El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que la presidenta evitó la autocrítica durante su mensaje por los dos años su triunfo.
Rafael Ramírez / OEM-Informex
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, afirmó que el mensaje pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de los dos años del triunfo de la Cuarta Transformación estuvo más orientado a contener una crisis de credibilidad que a rendir cuentas sobre la situación que enfrenta el país.
“Más que un ejercicio de rendición de cuentas, el mensaje de la presidenta refleja la enorme preocupación que existe en Palacio Nacional frente a una crisis política que hace agua su credibilidad”, sostuvo el legislador de Movimiento Ciudadano.
Castañeda consideró que resulta legítimo cuestionar los intereses del gobierno de Estados Unidos al señalar a funcionarios mexicanos, incluido el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sin embargo, reprochó que el Gobierno federal evite evaluar el desempeño de sus propios mandatarios estatales en entidades afectadas por la violencia y la delincuencia organizada.
“Dice que es legítimo dudar de los intereses de Estados Unidos al acusar al gobernador de Morena en Sinaloa y a otros funcionarios. Pero, ¿acaso el Gobierno federal no cuestiona los resultados de su propio gobernador en una de las entidades más golpeadas por el crimen?
.” Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado.
El senador sostuvo además que la titular del Ejecutivo federal optó por mantener una narrativa basada en responsabilizar a terceros de los problemas del país, sin incorporar una autocrítica sobre los resultados de su administración.
A juicio del legislador, la presidenta recurrió al concepto de soberanía nacional como un mecanismo para minimizar los señalamientos y cuestionamientos dirigidos a integrantes de su movimiento político.
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, fue acusado y solicitado para arresto por Estados Unidos debido a sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia lo imputó formalmente por brindar protección institucional, apoyo operativo y recibir sobornos millonarios a cambio de facilitar el trasiego masivo de drogas.
En dichos expedientes también han sido señalados otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como exmandos de seguridad y procuración de justicia.
Desde la oposición se sostiene que el gobierno federal y Morena han intentado desviar la atención del caso Rocha hacia otros temas, como el debate sobre la soberanía nacional ante los señalamientos provenientes de Estados Unidos y la polémica en torno a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien el oficialismo acusa de haber permitido la operación de agentes de inteligencia estadounidenses en territorio mexicano, en una presunta vulneración de la soberanía nacional.
Dirigentes opositores han acusado al oficialismo de utilizar el debate sobre presuntas violaciones a la soberanía nacional derivadas de actuaciones de autoridades estadounidenses en territorio mexicano para desviar la atención de los señalamientos formulados desde Estados Unidos contra funcionarios vinculados al gobierno de Sinaloa.
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