José Reyes Doria (@jos_redo)
La sucesión presidencial de 2024 pone en juego varios y diversos factores que definirán el México de las próximas décadas. No es exagerado decirlo, ni es un lugar común propio de las temporadas electorales. El momento político es similar en trascendencia a la sucesión de 1988, cuando se impuso el modelo neoliberal a través de Carlos Salinas de Gortari, un modelo que profundizó las desigualdades, redujo las funciones y las responsabilidades sociales del Estado, y aceptó a regañadientes la liberalización político-electoral, pero preservando buena parte de las estructuras autoritarias.
Podríamos decir que la sucesión de 2024 es incluso más trascendente que la de 2018, cuando ganó un proyecto alternativo encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En efecto, la irrupción de la llamada Cuarta Transformación ha colocado en el centro de la agenda la cuestión de la pobreza y las prioridades del Estado para combatirla. Esto, a través de políticas públicas específicas de transferencia de apoyos monetarios a las familias más desfavorecidas; aunque no se observa con claridad si habrá una evolución de estas políticas hacia un verdadero desarrollo social, generación de ingresos propios, acceso integral a la educación y la salud de las familias beneficiarias. Porque, si la política de apoyos sociales monetarios masivos se queda así, difícilmente los beneficiarios podrán desarrollar capacidad para salir del círculo de la pobreza y la marginación; y, además el modelo de financiamiento tiende a ser insostenible, como ya lo vimos en el Paquete Económico 2024, que presenta la mayor deuda pública de los últimos años.
El gobierno de AMLO también impulsó cambios importantes en materia salarial, sobre todo del salario mínimo. Pero la llamada 4T también conlleva otros aspectos, menos halagüeños, como la militarización de la seguridad pública, el debilitamiento de los mecanismos de control y transparencia para combatir la corrupción; así como la persistencia de problemas tan dañinos del tejido social como la violencia criminal, que plantea retos que tienen que ver con la soberanía del Estado. En materia política, con la llamada 4T el Congreso volvió a tener mayoría del partido hegemónico, Morena, como no ocurría desde 1997, propiciando así la reducción drástica del Poder Legislativo como protagonista de las grandes decisiones públicas, toda vez que, como ocurrió antes de 1997, el Presidente logró que sus iniciativas se aprobaran sin cambiarles ni una coma, e incluso, muchas veces, sin respetar los tiempos y formas del proceso legislativo.
La política de comunicación social de López Obrador, ha llevado a altos niveles de confrontación con adversarios y críticos de su gobierno, alimentando así una polarización que hace casi imposible la construcción de acuerdos y el diálogo político. Es verdad, como señalan algunos, que la polarización ya existía, pero se refieren a la polarización surgida de la desigualdad económica y social; sin embargo, con AMLO se ha fomentado una polarización político-ideológica como cono no se veía desde 1968. Las embestidas contra el Poder Judicial, los medios, los órganos autónomos y cualquier actor que no exprese apoyo a la 4T, repito, han llegado a lo que parecen límites últimos de la convivencia pública tolerante, incluyente y democrática.
Entonces, muchos factores están en juego en la sucesión 2024. En este espacio, se hace referencia brevemente a los temas políticos. Muy probablemente sea Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo, la próxima Presidenta de México que habrá de encarar los desafíos políticos.
Por muchas razones, es insostenible el nivel de confrontación presidencial con los adversarios y con los medios. Siempre es mejor, para cualquier proyecto, establecer un diálogo respetuoso que, sin renunciar a la mayoría que se tenga, permita generar acuerdos y consensos en torno a decisiones fundamentales. Con un ejercicio del poder en este sentido, se canalizan mejor los recursos y se genera más estabilidad. La legislación y la institucionalidad electorales son intocables, lo cual no quiere decir irreformables; pero los cambios deben surgir de un acuerdo, preferentemente de un consenso, donde participen todos los partidos, los actores políticos y demás interesados. Es absurdo querer cambiar unilateralmente el marco electoral. Lo mismo puede decirse respecto la reforma del Poder Judicial, y otros temas como la militarización y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
En 1988, con un gobierno como el de Salinas envuelto en una tremenda ilegitimidad, con escasa representatividad, se lanzó el proceso que dio en llamarse transición democrática, y nos ha llevado a la situación político-institucional de nuestros días, para bien y para mal. Hoy, con un gobierno que goza de gran legitimidad y representatividad, el país tiene la oportunidad de profundizar la democratización del sistema político, consolidar los resortes republicanos de la división de poderes, y establecer eficientes mecanismos de combate a la corrupción.
El gobierno de AMLO es lo que es, ya tuvo su oportunidad, y en términos políticos marcó una tendencia la concentración y centralización del poder en el Presidente, la anulación, en los hechos, del Congreso como Poder soberano controlador del Ejecutivo, al grado de impulsar reformas de dudosa constitucionalidad o, por ejemplo, impedir que el Senado nombre consejeros o magistrados del INAI, del IFT, del INE, del Tribunal Electoral, bajo el motivo sencillo de que el Presidente no quiere. La confrontación incontenible y muchas veces agresiva contra adversarios, críticos, Ministros, periodistas y todo actor que no apoye a su gobierno, ha generado un ambiente poco propicio para el diálogo político.
En este contexto, y asumiendo las tendencias de que Claudia sea la próxima presidenta: ¿Qué relación tendría con el Congreso si se refrenda la mayoría de Morena? ¿Qué margen de maniobra permitirá para gobernadores, legisladores, ministros, e incluso para integrantes de su gabinete con funciones estratégicas? ¿Desaparecerá órganos autónomos y absorberá esas funciones como pide AMLO? ¿Piensa en abrir espacios de auténtica participación de ciudadanos, pueblos, organizaciones, en las decisiones fundamentales y en los temas que les atañen? ¿Le parece bien acotar al INE, quitarle funciones y reducir su autonomía e independencia? ¿Considera que la mera elección de ministros y magistrados (solo Venezuela hace esto) soluciona el problema de la impartición de justicia? ¿Mantendrá una política de confrontación y conflicto permanente con medios, críticos y adversarios?
¿Considera que es necesario establecer mecanismos eficaces para combatir verdaderamente la corrupción, acabar con la discrecionalidad en el ejercicio de recursos públicos? ¿Planificará con profesionalismo, responsabilidad y compromiso socia un sistema de salud universal digno y eficiente? ¿Abrirá las puertas de Palacio, y atenderá las demandas de los feminismos, ambientalistas, indígenas, organizaciones sindicales y productivas, artesanos, artistas, escritores, comunidad LGTB? ¿Replanteará la expansión de los militares en funciones que no les asigna la Constitución?
El avance y la consolidación de una política democrática, incluyente y dialogante, depende en gran medida de las respuestas a estas preguntas. Esas respuestas solo las veremos en los hechos. El momento político actual, impone límites comprensibles a Claudia para expresar por dónde transitará políticamente su gobierno, pues el enorme poder personal e institucional de AMLO inhibe cualquier atisbo de diferenciación. En todo caso, buena parte del país espera que, por el bien de todos, las posturas de Claudia (o de Xóchitl si da la campanada) se inspiren en las convicciones e ideales de izquierda social y estudiantil en las que abrevó.
Precisamente por eso la sucesión de 2024 es más trascendente que la de 2018: porque en 2018 la victoria de AMLO significó la llegada de un gobierno verdaderamente popular, pero francamente conservador, con tendencias autoritarias y tradicionalistas. El choque con el neoliberalismo no fue realmente grande, pues no tocó ni con el pétalo de una rosa los procesos de acumulación y concentración de riqueza de los grandes magnates mexicanos, no lanzó una reforma fiscal, ni abrió canales de participación política verdadera del pueblo.
En cambio, si gana Claudia Sheinbaum, sí se establecería un contraste significativo respecto al período 1988-2018, pues podría ser el primer gobierno de izquierda. Podría ser un gobierno con verdadero sentido social, libertario y democrático. Al menos esa es la aspiración de mucha gente: empezar una nueva forma de hacer política, sin resortes autoritarios, sin estridencias caciquiles, con impulsos libertarios e igualitarios basados en el apego a ideales democráticos, de justicia social, de apego a la Ley y diálogo permanente.
