José Reyes Doria | @jos_redo
La comunicación política es un poderoso instrumento de gobierno. Buena parte del poder se sustenta en la imagen del poder. El expresidente López Obrador ha sido, tal vez, quien mejor lo ha entendido y ejecutado, pues su gobierno tuvo uno de sus pilares fundamentales en la narrativa que difundía en las mañaneras de forma incesante, incisiva, disciplinada, inflexible, contundente e implacable.
AMLO logró imponer en el imaginario popular un esquema básico, pero potente, donde su gobierno y la llamada Cuarta Transformación eran los buenos e incorruptibles benefactores del pueblo, y todas las oposiciones, e incluso los críticos que señalaban errores de su gobierno, eran los malos incorregibles que solo buscan regresar al régimen de privilegios.
Esa construcción narrativa alcanzó tales niveles de arraigo en la conciencia social, porque encajaba perfectamente con décadas de agravios infligidos por la corrupción insaciable y los abusos intolerables de los gobiernos del PRI y el PAN. La comunicación política fue así tan efectiva, que los errores, corrupciones y abusos durante el gobierno de AMLO fueron perdonados o soslayados por las mayorías, y la 4T obtuvo una votación aplastante en las elecciones de 2024.
Pero, como todo, la narrativa se va desgastando, los villanos del PRIAN poco a poco dejan de ser efectivos como culpables de todos los males. En la actual coyuntura, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta problemas y desafíos tremendos, tanto a nivel nacional como a en el plano internacional. Inflación, crecimiento económico casi nulo, más presiones de gasto público, escepticismo empresarial, reclamos de productores del campo, de transportistas, de maestros; así como el agobiante acoso de Donald Trump, el impredecible presidente de Estados Unidos.
Por lo tanto, en al actual contexto es indispensable generar una comunicación política mucho más cuidadosa. Cada pieza informativa derivada del gobierno de la República debe ser revisada con la mayor minuciosidad cuando se trate de temas sensibles. El efecto teflón se debilita por razones obvias de tiempo, ya son ocho años de 4T, es difícil que la gente siga aceptando incongruencias, confusiones, mentiras o acusaciones a Calderón y al PRIAN para justificar acciones u omisiones de la 4T.
Es igualmente importante que la comunicación política proyecte la imagen de un gobierno respetuoso de principios como la transparencia, la responsabilidad institucional, la disposición al diálogo, el rechazo al patrimonialismo, a la impunidad, a la corrupción. Tanto por convicción, como por la necesidad de preservar condiciones de gobernabilidad legítima y democrática.
En el caso del derrame de petróleo, a diferentes agentes del gobierno de la República les ganó el impulso, primero, de negar el hecho, y después minimizarlo; ello, recurriendo a una serie de informaciones falsas, ocurrencias, inexactitudes y mentiras. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, incluso dijo que la contaminación la había provocado un barco fantasma autorizado por Enrique Peña Nieto en su sexenio.
La acusación de Nahle refleja que el régimen, o algunos personajes del mismo, conservan intacto el reflejo de acusar al PRIAN de todos los males y todos los errores propios, sin entender que, como dijimos, ese expediente es cada vez menos efectivo en términos de credibilidad social.
Como sea, la incongruencia en la comunicación política en torno al derrame petrolero, fue inducida en buena medida, por el impulso casi incontrolable en cualquier gobierno de rechazar responsabilidades, negar que hayan cometido negligencia alguna. Pero incluso en la implementación de ese propósito, se requiere pericia comunicacional.
El resultado fue desastroso, porque el director de PEMEX tuvo que reconocer y aceptar que el derrame petrolero se ocasionó por una fuga en un oleoducto. Desde los primeros indicios esa causa era la más viable, pero tras semanas de comunicaciones fallidas del gobierno negando, falseando, trasladando culpas, la presión nacional e internacional acorraló al gobierno, y lo que pudo haber sido una postura plausible de reconocer desde un principio la falla en el oleoducto, se convirtió en un mea culpa insuficiente.
Pero la comunicación tardía del director de PEMEX reveló algo por demás inquietante: mandos medios de la empresa ocultaron información durante semanas respecto al derrame petrolero. Es decir, esos subordinados dejaron que el director y el gobierno de Sheinbaum se hundieran en contradicciones y confusiones sobre las causas del derrame, mientras ellos sabían perfectamente el origen y trataban de repararlo para evadir responsabilidad. Tal vez, solo tal vez, esos mandos medios hoy cesados decidieron ocultar información al director, estimulados por las versiones inexactas que lanzaron la titular de Energía, el secretario de Marina, el director de PEMEX o la gobernadora de Veracruz.
El otro caso que llama la atención es el de Marcelo Ebrard y la estancia de su hijo en la residencia oficial de la embajada de México en el Reino Unido. Otra vez la misma dinámica: hasta que las versiones periodísticas, incluido un reportaje del El País español, y diversas denuncias obligaron a que el actual secretario de Economía saliera a explicar la situación.
La comunicación política también fue desastrosa en este caso. De entrada, Marcelo desdeñó el flanco institucional y legal del tema: a) en ese momento él era el Canciller y la embajadora era su subordinada; b) la residencia oficial es un recinto del Estado mexicano que se sostiene y funciona con recursos públicos; c) esa residencia oficial no debe utilizarse para fines distintos a los definidos en la Ley, ni aunque se trate de alojar al hijo del jefe; d) es violatorio de la Ley que la embajadora utilice la residencia oficial para albergar a personas ajenas a la misión diplomática, ni aunque se trate del hijo del jefe.
Increíble que a un tiburón como Marcelo Ebrard se le hayan escapado estas consideraciones a la hora de explicar el asunto. Más asombrosos aún fueron los recursos retóricos y comunicacionales que utilizó. Puso por delante, como si fuera un imperativo categórico, su deber y preocupación por cuidar a su hijo en su estancia en Londres. Para Marcelo, la mejor manera de proteger a su hijo era alojarlo en la residencia oficial de la embajada mexicana. Lo legal e institucional lo dejó en un plano lejanísimo.
De acuerdo con lo que afirmó Marcelo en su explicación, la entonces embajadora, Josefa González, también olvidó toda noción de institucionalidad republicana y le dijo que le mandara a su hijo a la residencia oficial y que ella lo cuidaría como a un hijo propio. El reportaje de El País señala que el hijo de Marcelo fue atendido de forma regia, pues el mayordomo, las cocineras, los choferes, lo cuidaron perfectamente.
En México y el mundo, la legislación y el control son cada vez más estrictos y puntuales para evitar que los recursos públicos se utilicen en beneficio privado. La normatividad aplica con mayor énfasis contra los servidores públicos que tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio honesto de esos recursos. Se han actualizado delitos como el peculado, la desviación de recursos públicos, el nepotismo.
Más allá de la inapropiada comunicación política de Marcelo y el gobierno de la República (la Presidenta estaba a su lado cuando el ex Canciller hablaba), la narrativa justificadora de Ebrard también revela algo inquietante: la persistencia de algunos vicios atávicos de la clase política mexicana, como el patrimonialismo.
La visión patrimonialista del Estado, otorga al gobernante la plena seguridad de que la cosa pública es de su propiedad, es parte de su patrimonio, por lo tanto, si yo soy el Canciller, puedo hacer que mi hijo se albergue en una residencia diplomática oficial; por eso, la embajadora se ofreció a alojarlo y cuidarlo integralmente, como hijo propio, sin importar si esos cuidados la distraían de su función diplomática. Todo, sin la menor duda, sin un asomo de autocuestionamiento institucional.
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