México presentará recurso ante la Corte Internacional de Justicia por asedio policial y militar a la Embajada en Bolivia: Ebrard

Foto: Gobierno de México.

Por Redacción / Sin Embargo

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció esta mañana que México presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que el Gobierno “de facto” de Bolivia respete la Embajada en ese país.

    “Como no hemos recibido respuesta, el día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional [sic] por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones, así como de quienes se encuentran al interior”, aseguró.

Momentos después publicó en su cuenta de Twitter: “Presentaremos recurso ante la Corte Internacional de Justicia para que el asedio policial y militar a las sedes de la Embajada de México en Bolivia sea suspendido. Demandamos respeto a la Convención de Viena y al Pacto de Bogotá en la materia”.

    “Que se aleje de cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra Embajada en Bolivia. Eso no lo hizo ni [Augusto] Pinochet”, dijo por su parte el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el Canciller mexicano reiteró que el exhorto de las autoridades es que sean respetadas las instalaciones de la sede diplomática en Bolivia y la integridad de las personas que se encuentran ahí.

    “Consideramos un posible incumplimiento esencial a las obligaciones a las que estamos atenidos todos los países respecto a sedes diplomáticas”, apuntó.

Desde Palacio Nacional, Ebrard Casaubón precisó que el pasado 15 de noviembre se recibieron solicitantes de asilo en la Embajada de México en Bolivia, se les otorgó asilo y se pidió que se diera el salvoconducto para salir del país.

    “Es hasta el 26 de noviembre que se nos notifica que hay cuatro órdenes de aprehensión en contra de algunos de los asilados en la sede diplomática de México”, detalló.

Asimismo, el funcionario señaló que ese país quiere que entregue a cuatro ex funcionarios porque “tienen órdenes de aprehensión”, las fueron emitidas después de que el grupo afín a Evo Morales ya tenía días asilado en la sede mexicana.

    “Tenemos nueve personas que solicitaron asilo y que tengan orden de aprehensión, según las autoridades de Bolivia ‘de facto’, cuatro”, añadió.

Contó a los medios de comunicación que “el 23 de diciembre aparecieron afuera de la Embajada y de la residencia, la policía y el Ejército”, cuando “el número habitual no rebasa los seis y ese día aparecieron 90. Se estableció contacto con la ONU y otros institutos para que se respete la Convención de Viena”.

Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el encargado de la SRE subrayó que “claramente lo que está de por medio aquí, además de la integridad de la sede diplomática, es que se ponga en tela de juicio el derecho de asilo”.

    “Nosotros no retiraríamos nuestra representación en Bolivia. Lo más fácil decir es que cerraríamos la Embajada y el Consulado, pero hay una comunidad de 10 mil mexicanos. Me ha pedido el Presidente que tengamos mucho cuidado porque hay 10 mil connacionales allá. Espero que ese sea nuestro último recurso”, aclaró al ser cuestionado al respecto.

La Cancillería mexicana denunció el incremento del acoso a sus sedes diplomáticas en la capital de Bolivia con la llegada de más patrullas, militares y el uso de drones para vigilar la sede diplomática durante la Nochebuena.

En respuesta, el Gobierno mexicano citó a la encargada de negocios de Bolivia a un encuentro el jueves para que brinde una explicación de las medidas que, considera, violan los convenios internacionales.

Casi a la medianoche de martes, Maximiliano Reyes, subsecretario de la cancillería para América Latina, subió a su cuenta de Twitter fotos de patrullas que, según dijo, estaban llegando en esos momentos “a las inmediaciones” de la sede diplomática y que, a su juicio, suponen un “asedio” al lugar.

Poco antes, alertó de “los planes de intervención” tanto a ese inmueble como a la embajada y dijo que México se encontraba en “alerta permanente ante las acciones de hostilidad” en su contra, hechos que este país denunció el lunes ante la Organización de Estados Americanos y que Bolivia niega.

El miércoles por la tarde, a través de una nota diplomática dirigida al ministerio de Exteriores boliviano, México denunció la utilización de drones que sobrevuelan las sedes diplomáticas “lo cual supondría una intromisión indebida en los mismos” y en un comunicado divulgado casi a la vez, anunció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la encargada de negocios de Bolivia en México para que “explique el actuar de los funcionarios bolivianos”.

Las relaciones entre ambos países se tensaron desde que México decidió dar asilo al expresidente Evo Morales tras su dimisión el 10 de noviembre, cuando hasta una treintena de personas llegaron a refugiarse en las sedes diplomáticas.

Actualmente, México tiene refugiados a nueve altos exfuncionarios del gobierno de Morales, entre ellos Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, y otros cinco exministros, reiterando su derecho a dar asilo a quienes considere como perseguidos. Varios de ellos se encuentran acusados actualmente de fraude electoral y otros delitos.

En un comunicado emitido el martes por la tarde, la Secretaría de Relaciones de México responsabilizó a las autoridades bolivianas lideradas por la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, de cualquier afectación a sus inmuebles, al personal acreditado en el país y a quienes tiene bajo su protección. El miércoles, la cancillería mexicana hizo un llamado a su contraparte boliviana a facilitar los salvoconductos necesarios para que los acogidos en su sede diplomática puedan salir del país.

El viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Willson Santamaría insistió en que no dejarán que nadie ayude a “fugitivos” a salir del país. “Hemos tomado las previsiones necesarias para que los dispositivos de seguridad rastreen y detecten inmediatamente cualquier ayuda, complicidad, para coadyuvar a que los fugitivos abandonen el país”, dijo el martes. “Eso no lo vamos a permitir”, agregó.

El gobierno interino considera la actuación de México una injerencia en los asuntos internos de Bolivia pero la cancillería mexicana recuerda que las acusaciones contra quienes tiene refugiados llegaron después de que esas personas estuvieran ya en sede diplomática.

Cuerpos de seguridad e inteligencia bolivianos mantienen rodeada tanto la embajada como la residencia, y también hay un “cerco policial que registra el movimiento de las personas que entran y salen de los recintos diplomáticos mexicanos”, denunció la cancillería. “Agentes realizan grabaciones y han intentado detener el libre tránsito de la embajadora de México y del personal diplomático, mientras que oficiales motorizados siguen los desplazamientos de vehículos oficiales”, agregó.

Sin embargo, el secretario privado presidencial boliviano, Erick Foronda, negó que se esté afectando el libre tránsito o la sede diplomática mexicana y dijo que la decisión de incrementar la presencia policial se debió a que el gobierno recibió información de que movimientos sociales tendrían previsto marchar hasta las instalaciones “con el objeto de exigir la expulsión del exmilitar y exministro” Quintana.

Morales renunció presionado por el ejército tras semanas de protestas en su contra por un cuestionado conteo de las elecciones presidenciales de octubre. Fue acogido en territorio mexicano antes de ir a Argentina, donde se encuentra actualmente.

-Con información de AP

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