En la formación del Comité Técnico de Evaluación (CTE) de 2023 para designar a cuatro consejeros del INE, hubo otro acto de Lawfare. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, o Trife) recibió y admitió dos recursos (SUP-JDC-1479/2022 y SUP-JDC-1480/2022 que analizó y resolvió acumulados). Los juicios fueron promovidos por las ciudadanas Elba María Arjona Ortiz y Alma Rosa Zamora Fernández. Una revisión rápida en google nos dice mucho acerca de ambas, pero ahora sólo quiero señalar que no se trata de “ciudadanas del común” –sino de personas públicas y activistas. De acuerdo al informe que presentó el 28 de diciembre de 2022 a la Jucopo de la Cámara de Diputados el licenciado Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos de San Lázaro (Liga 1), Arjona y Zamora impugnaron la convocatoria (propuesta por la Jucopo y aprobada por el pleno) para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE.
El Trife procesó las impugnaciones de Arjona y Zamora juntas y el 21 de diciembre, dio a la Cámara de Diputados hasta el 27 de diciembre para presentar su informe y alegar lo que a su derecho correspondiese. Pese a ello, la Sala Superior del Trife decidió sesionar el 23 de diciembre y resolver el asunto –sin haber recibido la contestación de la autoridad responsable. Esta sentencia es inatacable.
Esta actitud irregular del Trife molestó mucho en San Lázaro. En una reunión de la Jucopo del 28 de diciembre, el emecista Jorge Álvarez Máynez dijo: “Yo quiero reiterar que Movimiento Ciudadano votó a favor de esta convocatoria tanto en la Junta como en el pleno, que no la consideramos en ese momento ni viciada ni ilegal tampoco transgresora del principio de paridad. Si no, pues no la hubiéramos avalado y no la hubiéramos votado a favor.” Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del PRD, dijo: “que quede constancia de que me parezca excesivo lo que el Tribunal está haciendo, me parece que hay violaciones al proceso reiteradas, como ya lo señaló el abogado de la Cámara, y me parece que tampoco es el tono, sería distinto al que nos invite, nos apercibe, a que nos ordene, me parece que ya es una intromisión en el Legislativo.” El priísta Rubén Moreira Valdez se pronunció “en el mismo sentido … primero, el exceso que reiteradamente tiene este órgano jurisdiccional sobre nosotros. Segundo, la inexactitud porque ordena cosas que corresponden al Congreso, distintas a las de la Junta, y ese pasaje ya lo hemos vivido en otras ocasiones.” Gerardo Fernández Noroña, del PT, afirmó que “la resolución [del tribunal] no sólo es una intromisión majadera en la soberanía del Poder Legislativo, sino absolutamente violatoria del marco legal existente. / Yo creo que nosotros sí podríamos decir que los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tienen una forma honesta de vivir en el sentido del eufemismo jurídico y en el sentido literal.”
Más interesante fue lo expresado por el pevemista Carlos Alberto Puente Salas: “Coincido, coincido con lo expresado por todos los que me han antecedido en el uso de la voz en cuanto a lo que se ha manifestado de una intromisión, de un abuso grave por parte de esta Sala Superior, que por decir lo menos, pues ya nos agarró de clientes, de hijos. Y a la par yo sí quisiera celebrar al escuchar a prácticamente todos los grupos parlamentarios que se pronuncien en este sentido. / Creo que es muy claro que ellos buscaban encontrar el mínimo resquicio o asidero de falta de coincidencia entre algún grupo parlamentario con la mayoría aquí en la Junta de Coordinación para buscar la división, para buscar la polarización y para buscar contaminar este proceso. Creo que esto no lo podemos llamar a ingenuidad a falta de capacidad, de entendimiento, sino creo que esto es parte del proceso que se está operando políticamente, y que yo celebro que en esta Junta de Coordinación todos los grupos parlamentarios nos estamos manifestando por rechazar la intromisión fuera de las facultades, por ir más allá de las competencias que tiene y de no permitir que se violente este proceso.”
Como te explicaba la semana pasada, lectora, el Lawfare es una estrategia peligrosa. ¿Por qué Rubén Moreira (PRI) coincide con Fernández Noroña (PT)? Porque ambos entienden que llevar todo a tribunales eventualmente cierra los mecanismos de negociación política. Por eso es que Puente Salas (PVEM) insiste tanto en la unidad de todas las bancadas que forman la Jucopo. El PVEM sabe que su papel de “partido-bisagra que construye acuerdos” se agotaría al judicializar todos y cada uno de los procesos constitucionales.
Todos –con excepción de quienes alentaron a las quejosas Arjona y Zamora– recordaron que se requería un consenso amplio (de al menos 66% de la Cámara) para completar el proceso de designación de los tres nuevos consejeros del INE y de la consejera presidenta del INE (por principio de equidad de género, ahora toca que sea mujer). Por eso la Jucopo se manifestó unida frente a los evidentes abusos del Trife. Pero finalmente acataron la sentencia puesto que, más allá de la injusticia de haber resuelto sin oírles en juicio, no había modo razonable de impugnar la decisión. La Jucopo analizó estrategias judiciales de combate contra el Trife, incluida una controversia constitucional ante la Suprema Corte por violación a la división de poderes –pero decidieron no seguirlas porque, en un caso previo (junio de 2022) cuando se hizo eso no hubo justicia: la Corte sigue hoy sin resolver.
En otras palabras, la Jucopo decidió evitar el Lawfare; decidió parar el tren de la judicialización.
Así estaban las cosas al iniciar el año 2023: La coalición del gobierno no deseaba interrumpir un proceso esencial para los comicios federales de 2024. Se necesita un INE completo. Los partidos de oposición sabían que, en principio, el requisito de 66% de los presentes para designar consejeros obligaría al obradorismo a negociar algún tipo de cuotas.
El caso de Lawfare instigado por Arjona y Zamora abrió un extraño mes de reflexión. Desde el 28 de diciembre de 2022, la Jucopo decidió que la Cámara de Diputados acataría la injusta sentencia del Trife, pero que sólo podría hacerlo al iniciar su segundo periodo de sesiones, en febrero. En el ínterin se terminó de resolver el otro caso de Lawfare: la impugnación del Consejo de la CNDH contra las personas designadas por la ombudswoman Rosario Piedra Ibarra. El Trife decidió que el Consejo no tenía atribuciones para participar en esa designación.
Detalle relevante: pese a que miembros de la coalición del gobierno señalaron que no estaban de acuerdo con las designaciones del INAI (Sergio López Ayllón y Maité Azuela Gómez) por ser notoriamente anti-gobiernistas; ninguna de esas designaciones se impugnó vía judicial. Es decir, otra vez se decidió contra el Lawfare.
El mes de enero sirvió para que los partidos en la Jucopo debatieran a quiénes nombraría la Jucopo para terminar de formar el CTE 2023. Se debían llenar tres espacios y la costumbre, como te he contado en este espacio, era repartirlos entre las fuerzas del Congreso. Pero, durante la obligada pausa para cumplir la injusta sentencia del Trife, el partido central de la coalición de gobierno (Morena) llegó a la conclusión de que cualquier negociación llevaría irremediablemente a resultados similares a las designaciones previas. Recuerda, lectora, que ni siquiera en 2020, con una mayoría simple de Morena en San Lázaro, fue posible designar cuatro consejeros congruentes. Al obradorismo le sigue pesando que tres de esas personas (Humphrey Jordán, De la Cruz Magaña y Espadas Ancona) no cumplieran su promesa de reducir sus salarios debajo de lo que gana el presidente de la República.
Así las cosas, desde muy temprano en enero de 2023 se perfiló la posibilidad de llevar el proceso de designación sin negociaciones para obtener el 66% de los votos en la Cámara. La reforma de 2014 permite eso. Los negociadores del Pacto por México, conscientes de que los arreglos entre su partidocracia podrían fracasar, dejaron una salida. Las personas escogidas por el CTE en cada quinteta (para cada consejería INE) serían insaculadas. Es decir, se echan los cinco nombres en una tómbola y se saca uno al azar. Si la Cámara de Diputados no logra reunirse para realizar la insaculación, el CTE entrega las quintetas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación –que insaculará a las y los nuevos consejeros.
Precisamente por esto es que Morena ya no negoció más con la oposición dentro de la Jucopo. Esta Junta toma sus decisiones por consenso, pero si no lo hay, por mayoría de acuerdo con el peso que tiene cada partido en el Pleno. Así que la mayoría formada por Morena, PT y PVEM escogieron los tres miembros del CTE 2023 que le tocaban a la Jucopo. El MC votó en contra. PAN, PRI y PRD se abstuvieron.
¿Qué significa esto? Para Luis Miguel Carriedo, entrevistado el 17 de febrero de 2023 por Ledesma y Núñez en Momentum (Liga 2, minutos 2:15:00 a 2:21:00) significa que la coalición de derechas buscará convencer a los morenistas de negociar quiénes de las quintetas que organice el CTE 2023 son mejores. Después de todo, es muy probable que López Ayllón y Azuela Gómez logren que en cada quinteta haya al menos una persona afín a las derechas (para eso son plurales los CTE). Tiene razón Carriedo. ¿Por qué Movimiento Ciudadano votó en contra? Probablemente porque sospecha que, ahora sí, Morena y sus aliados se endurecerán y preferirán irse a la insaculación –y eso, como dijo Carriedo, liberará a las y los consejeros insaculados de cualquier “padrino” partidista (lo cual debe quitarle el sueño a Dante Delgado y el resto de la nomenklatura naranja).
En mi opinión, la tómbola es lo congruente. Ya nadie se acuerda, pero el viejo Aristóteles (el de Grecia, no el de Jalisco) decía que el modo natural de designación de la democracia es el sorteo.
Ligas usadas en este texto:
Liga 2:
https://www.youtube.com/watch?v=F0JvfSVyKcc&t=11877s
