A juzgar por lo que está sucediendo simultáneamente en diversas entidades federativas, en las cuales los criminales toman calles, queman negocios y vehículos, y causan miedo en la población como si la Guardia Nacional ni el Ejército existieran, y con independencia de si esto es o no amplificado por los medios de comunicación y las redes sociales; no se puede negar que México tiene un grave problema de inseguridad pública. No voy a discutir si fue causado por gobiernos anteriores –desde luego que todos los gobiernos, incluido el actual, tienen enorme responsabilidad–, pero sí voy a subrayar que este gobierno prometió resultados, y para ello creó, con el apoyo de todos los partidos políticos, la Guardia Nacional. La GN fue creada en 2019 y en su erección se estableció que el presidente podría hacer uso de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública por un periodo de cinco años. El presidente pensó que ese tiempo sería suficiente para, si no solucionar el problema, sí reducirlo a niveles aceptables. Pero ahora que el tiempo se le acaba, López Obrador sabe que eso no va a suceder.
Hace unos días López Obrador anunció que emitiría un acuerdo o decreto para que la Guardia Nacional pasara por completo bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, al día de hoy no ha sido emitido tal decreto. La oposición y los críticos del gobierno, no sin razón, objetaron que una acción de esa naturaleza sería violatoria de la constitución. En efecto, el artículo 21 establece que la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Si la GN está conformada por elementos de las fuerzas armadas y se incorpora a la Sedena, parece claro que se viola la constitución. Y yo creo que el presidente lo sabe. Para que la Guardia Nacional quede bajo la Sedena se necesita una reforma constitucional, y el presidente no tiene los votos necesarios para alcanzarla. Tampoco el Congreso federal, con mayoría morenista, podría modificar la Ley de la Guardia Nacional de tal manera que ésta pasara al control de la Sedena, pues el artículo 73 constitucional, fracción XXIII, ordena que las leyes que en esta materia se emitan, no pueden contravenir al artículo 21, que sin lugar a dudas señala el carácter civil de la GN. Además, el propio artículo 21 ordena que la GN esté adscrita a la “secretaría del ramo de seguridad pública”, o sea, a la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así que el presidente quiso irse, como se dice, “por la libre”, aunque, repito, no ha emitido el anunciado decreto de incorporación.
Si usted fuera el presidente, ¿qué haría? Tal vez usted dirá: “pues respetaría la Constitución, los tratados internacionales y las leyes”, como si de verdad los presidentes anteriores hubieran respetado el Estado de Derecho. Por favor. Seamos serios. Es verdad que hay que respetar el marco normativo –desde luego no estoy diciendo que hay que pasarse por alto la ley–, pero también es verdad que estamos en una situación extrema. Todo lo que se ha intentado para resolver el gravísimo problema de la inseguridad, todo absolutamente ha fracasado.
Hagamos un ejercicio, o una hipótesis de trabajo, si usted me lo permite. Que conste que es un ejercicio y no una adhesión a la idea de incorporar la GN a Sedena. Pongámonos en los pies del presidente (no de López Obrador, sino del presidente, quienquiera que éste fuera). ¿Qué hacemos con la GN? ¿Qué hacemos con la seguridad pública? ¿Que se encarguen las policías, sean municipales, estatales o federales? ¿Guardamos a los militares y marinos en sus cuarteles, ahora que fenezcan los cinco años? Las policías, particularmente las de los estados y municipios, fueron y son parte sustancial del problema. No podemos volver al esquema del pasado en el que la seguridad pública estaba en manos de las policías. Si este gobierno –o cualquier otro gobierno a estas alturas– hiciera algo así, entonces habría un desastre aún mayor del que ya existe. Y de regresar la tropa a los cuarteles… ¡uy! Si estando desplegados marinos y militares en todo el país los criminales actúan como si las fuerzas armadas no existieran, imagínese lo que pasaría si ahora este gobierno ordenara la retirada. Es muy fácil criticar y hablar de dientes para afuera, pero el problema es insoluble. Nadie ha podido con él y la verdad es que ni Calderón ni Peña tienen ni boca ni autoridad para andar de fanfarrones (bueno, Peña ni habla ni se mete, solo disfruta de la vida y del lujo con su novia en Europa y Dominicana).
Al presidente no le queda otra. La apuesta es sumamente alta, pero no hay alternativa. Claro, lo razonable sería que este esquema militar (porque es un esquema militar, y eso no se puede negar por más libertario, izquierdista y progresista que uno clame o finja ser) se alcanzara a través de reformas constitucionales, con el consenso de todos los partidos, y no por un decreto que, aunque no se ha efectuado, parece ser más la voluntad caprichosa de un dictador que de un presidente que se ve a sí mismo como el más democrático de la historia.
Si la militarización de la GN y de la seguridad pública fuera la solución, vale. Sería una solución dolorosa y riesgosa, pero si nos garantizara la solución del problema, no sería irrazonable pensar en ella e implementarla. Pero temo que no va a servir de nada. Voy a decir algo terrible, pero es la verdad: aunque en México se estableciera una férrea dictadura militar, el crimen organizado seguiría teniendo dominio de buena parte del territorio nacional, porque las fuerzas armadas no tienen la capacidad, como se ha comprobado innumerables ocasiones, de imponerse simultáneamente en todo el país. Entiendo la apuesta del presidente, aunque no la comparto, y comprendo que él no tiene alternativa. Entiendo que si emitiera el tal decreto, estaría pisoteando la constitución. Pero también entiendo, y esa es la gran tragedia de nuestra nación, que la apuesta es una apuesta perdida. Este país seguirá tristemente en manos del crimen organizado.
