Las motivaciones políticas han comenzado a elevar la especulación de que la presidencia de México tenga que entregar a políticos, caciques y socios protectores de los traficantes de drogas, principalmente de fentanilo.
Felipe León López
El jueves 27 de febrero, “haiga sido como haiga sido”, diría el clásico, 29 narcotraficantes detenidos en México fueron extraditados en fa a los Estados Unidos donde serán procesados y, como ya han anticipado algunos medios estadounidenses y mexicanos, condenados a muerte al ubicarse en la nueva categoría de “terroristas” por el gobierno de este país. Claro, las motivaciones políticas han comenzado a elevar la especulación de que la presidencia de México tenga que entregar a políticos, caciques y socios protectores de los traficantes de drogas, principalmente de fentanilo.
Se especula, sin memoria, que la administración de Trump es la primera en utilizar la amenaza intervencionista para doblegar a todo un sistema político, como el mexicano, acusado de complicidad con el crimen organizado. Pero no, hay que ayudarse de la historia para tener presentes cómo enfrentaron y concluyeron tres casos muy ilustrativos: el juicio de la Causa del régimen cubano, el de Manuel Antonio Noriega y el de Ernesto Samper en Colombia.
Histórico e inaudito juicio ordenó en Cuba, el régimen de Fidel Castro, el cual concluyó con los fusilamientos del general y héroe de la Revolución, Amaldo Ochoa, del coronel Antonio de la Guardia, del mayor Amado Padrón y del capitán Jorge Martínez, el 13 de julio de 1989, acusados de tráfico de drogas en la llamada “Causa 1/89”. No era para menos, so pretexto de estar traficando drogas del cártel de Medellín a los Estados Unidos, el gobierno de este país tendría el pretexto ideal para lanzar una gran ofensiva militar en su contra.
En su defensa, los sentenciados argumentaban que era obediencia debida, porque el gobierno de su país habría promovido actividades ilícitas en otros países para financiar su debilitada economía, como robo de bancos, secuestros, tráfico de marfil y negociaciones con Pablo Escobar, el mayor narcotraficante colombiano y simpatizante de la revolución socialista (todo lo anterior descrito en el libro de otro hijo de la revolución, Jorge Massetti, intitulado La Pasión y el Delirio).
Versiones contrastantes, pero Fidel sorteó la amenaza intervencionista con valentía y su juicio en la historia, al fusilar a héroes de su propio movimiento armado. “La Revolución Cubana fue puesta en el dilema de proteger la vida de millones de compatriotas sancionando con la pena capital legalmente establecida”, justificó el legendario líder de la mayor de las Antillas.
Quien no midió el riesgo fue el general Manuel Antonio Noriega, mandatario panameño siempre bravucón, provocador quien, en diciembre de 1989, fue detenido en un espectacular operativo militar estadounidense llamado “Causa Justa”. Noriega había sido una figura clave en la región actuando como doble agente: vinculado con el Cártel de Medellín, agente de la CIA y amigo de sandinistas nicaragüenses y castristas cubanos. Atrincherado en una sede diplomática Vaticano terminó rindiéndose ante los Estados Unidos, donde fue condenado por cargos de narcotráfico, crimen organizado y blanqueo de capitales.
Poco más al sur, y unos años después, cuando el cártel de Medellín estaba desarticulado, ascendió el Cártel de Cali de los hermanos Rodríguez Orihuela, los “caballeros” del jet set de su país, quienes tenían una fachada de cuello blanco: prominentes farmacéuticos, amigos de todos los ricos del país, propietarios de universidades privadas y hasta un club de fútbol, y con ello y el tráfico de cocaína detrás financiaron la campaña presidencial de Ernesto Samper.
En agosto de 1995, se giró la orden detención de Fernando Botero Zea, secretario de Defensa de Colombia, sacudió las bases del gobierno y la comunidad internacional. Acusado de vínculos con el narcotráfico y de corrupción, Botero Zea fue arrestado bajo cargos que incluían el lavado de dinero y la aceptación de sobornos. Este evento marcó un día oscuro en la historia del país, evidenciando la profunda penetración del narcotráfico en las altas esferas del poder político.
En cualquiera de los casos, ruptura con los Estados Unidos, la vinculación de sus gobiernos con el narcotráfico, con excepción de Cuba, han derivado en un debilitamiento de sus instituciones, en el sometimiento de sus gobiernos a los dictados del gobierno estadounidense (Plan Colombia, por ejemplo) y a sortear crisis de inversiones con todo lo que ello implica: empleos, recuperación económica, crecimiento, confianza en el estado de Derecho, entre otros.
La relación entre Estados Unidos y México ha sido históricamente compleja y envuelta en tensiones. Después del TLCAN de 1994, la interdependencia económica, los problemas de seguridad y las dinámicas migratorias han sido más intensas. Pero luego del 11-S y el rápido empoderamiento de los cárteles mexicanos, han debilitado todo el tejido social, todo el espectro institucional de seguridad y procuración y administración de justicia, no sin complicidad y anuencia de los gobiernos estadounidenses.
Si en la primera presidencia de Trump se vivieron momentos difíciles, hoy no hay punto de comparación dado que es más agresivo, más radical y más abierto a la confrontación mientras no se le cumplan sus unilaterales posiciones y visiones sobre la problemática común. Por ello, el tema de los extraditados y la posibilidad de que entreguen a políticos de alto perfil sea cada vez más latente. Pero ahí es donde la presidenta Sheinbaum tiene que mostrar más que serenidad y paciencia, mucho temple y altura de miras para que su gobierno salga más fortalecido y el país no caiga en un caos por un juicio sumario que cada día late más cerca de nuestros oídos.
Por ello, en este momento, y sin caer en confusiones, la unidad nacional es más que urgente y sin pretextos para no respaldar a la presidenta y sus decisiones ante el autócrata estadounidense.
Contacto: feleon_2000@yahoo.com
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