En junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional revisará los avances del gobierno mexicano en el combate a los recursos de procedencia ilícita
Juan Carlos Rodríguez | OEM-Informex
México se encamina a su quinta evaluación internacional sobre combate al lavado de dinero con vacíos legales, metas sin cumplir y fragilidades que no han sido solventadas, especialmente en las llamadas “actividades vulnerables”.
Programado para junio próximo, el examen aplicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revisará los avances del gobierno mexicano en 40 frentes que buscan cerrarle el paso a los grupos criminales que introducen recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero.
Las estimaciones sobre el dinero sucio que ingresa a la economía nacional oscilan entre los 44 mil millones de pesos anuales calculados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, los 145 mil millones reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y los 900 mil millones de pesos que ha llegado a estimar el Global Financial Integrity (GFI).
El punto más débil del sistema financiero mexicano son las 18 “actividades vulnerables”, establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre las que destacan el comercio de obras de arte, la compra-venta de joyas, tarjetas de prepago, notarías públicas, servicios de blindaje y juegos de apuestas.
En su última actualización sobre los avances de México, el GAFI reportó que México cumple con 10 de las 40 recomendaciones, 22 tienen un cumplimiento avanzado, siete están parcialmente cumplidas y una no se ha cumplido; esta última es la recomendación número 23, relativa a las Actividades Profesionales No Financieras, mejor conocidas en México como “actividades vulnerables”.
“Lo que yo veo es que la recomendación número 23 seguirá como no cumplida”, dijo Santiago Nieto Castillo, exdirector de la UIF. “Y va seguir igual porque exige que haya capacitaciones a nivel legal, auditorías internas y externas hacia los sujetos obligados por actividades vulnerables, así como alertas sobre operaciones sospechosas”.
En entrevista con El Sol de México, Nieto Castillo dijo que México aún no cuenta con el marco legal que obligue a las empresas con actividades profesionales no financieras a implementar los protocolos de capacitación y los sistemas de alertas.
En los últimos años, el PAN, el Partido Verde y Morena han presentado diversas iniciativas de ley para dotar al sistema financiero mexicano del marco legal para reforzar la vigilancia de los recursos en las actividades vulnerables, pero ninguna ha procedido. La última fue presentada en enero pasado por el senador morenista Javier Corral, pero se encuentra en estudio.
De acuerdo con la más reciente Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, realizada por la Secretaría de Hacienda, actualmente las actividades más vulnerables a la infiltración de dinero ilícito son las transacciones de obras de arte, la comercialización de joyas, las tarjetas prepagadas, los monederos de recompensas y los vehículos aéreos.
Otro foco rojo de cara a la evaluación del GAFI son las organizaciones sin fines de lucro, pues han aumentado los casos en que asociaciones que aparentemente promueven actividades culturales, educativas y hasta religiosas han mostrado indicios de estar financiadas por grupos terroristas.
“El Gobierno de México, preocupado por la utilización de instituciones susceptibles de colaborar en actividades ilícitas, ha propuesto una reforma con la finalidad de que a las organizaciones sin fines de lucro les sean aplicables las medidas en materia de financiamiento al terrorismo, a fin de que sean cumplidas con independencia de las corrientes a sus actividades”, apunta el documento de la SHCP.
El pasado 11 de marzo, representantes de los sectores público y privado de las instituciones y entidades que conforman el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo participaron en el curso de pre-evaluación, rumbo al proceso de revisión de nuestro país ante el GAFI.
La capacitación, dirigida a representantes del gobierno de México, instituciones financieras y de actividades vulnerables, entre otros, tiene como objetivo dar a conocer las etapas del proceso de evaluación y comprender los elementos que permiten demostrar el cumplimiento de los estándares internacionales.
Entre las siete recomendaciones de la GAFI que México no ha cumplido a cabalidad están la notificación de transacciones sospechosas, las operaciones en efectivo, estadísticas confiables, así como regulación y supervisión de actividades profesionales no financieras.
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