Mirada desencantada | El “Estado mínimo” de López Obrador. Autora: Ivonne Acuña Murillo

Por: Ivonne Acuña Murillo

Desde antes de llegar a la silla presidencial el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha buscado diferenciar su proyecto, la Cuarta Transformación (4T), del modelo económico-político de corte neoliberal. Sin embargo, más allá de las diferencias de fondo entre lo que se podría denominar “el nuevo modelo económico-político posneoliberal” representado en México por el mismo presidente y el modelo neoliberal, operado por los expresidentes Miguel de la Madrid Hurtado (MMH) (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (CSG) (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (EZPL) (1994-2000), Vicente Fox Quesada (VFQ) (2000-2006), Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (FCH) (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (EPN) (2012-2018), la visión en torno al tamaño del Estado parece coincidir. Reducir su volumen se ha convertido en tarea central para ambos paradigmas, por lo que cabría preguntarse ¿qué es aquello que los distingue?

Por principio, cabe apuntar que el tamaño del Estado fue lo que distinguió la visión liberal y más tarde neoliberal de lo que dio en llamarse Estado de Bienestar o Benefactor. Para las dos primeras el Estado debería concentrarse en la realización de actividades mínimas, en especial la defensa de la propiedad privada, el aseguramiento de medidas legales y de seguridad que permitieran la reproducción del capital a nivel nacional y mundial, así como la protección de la seguridad física y patrimonial de la población en general, aunque en los hechos, se dirigió más a los sectores propietarios. Lo anterior, dio lugar a que dicho Estado fuera denominado “Gendarme”. Por el contrario, el Estado de Bienestar se distinguió por la ampliación de una serie de políticas públicas de extensa cobertura en favor de grandes núcleos de población, siendo el Estado a la vez gobierno, dotador de servicios, empleador, empresario, etc., lo cual llevó al crecimiento sin precedente de las instancias públicas dedicadas a la gestión de tales políticas públicas y, por tanto, de la burocracia y con ellas de la deuda pública.

Este engrosamiento de estructura y deuda llevó a pensar, a teóricos, economistas y políticos, que debía volverse al modelo liberal del Estado Mínimo, especialmente en materia económica, “dejando todo al mercado”. En el caso de México, durante los sexenios de los expresidentes mencionados, MMH, CSG, EZPL, VFQ, FCH y EPN, se buscó minimizar el tamaño del Estado vía privatizaciones y la reducción de las políticas públicas de amplia cobertura a su expresión mínima.

Durante los sexenios de MMH y CSG se llevó a cabo la privatización de un número importante de empresas administradas por el Estado. Al finalizar el sexenio de José López Portillo (JLP) (1976-1982) el Estado mexicano contaba con 1150 empresas en ramas como: petróleo, petroquímica, minería, electricidad, telefonía, comunicaciones, ferrocarriles, transportación aérea, química, automotriz, acero, azúcar, bienes de consumo duradero, banca, comercio y diversos servicios. La privatización de empresas se acompañó de procesos de “desincorporación del sector paraestatal”, a partir del cual se liquidaron empresas o extinguieron fideicomisos (294), se llevaron a cabo fusiones (72), transferencias a gobiernos estatales (25) y por último, la venta o privatización de 155 empresas. El aparentemente, pequeño número de ventas no debe restar importancia a lo ocurrido pues estas se dieron en sectores como las industrias siderúrgica, bancaria, azucarera, de fertilizantes, telefonía, ferrocarriles, aeropuertos, líneas aéreas, etc. (Para puntualizar más sobre este proceso se recomienda leer el artículo de Emilio Sacristán Roy, “Las privatizaciones en México”, Economía UNAM, vol. 3, no. 9, sept/dic., 2006. En línea en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2006000300004).

De cierta manera, el modelo neoliberal se estableció en contraposición a las características del modelo benefactor, a saber un Estado: intervencionista, paternalista, proteccionista, modelo económico de desarrollo hacia adentro, comandado por políticos, relaciones cara a cara con la gente, gobiernos movilizadores de masas, más preocupados por la microeconomía y la búsqueda del equilibrio entre las necesidades populares y el proyecto industrializador, ampliación importante del Estado como institución proveedora de bienestar social, mercado más incluyente y empleador de mano de obra, aumento del gasto social dirigido al bienestar de la población, política de seguridad social incluyente dirigida a elevar el nivel de vida de la población en general, la existencia de un pacto social interclases, estatización de la protección de los derechos sociales, minimización de los efectos negativos del mercado y un intento parcial por mejorar la distribución de la riqueza.

Por su parte, el modelo neoliberal llevó a la gestión de un Estado: no intervencionista, no paternalista y no proteccionista, con un modelo económico de desarrollo hacia afuera, comandado por tecnócratas, relaciones distantes con la gente, gobiernos desmovilizadores de masas, más preocupados por la macroeconomía, pérdida del equilibrio entre las necesidades populares y el proyecto industrializador en beneficio de este último, reducción importante del papel del Estado como institución proveedora de bienestar social, mercado expulsor y precarizador de la mano de obra, disminución del gasto social dirigido al bienestar de la población, política de seguridad social dirigida a elevar el nivel de vida de sólo una parte de la población, ruptura del pacto social interclases, privatización de la protección de los derechos sociales, y escasa minimización de los efectos negativos del mercado.

Comparando las características de ambos modelos con el paradigma propuesto por el presidente López Obrador se encuentra que en el suyo: no están dadas ya las condiciones que permitieron antes del año 2000 un Estado intervencionista, aunque ciertamente reproduce en alguna medida los patrones paternalista y proteccionista. Tampoco es posible hoy, a partir de la globalización, un modelo económico de desarrollo hacia adentro, pero si volver a un Estado comandado por políticos con relaciones cara a cara con la gente y gobiernos movilizadores de masas. En lo que respecta a la economía, AMLO ha vuelto a mirar a la microeconomía, llenando parcialmente los bolsillos de la gente con pensiones para personas adultas mayores, becas a estudiantes, ayudas a madres solteras y personas que sufren alguna discapacidad, etc., pero sin descuidar las finanzas públicas y la macroeconomía (inflación, tipo de cambio, déficit comercial, entre otros). Las grandes obras de infraestructura recogen la búsqueda del equilibrio entre las necesidades populares y el proyecto industrializador. Las transferencias monetarias, los precios de garantía dados a los agricultores, el plan Sembrando Vida y otros suponen la minimización de los efectos negativos del mercado, procurando protección a quienes no pueden pagar los altos costos impuestos por este.

Así expuesto, queda de manifiesto que el de López Obrador no es un proyecto que trascienda los límites del capitalismo en pos de un futuro socialista o comunista, como la oposición política ha pretendido hacernos creer. Por el contrario, coincide en algunos elementos con el modelo de Estado benefactor y en otros con el neoliberal.

Sin embargo, marca una clara diferencia, a pesar de que a simple vista sigue uno de los mandatos del neoliberalismo: la reducción del tamaño del Estado. Desde el inicio de su administración, buscó adelgazar a la enorme burocracia gubernamental. Una de las medidas que tomó fue el cierre de una decena de subsecretarías como la de Minería, cerrada definitivamente el martes 1 de septiembre de 2020.

En 2022, continuó la reforma administrativa para “evitar derroche y la duplicidad de funciones”, a decir del mismo López Obrador, pues “Había muchas instituciones que no ayudaban o que era muy poco su alcance en beneficios a la gente y mucho su costo; era más el aparato burocrático que los beneficios a la gente, era lo que decíamos, que ya no se recuerda, un gobierno rico con pueblo pobre”. Lo anterior, a raíz de la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), cuyas funciones serían desarrolladas por la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, perteneciente a la Secretaría del Bienestar.

Puede decirse que AMLO, tanto como los neoliberales mexicanos, ha buscado la reducción del Estado, pero los primeros lo hicieron bajo un supuesto afán por terminar con el despilfarro que conllevó a un estado obeso y endeudado empeñado en repartir dinero a diestra y siniestra, para sanear la economía y reducir los altísimos gastos del Estado. Todo sonaba muy bien pero, desafortunadamente, lo que se obtuvo fue el aumento de la influencia de la iniciativa privada en la economía, la creación de enormes fortunas a partir de algunas de las más importantes privatizaciones, como Telmex, la corrupción, el desvío de recursos, el empobrecimiento de la población, etcétera. Todo esto evidenció la ruptura del pacto social interclases y el fin del compromiso del Estado por mejorar el nivel de vida de la gente, salvo las élites, por supuesto.

Por su parte, el presidente López Obrador ha buscado redirigir el presupuesto y los ahorros económicos, que la reducción del Estado y la corrupción política conlleva, a las mayorías y a las grandes obras de infraestructura buscando crear polos de desarrollo en zonas deprimidas, recuperar el poder adquisitivo del salario, entre otros.

Ha procurado también la entrega de recursos de manera directa prescindiendo de intermediarios y burocracia, como en el caso de las estancias infantiles, el fin de 109 fideicomisos. Igualmente, medidas como el recorte del 70% a los reguladores energéticos, Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, Comisión Reguladora de energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, creados a partir de la Reforma Energética de 2013, encargados de atender las necesidades del sector “para fomentar la inversión productiva y su desempeño eficiente y sustentable en beneficio de México” (Página del Gobierno de México, 01 de enero de 2017), durante los primeros 3 años de esta administración. Lo que a simple vista parece es la creación de instancias cuya función principal sería “cuidar del buen funcionamiento del gobierno en esta área” al tiempo de suplirlo en aquellas funciones que le son propias; esto es, la creación de instancias que de alguna manera estarían duplicando las funciones, por ejemplo de la Secretaría de Energía, y para lo cual requieren de presupuestos expresamente asignados, elevando con ello el costo de la producción y distribución de energía. Por lo que, en la conferencia mañanera del 7 de enero de 2021, el presidente dijo que: “Necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman el presupuesto y que (este) se quede en el mismo gobierno y no se le transfiera a la gente”.

Contrario a lo prometido, los gobiernos neoliberales encontraron la forma de hacer más grande y oneroso al Estado a través de fideicomisos, comisiones, por todo y para todo, órganos autónomos, asociaciones de la sociedad civil formadas por los mismos gobiernos, que no aquellas independientes de este.

Con el fin de algunos fideicomisos y órganos autónomos, AMLO busca reducir el tamaño del Estado, lo que por supuesto sigue no solo un interés económico, sino político. Es decir, no se trata solo de reducir gastos para redirigir el presupuesto a los programas sociales o a las obras de infraestructura del gobierno, sino desmantelar, al menos en parte, la estructura de poder en la que se basaron los gobiernos neoliberales, para concentrar el poder de las decisiones en el gobierno federal encabezado ahora por el propio presidente y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Sin una plataforma política propia es imposible cambiar el modelo económico neoliberal en favor de las mayorías.

Pero, a pesar de que la intensión de dichos cambios sea clara, no puede dejar de cuestionarse la eficacia de algunas de estas medidas. Por ejemplo, al hablar de la reducción de la burocracia, la pregunta obligada se dirige a una posible perdida de capacidad operativa. En relación con las grandes obras de infraestructura se debe analizar si estas aún conservan la lógica extractiva del capitalismo y que tal vez hubiera sido interesante entregarlas a la población para su administración y explotación, por supuesto a partir de acuerdos básicos que hicieran viable su operación. En lo que respecta a la entrega directa de recursos económicos podría preguntarse si estos cubren los servicios que se daban, por ejemplo, a las madres que tenían necesidad de dejar a sus hijas e hijos en guarderías subrogadas.

Siguiendo esta línea, cabe preguntarse por la pertinencia de la inminente desaparición de la agencia de noticias del Estado (Notimex), pues a decir del presidente ya no es necesaria pues su función es cubierta por las “Mañaneras”. Lo que se puede observar a primera vista es que se sustituye una institución del Estado por una estrategia de comunicación personalista que bien podría no operar de la misma manera en las siguientes administraciones, de tal suerte que la amplia función informativa de la agencia podría no ser cubierta en el futuro. No se niega que dicha agencia debía ser reestructurada atacando la corrupción de que fue objeto, así como recuperando su hacer como agencia estatal y no sólo como aquella que atendía las necesidades informativas y de manipulación de los gobiernos en turno.

Debería también analizarse la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la también posible sustitución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, de acuerdo con una iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, entre otros. La duda en estos casos gira no únicamente en materia de eficacia operativa, sino en relación con la concentración de las decisiones en el gobierno federal, incluyendo aquella de brindar o no información sobre su funcionamiento y uso de recursos públicos a la ciudadanía.

Aunque se entiende la necesidad política de tales cambios la pregunta principal se deriva de una certeza: el gobierno del presidente López Obrador está por concluir y quien llegue después de él no necesariamente hará el mismo uso de las transformaciones por él efectuadas.

Para concluir, se afirma que el Estado mínimo de AMLO es cualitativamente diferente al del modelo neoliberal toda vez que no busca beneficiar a las élites, sino a la población menos favorecida.

Mirada desencantada

De manera paradójica, una mexicana ha sido reconocida por la revista Time como integrante del grupo que forman las 100 mujeres más influyentes del año. La paradoja radica en que un reconocimiento que podría haberla hecho sentir importante, reconocida, aceptada, admirada, ha sido determinado por las peores razones. El 28 de agosto de 2008, Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera de 19 y 24 años, respectivamente, desaparecieron cuando viajaban a Atoyac de Álvarez, junto con otros cinco jóvenes, a vender pequeñas piezas de oro. Dos años después, en 2010, Luis Armando de 24 y Gustavo de 28 años, ambos de apellido Trujillo Herrera, desparecieron cuando hacían un viaje de trabajo a Veracruz en compañía de dos familiares más, un nieto y un sobrino.

La coincidencia que une a los cuatro jóvenes desaparecidos es que todos son hijos de María Herrera Magdaleno, mujer originaria de Pajacuarán, Michoacán, de 73 años, incluida en la lista de Time. Casi quince años después de la primera desaparición los cuatro jóvenes, junto con los cinco que acompañaban a los primeros dos y los dos que iban junto con los segundos, siguen sin ser encontrados. Misma cantidad de años que la señora María ha dedicado a la búsqueda de sus hijos y familiares y, por extensión y asunción propia, a la búsqueda de los hijos e hijas de otras madres y padres; al acompañamiento y asesoramiento de otras familias y colectivos; a participar, en 2014, en la formación de una organización nacional de búsqueda y apoyo a familiares de personas desaparecidas, la Red de Enlaces Nacionales (REN), formada actualmente por más de 65 colectivos de todo el país, con el objetivo de coordinarse y crear estrategias conjuntas para investigar la desaparición de un ser querido; a participar en movimientos sociales como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado en 2011 por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado. En ese mismo año, en un evento convocado en el Castillo de Chapultepec por el MPJD habló frente al entonces Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, haciendo referencia a las dificultades que enfrentan las víctimas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Su activismo dio lugar a que en el año que corre se formara el grupo “Familiares en Búsqueda María Herrera”.

De acuerdo con la base de datos creada en 2019 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se sabe que en Guerrero, la entidad donde desaparecieron sus hijos, operan más de 20 grupos delictivos, entre los que destacan: Los Caballeros Templarios, el Cártel del Sur, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana, Guerreros Unidos y Los Viagras. Por supuesto, se desconoce si la desaparición de sus hijos está directamente ligada a alguno de estos cárteles.