José Reyes Doria | @jos_redo
En una misma semana, cayó Adán Augusto López y se deterioró la imagen ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, por la escena donde una colaboradora le limpia los zapatos en público. Son dos personajes estelares del Poder Legislativo y el Poder Judicial. La Presidenta Claudia Sheinbaum, titular del Poder Ejecutivo, emerge como figura que se coloca por encima de ellos: sobre Adán mostró poder; respecto al ministro, éste perdió legitimidad mientras ella crecía.
Pero existen muchos riesgos y desafíos para el régimen encabezado por la Presidenta. Es cierto que tiene un enorme poder político, cuenta con la mayoría calificada en el Congreso, que le permite realizar por sí solo, todo tipo de reformas constitucionales. Así, se introdujeron cambios constitucionales que apuntalan el dominio de la 4T en ámbitos como el Poder Judicial, el control directo de las funciones reguladoras del Estado por vía de la eliminación de los órganos autónomos, la relajación de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, entre otras medidas. Además, la 4T tiene 24 de las 32 gubernaturas del país.
Además, persiste un marcado debilitamiento de la oposición partidista y la oposición social que hace sumamente improbable que puedan plantear desafíos significativos al poderío del régimen. Debemos sumar a ello, que la Presidenta cuenta con altísimos niveles de popularidad y aprobación, y el partido gobernante sigue apareciendo como la opción con mayores preferencias electorales de cara a las próximas elecciones federales y locales.
Sin embargo, la 4T enfrenta hoy importantes riesgos derivados de la necesidad de consolidarse, pero también derivados de la coyuntura internacional. El régimen debe establecer de forma categórica, que la Presidenta Claudia Sheinbaum es la cabeza indiscutible de la política mexicana, por necesidad práctica, simbólica e histórica. Se trata una forma particular de consolidación: la del liderazgo de la titular del Ejecutivo Federal.
En esa perspectiva, la gestión de la Presidenta puede interpretarse como una lucha constante por recuperar espacios y reconocimientos de poder que conservó para sí el ex presidente AMLO. En poco más de un año Claudia Sheinbaum ha logrado recuperar espacios de poder en áreas estratégicas ocupadas por afines a AMLO, como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la coordinación de la bancada morenista en el Senado, entre otros.
De igual forma, diversas decisiones y políticas en materia de seguridad pública, política económica y vinculación con determinados sectores sociales, le han permitido obtener espacios y percepciones de poder positivos, sobre todo en los puntos en que contrastan con el estilo y las prioridades del anterior sexenio. Por lo tanto, podemos decir que en el objetivo de consolidarse como la máxima autoridad política del país, la Presidenta ha avanzado considerablemente, aunque es prematuro echar las campanas al vuelo, pues el grupo encabezado por AMLO conserva mucho poder.
La otra dimensión de consolidación que debe emprender la Presidenta, es más compleja, pues se trata de la implantación de las bases de dominación del régimen de la 4T. Un tema fundamental es el de establecer una gobernabilidad eficiente en el interior del propio régimen. Una vez superada la disputa por el poder con AMLO u otros grupos políticos, se requiere establecer un esquema de dominación política que sea estable, funcional, reproducible y eficiente. La verticalidad propia de un régimen político, debe ser acatada por todos los actores políticos en los diversos ámbitos del Congreso, las gubernaturas, los partidos, las organizaciones sindicales, empresariales, sociales, etcétera.
Sin un reconocimiento funcional de la Presidencia como vértice del sistema, el régimen de la 4T, cualquier régimen de hecho, enfrentaría serios problemas para conservar y consolidar su poder. Sin el acatamiento indiscutible de la potestad de liderazgo, arbitraje y timón de la Presidencia, es altamente probable que sobrevenga un fenómeno de dispersión y desnaturalización del poder. Pero el logro de ese predominio presidencial reconocido por todos, requiere la construcción de las condiciones necesarias y suficientes.
La Presidenta parece ir en camino de ese objetivo, y dicho sea de paso, como lo han comentado algunos observadores, la reforma electoral podría tener como uno de sus objetivos estratégicos, precisamente ese: instalar la capacidad del régimen de controlar los procesos electorales, de tal forma que puedan garantizarse triunfos en gubernaturas, curules, escaños y en la Presidencia de la República. Así, régimen encabezado por la Presidenta o Presidente en turno, podrá negociar y administrar las expectativas de poder de los diversos actores y factores de poder que gravitan en su entorno.
Si a un grupo o actor potentes, se le puede neutralizar hoy con la promesa de una gubernatura, Secretaría de Estado o alguna posición en el futuro, entonces es más viable establecer condiciones de estabilidad y certidumbre en la conducción política del régimen. Un régimen así consolidado, permitiría abordar acciones que hoy son cada vez más necesarias y urgentes, como, por ejemplo, corregir la liviandad de los gobernadores y gobernadoras oficialistas, que actúan, unos más otros menos, con un estilo prepotente que desdeña formalidades, legalidades y racionalidades.
En 2027 habrá elecciones en 17 estados, y en la mayoría de ellos será la primera vez que el régimen de la 4T busque refrendar en las urnas el respaldo popular para seguir gobernando. Como se ha señalado, en general Morena encabeza las preferencias electorales en las encuestas en casi todos los estados, sin embargo, los excesos, abusos y escándalos de los gobernadores de Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Campeche, Veracruz, ente otros, podrían poner en riesgo los triunfos oficialistas.
Pero, aunque se ganaran esos estados, la conducta desbalagada y arbitraria de esos gobernadores generan una erosión acelerada de la legitimidad del régimen de la 4T, que prometió gobernar con humidad, honestidad y legalidad. Por ello, la consolidación sistémica del régimen requiere una refundación pragmática y simbólica, que incluya mecanismos para impedir que los diversos actores, gobernadores, legisladores, líderes sindicales, funcionarios, ministros, actúen como si fueran virreyes o caciques.
La consolidación del régimen, de cualquier régimen, pasa por la proyección creíble de sanciones legales y extra legales contra aquellos que violen las leyes escritas y no escritas. Que el gobernador, el legislador, el funcionario, el líder, por poderosos que se sientan, tengan miedo de traspasar el umbral de la tolerancia política y social, porque saben que les caerá una sanción fulminante ordenada desde la cúspide del sistema. Parece que la Presidenta vislumbra esa necesidad y la ruta correspondiente, pero ese camino es más largo y sinuoso, y habrá que encontrar un estilo de liderazgo y control distinto, o no, al del priismo clásico.
La coyuntura no podría entenderse sin la realidad del inmenso poder del crimen organizado, que coopta, corrompe e impone relaciones complicidad en todos los niveles del poder político, desde presidencias municipales, hasta altísimos espacios del poder federal. Hemos visto recientemente situaciones donde abundan indicios abrumadores de políticos relacionados con el crimen, pero el poder de éste es tan grande, que las acciones judiciales en su contra podrían desestabilizar al país.
Finalmente, el factor de la política de amenaza y agresión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México, redondea el escenario del momento político mexicano. Las injerencias y ofensas de Trump tienen, de momento, un efecto singular: fortalecen la posición interna de la Presidenta, y le ayudan en el propósito de consolidar su poder al interior del régimen, así como en la política de combate al crimen organizado.
La fotografía actual del régimen semeja a un gigante con poca capacidad de movimientos enérgicos: mucho poder, pero escasos consensos internos para actuar con imaginación para convencer de su compromiso con la honestidad, la democracia y el crecimiento económico. Se carece de margen de maniobra para sancionar a una gobernadora que encarcela periodistas, que silencia medios, que incrimina rectores, que reprime legisladores. No hay mucho margen para descalificar, guardando las formas de deban guardarse, a un ministro de la Corte que deja que una colaboradora le limpie los zapatos en público. Por eso, funcionarios bajo cuyo mando ha habido muertes, heridos y daños, no solo no son castigados, sino que se les protege en cargos públicos relevantes.
Casos como los anteriores envían un corrosivo mensaje: hacia el interior del régimen, es un incentivo para la conducta arbitraria; hacia el exterior del régimen, es un mensaje desolador ante la impunidad cada vez menos tolerable. Y hacia en exterior del país, incrementan la vulnerabilidad ante un Trump con sed de sangre y gloria. En todo caso, el régimen de la 4T está ubicado en un momento donde el enorme poder político acumulado puede diluirse rápidamente, o al menos puede deslegitimarse de forma irremediable, si no construye un pacto histórico de gobernabilidad que le permita, entre otras cosas, castigar ejemplarmente estos excesos.
Se justifica el Presidente de la Corte luego de que mujer limpiara sus zapatos; niega actitudes de superioridad (nota de Jaime Guerrero en El Piñero)
Aguilar Ortiz agradeció públicamente el gesto de Pérez y señaló que, tan pronto como se dio cuenta de la situación, le pidió que no continuara. Jaime Guerrero | El Piñero El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, emitió una declaración para justificar el incidente ocurrido esta…
