La futura presidencia de Claudia Sheinbaum se enfrenta a la tarea de consolidar este régimen y manejar posibles tensiones internas.
José Reyes Doria | @jos_redo
Los resultados de las elecciones del 2 de junio marcan el punto de inflexión en la ruta del cambio de régimen en México. De un régimen que podríamos llamar Transicionista, vigente los treinta años que van de 1994 a 2024, entramos ahora a la fase de consolidación de un nuevo régimen, que podríamos denominar Obradorista, y que empezó a esbozarse a partir del 2018 con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador al poder presidencial. En una rápida pincelada, el régimen Transicionista puede caracterizarse como un arreglo abigarrado entre diversas fuerzas políticas y económicas, que pactaron la liberalización del sistema político, órganos electorales autónomos y ciudadanizados, competencia político-electoral que procurara condiciones de equidad, de legalidad, y que hicieran posible la alternancia entre las diversas fuerzas políticas.
La alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000, cuando el poder presidencial pasó del PRI al PAN, se consideró como una de las metas centrales del transicionismo. Desde luego, se hizo posible la alternancia en las gubernaturas y en el Congreso de la Unión, que desde 1997 no presentaba mayoría absoluta de ningún partido o coalición; mucho menos mayoría calificada de dos terceras partes. En términos del sistema de partidos, el transicionismo cristalizó en un esquema de dos partidos fuertes, el PRI y el PAN, un partido mediano, el PRD, y el caso especial del PVEM que se hizo de una base duradera a golpe de aliarse con quien fuera; esto, con una constelación de partidos minúsculos, de vida fugaz que nacieron y murieron con más pena que gloria, entre los cuales solo ha sobrevivido MC, que también parece haber alcanzado una base duradera de votantes.
El régimen Transicionista, generó numerosos órganos autónomos y legislaciones específicas, en una ruta atropellada destinada a acotar el poder del Ejecutivo y ciudadanizar diversas funciones estatales regulatorias en materia de telecomunicaciones, energética, acceso a la información, rendición de cuentas, competencia económica, sistema financiero, y demás ámbitos que dieron lugar a organismos como el INE, el INAI, el IFETEL, la CNDH, etcétera. La idea no era mala, pero el nuevo modelo no fue acompañado de los controles y los mecanismos necesarios para garantizar la legalidad, la integridad, y la eficiencia de dichos órganos.
El régimen Transicionista coincidió con la fase de consolidación del neoliberalismo. En gran medida, este arreglo político-social cristalizó las bases fundamentales del modelo neoliberal en áreas cruciales de nuestra legislación, en instituciones estratégicas, en la educación, así como en las políticas económica, fiscal y de salud. El conjunto de actores políticos y sociales preponderantes abrazaron en términos generales el neoliberalismo, de tal forma que resultaba indistinto si gobernaba el PRI, el PAN o el PRD. Las fuerzas sociales, los sindicatos, las organizaciones campesinas, indígenas, feministas, ambientalistas, estudiantiles, entraron en una fase de debilitamiento. El Tratado de Libre Comercio que inició en 1994, fue la cereza del pastel que unificaba las posturas político-ideológicas de la clase dominante.
La pobreza, la marginación, la desigualdad, la violencia descontrolada que se generó en este período, se acompañó y condicionó mutuamente con una conducta deplorable de las clases dirigentes. Tanto en la política como en el sector empresarial, en las cúpulas sindicales, en todos lados, proliferó la corrupción sin freno, el abuso descomunal, el saqueo, la impunidad y el cinismo. La democratización prometida se consumió en la corrupción y la simulación. Había alternancia, pero no alternativas reales. El ejercicio del poder, lejos de democratizarse y reivindicar los intereses de las mayorías, se consolidó como un mecanismo autoritario que imponía la continuidad de un estado de cosas ya insoportable.
El mensaje y el proyecto de López Obrador encontró tierra fértil en este contexto. Por eso arrasó en las elecciones de 2018, logrando la mayoría absoluta para Morena en el Congreso, por primera vez desde 1997. El mensaje de AMLO era y sigue siendo sencillo y básico: acabar con la corrupción, con los abusos, con el neoliberalismo, y transformar las instituciones para que la atención y la justicia a los más desfavorecidos sean la prioridad del régimen. La sociedad le otorgó credibilidad y respaldo absolutos, el partido oficial ganó una tras otra las gubernaturas, los congresos, y la inmensa mayoría de las posiciones políticas. Con esta fuerza, el gobierno de López Obrador pudo manejar el presupuesto sin trabas y sin controles, cambió las prioridades y destinó cantidades colosales de recursos públicos a las familias más pobres, y a obras de infraestructura espectaculares.
La política salarial de fortalecimiento del salario mínimo, redondea las acciones de gran impacto social que más reconocimientos y respaldo popular han generado al gobierno de AMLO y su partido. Pero lo que, sobre todo, ha contribuido a posicionar de forma avasalladora a López Obrador y a Morena, es el discurso sencillo, básico e incesante del Presidente. Ha sido asombrosamente efectivo el método de descalificar y condenar al PRI, al PAN, al Poder Judicial, a los medios y periodistas que lo cuestionan, a organizaciones feministas, ambientalistas, indígenas, madres buscadoras, víctimas de la violencia; y en general a todos los que no apoyan a su gobierno. Más del 70 por ciento de la población convalida en esta visión de AMLO.
El poder político acumulado durante el gobierno de López Obrador ha sido causa y efecto de una disminución dramática del peso de las oposiciones partidistas. El poder y la popularidad de AMLO y Morena han tenido el efecto de contener y debilitar a las diversas organizaciones sociales que, por su propia naturaleza, representan posturas que difícilmente transigen con el gobierno, como lo son los gremios independientes, indígenas, feminismos, ambientalistas, medios independientes, estudiantes, maestros, entre muchos otros sectores. La política de programas sociales que benefician a la mayoría de las familias mexicanas, implica una condición pasiva de los beneficiarios, desestimula la organización social desde abajo. Esto explica, en parte, la desmovilización social ante hechos abusivos o escandalosos del gobierno.
Este posicionamiento político tan potente, se reflejó en las urnas. La candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, arrasó en las elecciones. Morena, utilizando las franquicias del PT y el Verde, logró la mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso, algo inédito desde las épocas del PRI-Gobierno del período 1929-1988. En este contexto, el paquete de reformas constitucionales propuestas por el Presidente y abanderadas por la Presidenta electa, transitarán sin que la oposición partidista y extra partidista puedan impedirlo.
Las reformas constitucionales consolidarán el cambio político y social impulsado por el ascenso de López Obrador al poder en 2018. La tendencia apunta a la consolidación del régimen Obradorista, que en el discurso y el proyecto defienden una política en favor de los pobres, de bienestar para las familias más desfavorecidas, de reivindicación del pueblo y combate frontal a la corrupción. En materia de política social y apoyo a los pobres, las acciones y percepciones de la obra del gobierno obradorista están poderosamente implantadas, pero en temas como el combate a la corrupción, educación, salud y seguridad, no puede acreditar buenos resultados.
Sin embargo, la narrativa, elemento crucial en la construcción de una nueva hegemonía, sigue siendo potente y efectiva. Si el discurso no se acompaña de resultados palpables, tarde o temprano se desgasta, pero por lo pronto, en las elecciones de 2024 no se presentó ese desgaste. En gran parte, el paquete de reformas constitucionales tiene el objetivo, explícito e implícito, de centralizar y concentrar el poder político en torno a la figura de la Presidencia de la República, lo cual permitirá al régimen Obradorista contar con abundantes hilos de poder cuando el discurso deje de convencer a las mayorías.
Durante seis años, el oficialismo ha implantado la idea de que la llamada Cuarta Transformación necesita de todo el poder posible para hacer realizad un cambio de ese calibre. Los controles, los contrapesos y los límites constitucionales estorban en muchas ocasiones la transformación. Por lo tanto, buena parte de las próximas reformas constitucionales de AMLO-Claudia buscan establecer condiciones para ejercer el poder sin grandes obstáculos: reducir la autonomía y capacidades del Poder Judicial; restar autonomía a las instituciones y la legislación electoral a través de una mayor participación del gobierno en las elecciones; eliminar órganos autónomos que obligan a la rendición de cuentas, a la transparencia, que regulan actividades económicas y otorgan concesiones públicas; eliminar la representación proporcional en el Congreso para que impere un partido mayoritario; entre otras.
En esta coyuntura, la prioridad política del régimen parece ser consolidar la centralización y concentración del poder, y para ello tienen la narrativa adecuada: tanto poder es para profundizar la transformación. Es verdad que las bases fundamentales del neoliberalismo no se han tocado ni con el pétalo de una rosa, como, por ejemplo, la política fiscal, la política de comercio exterior o las relaciones del gran capital con el gobierno en el ámbito de las contrataciones públicas. De hecho, los más prominentes magnates de México, hoy son más ricos que en 2018. Pero, como decíamos, la narrativa de AMLO es tan influyente que logra que las miradas no se posen en estos puntos.
En los próximos meses y años, el nuevo régimen Obradorista deberá poner en marcha un esquema de liderazgo compartido: López Obrador como padre fundador y todopoderoso de la 4T, y Claudia Sheinbaum como presidenta electa con más votos que el propio AMLO. De forma paralela, el obradorismo enfrenta el reto de institucionalizar, o al menos normalizar al partido oficial, Morena, como epicentro de la acción política del régimen. Las expectativas que se abren de cara al futuro son amplias. Una ruta puede ser la de la verdadera profundización de la 4T, y ahora sí combatir de frente la corrupción y desmontar las estructuras más nocivas del modelo neoliberal, con un liderazgo de una Presidenta de izquierda.
Pero otra ruta puede ser también, una intensificación de la lucha por el gran poder del nuevo régimen, que derive en una guerra política permanente por el liderazgo y los recursos. Una confrontación entre AMLO y Claudia, pero, sobre todo, entre las diversas facciones políticas de la gran amalgama de intereses que es el obradorismo. Este escenario, donde incluso dejarían de lado la retórica y la ideología, no sería tan riesgoso en el corto plazo, toda vez que los actores son conscientes de contar con una inmensa base de poder. Veremos.
