Federico Anaya-Gallardo
Primero, un ejemplo y una anécdota. En el año 1996, la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, convocó a una serie de conferencias para discutir los grandes problemas nacionales. Participé aportando lo que hacía en Chiapas el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, pero yo no era parte del cartel mayor. En este último figuraban Carlos Medina Plascencia y Porfirio Muñoz Ledo, quienes hablaron de la entonces apenas iniciada transición mexicana a la democracia –esa que luego de 32 años aún no termina de acabar. Importa recordar que en 1991 Guanajuato había sido uno de los experimentos de pacto entre las élites que los “transicionólogos” señalan como esencial para el éxito. (Sigo en esto a O’Donnell, Schmitter & Whitehead, eds., Transitions from Authoritarian Rule, 1986.)
Ejemplo. En el Guanajuato de 1991, las oposiciones de izquierda (PRD, candidato Muñoz Ledo) y de derecha (PAN, candidato Fox) habían denunciado un fraude y el candidato del PRI, Ramón Aguirre, debió aceptar su exclusión del poder. El pacto fue que el PRI conservaría la mayoría en la legislatura (21/28 diputados) pero el PAN asumiría el poder ejecutivo. Medina Plascencia fue designado gobernador interino y nombró a un priísta como secretario de Gobierno. En teoría y apego estricto a la ley, ese interinato debió asegurar una inmediata elección extraordinaria, pero esta ocurrió hasta 1995. En ella ganó Fox. Así, de facto y gracias a la más famosa de las concerta-cesiones, el PAN gobernó 4 años extras (1991-1995). Los votantes, sin embargo, se aseguraron que ningún partido tuviese “todas las canicas”: en las elecciones de 1994, el PRI refrendó democráticamente su mayoría de 21/28 diputados en la legislatura. El viejo partido oficial se benefició de la aprensión que causó la rebelión campesina en Chiapas y del enojo priísta estadual por la concerta-cesión de 1991. El PAN debió seguir gobernando con una legislatura opositora. (Sigo a Luis Miguel Rionda: http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cede/Anuario_Elecciones_Partidos_Politicos%20/1994_div/Guanajuato%201994.pdf)
Anécdota. Así estaban las cosas cuando visité León en 1996. Los estudiantes escucharon atentos la conferencia de Medina Plascencia, pero en la etapa de preguntas se notó que había entre ellos varios jóvenes priístas muy articulados y muy enojados. La misma audiencia recibió luego a Muñoz Ledo. Uno de los jóvenes priístas le lanzó esta pregunta “—¡Cómo se atreve su partido a llamarse de la revolución democrática si todos ustedes se desayunan con Muñoz Ledo y cenan con Cárdenas!” Con la misma contundencia, Muñoz Ledo le respondió: “—Sólo en un régimen autoritario un personaje gris como Ernesto Zedillo podría ser presidente. La democracia es un régimen que requiere y que produce liderazgos personales fuertes. Y sí, es verdad como usted dice que los perredistas desayunamos en mi casa y cenamos con Cuauhtémoc, pero todos vamos a comer a mediodía con Andrés Manuel.”
Reflexionemos. La democracia requiere y produce liderazgos personales fuertes. Esta es la historia reciente de todos los partidos mexicanos (véanse Fox, Calderón, Anaya Cortés). Es el caso incluso del decadente PRI (véanse Salinas, Beltrones y los Moreira). Pero el caso más obvio es López Obrador –cuyo liderato en la izquierda subsumió al ya de por sí grande del ingeniero Cárdenas. Un líder tiene mando, ejerce la jefatura de sus correligionarios, guía a su partido. Esta es una realidad. Y es una realidad problemática. En el fondo de nuestra conciencia, incluso en los jóvenes líderes vemos potenciales reyes viejos y autoritarios.
Con la misma lógica del enojado joven priísta de León en 1996, el círculo rojo de opinócratas de 2018, le reclaman a Andrés Manuel el ejercicio de su liderazgo. Por ejemplo, Macario Schettino, en su columna de Excélsior del 10 de mayo de 2018 reclama: “Hay quien afirma que las instituciones lo detendrán, pero no recuerdan su gobierno en la Ciudad de México, a golpe de decretos y subordinando la Asamblea Legislativa de entonces. … Olvidan una larga historia de desprecio por la ley.”
(http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/obsesion)
En este espacio ya he argumentado acerca del tozudo respeto a la ley en la administración López Obrador en el GDF (2000-2006). Sobre la mala relación con su legislatura, hoy afirmo que Schettino miente. La situación parlamentaria de AMLO en la primera mitad de su sexenio (2000-2003) se parecía a la de Medina Plascencia en 1991-1994 y a la de Fox en 1995-1997. Andrés Manuel era un gobierno de minoría. Había ganado con sólo el 37.7% de los votos frente a 34.2% del panista Santiago Creel. De los 66 diputados en la legislatura, el PRD y sus aliados tenían 22 (33%). El PAN y el PVEM (entonces aliados) tenían 25 (37%). Con 17 diputaciones, el PRI controlaba 26% de la cámara. Democracia Social tenía 3 diputados (4%). Con estos números, suena imposible que el jefe de Gobierno hubiese podido subordinar a la legislatura como alega don Macario.
El milagro de ejecutivos fuertes como los de Medina Plascencia, Fox y López Obrador en sus entidades federativas se debe a que el arreglo constitucional mexicano es profundamente presidencialista –situación que se reflejó en todas las constituciones estaduales y en el Estatuto de Gobierno del DF. Ya he mencionado esto en notas previas. En una mencioné que la Legislatura 2000-2003 del DF rechazó la propuesta de Andrés Manuel de establecer la revocación del mandato del ejecutivo. Entonces expliqué que PRI y PAN desperdiciaron esa oportunidad de equilibrar el arreglo constitucional por su interés de mantener una gubernatura poderosa para cuando ellos la ganaran. Como en todo, la historia es más compleja. Aporto ahora otras tres experiencias para que los lectores conozcan mejor el comportamiento de AMLO frente al poder legislativo. Dos tienen que ver con uno de los proyectos obradoristas emblemáticos: una nueva universidad y multiplicar las preparatorias estaduales.
Primera experiencia. El jefe de Gobierno anunció sus proyectos educativos mediante uno de sus bandos informativos. Esos bandos son la realidad detrás de la expresión gobernar a golpe de decretos que usa Schettino. La sociedad, la prensa y la legislatura chilangas debatieron más de dos años la cuestión. Finalmente, en mayo de 2002, la mayoría legislativa opositora aprobó un punto de acuerdo sobre el tema. Votaron a favor 36 legisladores, del PRD 13 se opusieron y tres se abstuvieron. Había 15 ausentes. Es decir, la mayoría que aprobó el acuerdo representaba la mitad más tres del total de la cámara y 70% de los presentes. Una gran victoria de la oposición. Crónica, un medio tildado entonces (y ahora) de “salinista”, cabeceó así su nota del 2 de mayo de 2002: “La Asamblea declara ‘ilegales’ todos los bandos de AMLO”. El diario afirmaba que con este acto, la legislatura cerraba “con broche de oro” su periodo de sesiones y que, de este modo “diputados del PAN, PRI, Verde Ecologista, Democracia Social, Convergencia por la Democracia y Partido del Trabajo propinaron al jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, un nuevo revés”. (Alba Mónica Bravo, http://www.cronica.com.mx/notas/2002/12601.html)
La nota de Crónica nos indica que entre diciembre de 2000 y mayo de 2002 las cosas habían incluso empeorado para López Obrador en su parlamento –pues el PT y Convergencia habían sido parte de su coalición electoral pero votaron en su contra en la cuestión de los bandos. El acuerdo se publicó hasta el 19 de septiembre en la Gaceta Oficial. Si los lectores lo revisan, encontrarán que después de argumentaciones más bien confusas, los legisladores concluyen que “los Bandos del Jefe de Gobierno del Distrito Federal (son) simples documentos informativos de las decisiones administrativas del titular del Órgano Ejecutivo del Distrito Federal”. Es decir, que no había problema que los expidiese –porque sólo informaban. De hecho, el punto de acuerdo documenta cómo en todos ellos el ejecutivo ya tenía atribuciones para tomar esas decisiones y que el gobierno emitió luego los decretos y acuerdos que implementaban jurídicamente los bandos. ¿Para qué entonces el acuerdo parlamentario? Los legisladores dijeron que deseaban evitar la confusión del pueblo pues, por ejemplo, los “bandos” son instrumentos que sólo usan los ayuntamientos. (http://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a7/b2b/376/5a7b2b37653df355086105.pdf)
Segunda experiencia. Esta misma legislatura que gastó meses en demostrar que el término “bando” era inadecuado, se sumó de la siguiente manera al debate sobre la universidad y las preparatorias. Aún cuando el GDF podía abrir este tipo de escuelas gracias a la distribución de competencias establecida en la Ley General de Educación desde 1993, al anunciarse la decisión “todo mundo” criticó al poder ejecutivo porque, supuestamente, el Distrito Federal no tenía esas facultades legales. Pese a la claridad de la ley general, los diputados de oposición en la ALDF pretendieron “solucionar” el inexistente problema de la validez de estudios. En junio de 2001, el diputado local priísta Miguel González Compeán propuso la formación de tres consejos, que serían órganos autónomos especializados en educación. Uno sería el Consejo para la Planeación y Evaluación de Contenidos y Programas Educativos. Otro sería el Consejo para el Financiamiento de la Educación Media Superior y Superior. El tercero sería el Consejo Asesor para la Educación Media Superior y Superior. El Poder Legislativo controlaba el nombramiento de los altos funcionarios en los tres consejos autónomos. El diputado González Compeán insistió en la necesidad de que el jefe de Gobierno hiciera parte de su proyecto a los legisladores. En realidad, se pretendía crear estructuras para-gubernamentales que, bajo el manto de la autónomas, permitieran la reproducción de una élite burocrática (la priísta) que había perdido el acceso electoral al Poder Ejecutivo estadual. (Sobre esto puede consultarse un artículo mío en http://www.educacionyculturaaz.com/000/00-AZESPECIAL2007.pdf)
Tercera experiencia. Los programas-bandera de AMLO en la ciudad se operaban a nivel colonia, barrio y pueblo a través de la Dirección General de Participación Ciudadana (DGPC) que coordinaba cientos de brigadistas distribuidos en todo el territorio. En 2001, la mayoría parlamentaria PRI-PAN-PVEM, preocupada por la “excesiva actividad” de esos brigadistas, mandó un citatorio al titular de la DGPC, Eduardo Cervantes Díaz Lombardo para cuestionarle la movilización de brigadistas. El formato de la reunión propuesta era una trampa en la que el funcionario poco podría argumentar. Al analizar la Ley Orgánica de la ALDF, los abogados del GDF descubrimos que las comisiones del legislativo sólo podían citar a los funcionarios en dos supuestos. Uno, cuando estuviesen discutiendo una ley en la materia –y en este supuesto las reuniones sólo podían tratar sobre la propuesta de ley. Otro, sólo cuando el convocante fuera una comisión especial de investigación, para estudiar un caso específico. Como el citatorio no trataba de ninguno de estos supuestos, se respondió cortésmente que el director general no asistiría. Allí paró todo.
Los poderes legislativos mexicanos, pese a que tienen absoluto control sobre sus propias leyes orgánicas, nunca se han atribuido facultades fuertes de investigación ni sobre el ejecutivo (ni sobre nada). La legislatura de oposición a AMLO no cambió nada de esto, pese a que entonces el ejecutivo no tenía veto sobre esa ley. Estamos acostumbrados a ver en los medios comparecencias legislativas estadunidenses. Recientemente, Mark Zuckerberg debió testificar ante el Senado federal de EUA para explicar los mecanismos de seguridad de datos personales en Facebook. Los legislativos mexicanos podrían empoderarse y hacer esto. No lo han hecho por una extraña deferencia a gobernadores y presidente.
Las experiencias muestran que López Obrador nunca buscó “subordinar” a su legislativo. Al contrario, cuando propuso que se empoderara, dándole poderes de impeachment, la asamblea lo ignoró congelando su iniciativa de Ley de Participación Ciudadana de 2000. Los diputados perdieron su tiempo discutiendo el significado histórico de la palabra bando, nunca modificaron su muy débil ley orgánica, y en materia educativa sólo deseaban que se les invitara a la fundación de burocracias para repartirse puestos con altos salarios. Sospecho que si se estudia a profundidad la historia legislativa guanajuatense encontraremos un patrón similar.
