Si en Beatriz puede rastrearse un discurso coherente en términos estructurales respecto del Estado y del gobierno, en Xóchitl se recogen pedazos que apuntan a persuadir a muy diversos grupos sociales, sin que se logre una propuesta unificada basada en el conocimiento profundo de esos colectivos, llámense trotskistas, trabajadores, indígenas, lgtbistas, ambientalistas, mujeres agredidas sexualmente en Iztapalapa (¿?) o feministas. Respecto de estas puede decirse que, en el último foro organizado por el FAM denominado “El México para las mujeres”, Xóchitl demostró su desconocimiento de la historia del Movimiento Feminista y sus diversas etapas, pero sobre todo de los distintos factores (culturales, políticos, económicos, sociales) en los que descansa la condición de subordinación de las mujeres en México y el mundo, pretendiendo reducirla a una sola de sus dimensiones, a saber, la económica.

En más de una ocasión, durante sus intervenciones, afirmó que “una mujer empoderada difícilmente será víctima de violencia” por lo que animó a las mujeres a adquirir conocimientos,  prepararse y tener información que les permita obtener mejores ingresos. Y no es que dicha independencia deba considerarse algo equivocado, pero sí insuficiente para modificar las condiciones de subordinación de las mujeres y terminar con todas las violencias estructurales que sufren a lo largo de su vida. Al parecer, la senadora ignora que una mujer que trabaja y cubre sus propios gastos y, muchas veces, los de su familia también puede ser violentada, incluso en su propia casa cuando su pareja le quita lo que gana o la golpea, ofende, minimiza, humilla, etc. La independencia económica tampoco asegura que una mujer no pueda ser secuestrada, violada, acosada, desaparecida o asesinada.

Esta idea de que trabajar y ser independientes económicamente cambiaría la situación de subordinación de las mujeres se probó hace mucho, mucho tiempo, al igual que aquella a partir de la cual bastaba con que les fueran reconocidos sus derechos políticos, y se concluyó que no era suficiente, por lo que se siguió investigando hasta que en la década de los 80’s, del siglo pasado, se construyó todo un andamiaje teórico que permitió entender que la subordinación femenina era un fenómeno multifactorial y multidimensional complejo que no podía ser explicado y mucho menos superado a partir de la independencia económica de las mujeres.

Igualmente, la senadora panista no ha introyectado que el trabajo doméstico y la reproducción biológica es responsabilidad de ambos sexos y no de las mujeres pues, también en más de una ocasión, agradeció a su esposo, que no la acompaña a cuestiones políticas, por “ayudarla” en casa.

En conclusión y respecto de los temas tratados en el sexto foro: la política que se dice feminista, Xóchitl, no sabe de feminismo, y la que sí sabe, Beatriz, cuando tuvo que ser feminista y defender los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo no lo fue. Elija usted cuál de las dos deberá alcanzar la categoría de candidata a la presidencia de la República en 2024 pues, hasta ahora, vale decir “Que se ‘joda’ Xóchitl, Beatriz no se baja”.

Mirada desencantada

Aumenta la lista de abusos que el autócrata Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su esposa, Rosario Murillo, cometen en contra de quienes se atreven a cuestionarles. Es el caso de la Compañía de Jesús, que denunció crímenes de lesa humanidad perpetrados por su gobierno, de acuerdo con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la cual ha privado no solo de personalidad jurídica sino de sus bienes (inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera) al confiscar a la Universidad Centroamericana (UCA), administrada desde hace más de 60 años por la orden religiosa, y convertirla en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. Cuatro días después de este hecho, se ordenó confiscar la residencia Villa del Carmen, donde viven los religiosos y religiosas que trabajan en la UCA. Según su testimonio, la policía se presentó en la residencia para exigir que abandonaran la propiedad, pese a que el inmueble no pertenece a la universidad.

El pretexto que sirvió para justificar tal decisión se relaciona con los estados financieros de 2020, 2021 y 2022 supuestamente no reportados y por no haber renovado la junta directiva de la institución vencida desde el 27 de marzo de 2020. Acusaciones que la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) rechaza por considerarlas calumniosas y parte de un plan de hostigamiento en contra de la UCA.

Esta confiscación es la última acción de una cadena de ataques dirigidos en contra de la UCA y la Compañía de Jesús desde el 15 de agosto de 2018 en que se abrió una causa penal en su contra por el delito político de terrorismo. Acción que docentes y líderes estudiantiles califican como represalia por la participación de la institución en la rebelión de abril de 2018 en contra de los abusos de la pareja Ortega-Murillo, quienes la han tomado en contra de universidades, asociaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y manifestantes convertidos en presos políticos y víctimas de torturas, agresiones, violaciones a sus derechos humanos y a la constante persecución y asedio que ejercen sobre sus familiares, según han documentado la ONU, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros organismos. (“La venganza del régimen: el castigo tras la rebelión del 2018”, Expediente Público, 20 de abril de 2022).