Las niñas inexistentes. Autor: Iván Uranga

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Las niñas y los niños inexistentes, sin patria, sin escuela y sin futro…

Niñas apátridas
Todas las niñas todos los derechos
Derecho al libre tránsito
Organizaciones Alternativas de la Sociedad Independiente y Solidaria (OASIS)

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) confirmado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Estado mexicano (Inegi) en México una de cada doscientas niñas nacidas en el territorio nacional no están registradas en el Registro Civil y uno de cada trescientos niños sufren la misma condición ( http://cort.as/-LCVo ). Y planteo “que sufre” esta condición porque se trata de una discapacidad social importante que los priva no sólo de la nacionalidad, sino también de la educación, la salud y la seguridad física y social que debe darles el estado.

Un millón de niñas y niños no existen para el Estado ni ninguno de sus programas y servicios, ni siquiera pueden ser inscritas e inscritos en la escuela. La mayoría de ellas y ellos son de comunidades indígenas y el cien por ciento viven en condiciones de miseria y se les priva de un derecho primario, humano y específicamente consagrado para la niñez en el mundo, que es el derecho a la identidad, que tiene la peculiaridad que sin él se les priva de todos los demás derechos. Quienes entienden todas las posibles formas de discriminación y abuso que puede vivir una mujer durante su existencia, deben sumar a estas seiscientas mil niñas apátridas nacidas en territorio nacional, la falta de identidad. Y destaco a las niñas porque para esto de vivir injusticias las mujeres siempre son mayoría y por lo menos aquí generalizar en femenino debiera ser su derecho.

Aunque en México existe la nacionalidad por nacimiento, es decir que no podría haber personas nacidas en nuestro territorio apátridas, en la práctica sí existen y lo confirma lo dispuesto por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador que de forma tierna y sutil, pidió a los mexicanos que mostraran su identificación a su recién creada Guardia Nacional integrada con militares en activo, que ahora está abocada a cazar migrantes “sin papeles”. El problema de esta sutil forma de pedir colaboración a todos los mexicanos es que viola un derecho fundamental consagrado en la Constitución de México en su artículo 11 que establece que: Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

Esta práctica ilegal de solicitar identificación se agudizó desde el sexenio de Felipe Calderón por su criminal guerra contra el narcotráfico, por lo que a la sociedad ya le “parece normal” esta medida. Durante el calderonato y el peñato fue usada para cazar migrantes y activistas. Lo que llama la atención ahora, es primero, la abrumadora intensificación de la cacería de migrantes a partir de la instrucción que le dio Donald Trump al Gobierno de México y que nunca antes un presidente había solicitado de forma amable a los mexicanos que permitieran que su derecho constitucional de libre tránsito fuera violado; y en cuanto a la cacería de activistas y defensores de los derechos humanos es una práctica que continúa ejerciendo el Ejército Nacional como ejército y ahora también como Guardia Nacional, como lo demuestran los 20 activistas asesinados durante la presente administración, los recientes hechos en Guerrero (http://cort.as/-LCIt) y la denuncia pública del obispo de Saltillo Raúl Vera (http://cort.as/-LCJ4).

Por desgracia las injusticias siguen sucediendo, mexicanos adultos (sobre todo chiapanecos) que no han podido acreditar su nacionalidad por la falta de papeles han sido “deportados” a Guatemala, y con la intensificación de la cacería de migrantes en México son las mexicanas, mujeres y niñas “sin papeles” las más vulnerables, no sólo a la falta de todos los derechos, ahora también a la violencia del Estado a través de sus fuerzas armadas.

La inscripción del nacimiento de las personas en el Registro Civil es un elemento esencial e imprescindible del derecho a la identidad que debe ser prioridad del Gobierno. Lo primero que me indigna de esta importante investigación realizada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, es que UNICEF e Inegi gastaran tiempo y recurso para ubicarlos y cuantificarlos y no hicieran nada por resolver un grave problema que para las instituciones es muy simple resolver y que para las comunidades y las familias más pobres de México deben destinar un promedio de 200 pesos por el transporte a las cabeceras municipales por lo que se vuelve impagable.

El Consejo Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés)-México propuso en 2004 la construcción de los índices de los derechos de la niñez mexicana con el objetivo de dimensionar, por primera vez en el país, el nivel de cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Este índice tiene como objetivo determinar el grado de cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional y en cada una de las entidades federativas en las que se detectaron profundas desigualdades.

En la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos y de la consecuente aprobación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en la citada reforma constitucional del 2011 se definió con claridad la obligatoriedad del Estado mexicano de cumplir con los principios de universalidad, integralidad, indivisibilidad y progresividad en la garantía de los derechos humanos, amén del Principio del interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4º del texto constitucional y las diferentes interpretaciones que de éste ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación— se consideró la necesidad de asumir una nueva estrategia de medición, que fuese armónica con el espíritu de la Carta Magna.

Así, desde una perspectiva integral de los derechos humanos, tienen que asumirse dos premisas centrales: 1) todos los derechos deben ser cumplidos simultáneamente para todas las niñas y los niños, porque el incumplimiento o la privación de uno o varios de ellos afecta de manera sustantiva el cumplimiento de todos los demás y 2) todos los derechos deben ser cumplidos para todas las niñas, los niños y adolescentes de manera continua e ininterrumpida a lo largo de todos sus ciclos de vida, y es el Estado quien tiene la obligación de asegurar la efectividad de estos derechos.

En efecto: si a una niña o un niño le es incumplido, limitado o negado alguno de sus derechos, esta acción tiene efectos tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, más aún si no se llevan a cabo las medidas de restitución y reparación del daño que deberían generarse en estos casos; así, el incumplimiento, limitación o negación del derecho a la salud o de acceso a un adecuado nivel de bienestar (por ejemplo, padecer desnutrición crónica, vivir en pobreza por periodos prolongados o enfermar constantemente de amebiasis u otros males intestinales) compromete el futuro de la niñez en términos de capacidades y competencias pues, por citar sólo un ejemplo, una niña o un niño en las circunstancias señaladas tendrá mayores probabilidades de interrumpir su trayectoria escolar, presentará menor rendimiento académico, vivirá en mayores condiciones de vulnerabilidad ante el trabajo infantil, etcétera.

Todos los niños y niñas nacen con el derecho inalienable a gozar de una vida saludable, de una educación y de una infancia segura y protegida que se traducen en una vida adulta próspera. Las consecuencias de negarlos, por supuesto, no se extienden sólo a las distintas etapas de la niñez y la adolescencia, sino a lo largo de toda la vida y, en este sentido, lo hacen también a las generaciones venideras, socavando la fuerza de las sociedades, por lo que resulta inaceptable el incumplimiento de cualquiera de los derechos, en cualquiera de los ciclos y etapas de la vida.

Las Organizaciones Alternativas de la Sociedad Independiente y Solidaria (OASIS) como planteo que sean denominadas las asociaciones de ciudadanos registradas o no, que ayudan a la sociedad y en especial a los grupos más vulnerables sin ningún apoyo del gobierno y de forma autónoma, para diferenciarnos de las AC, las ONG y las OS que surgieron por miles ante los grandes huecos de gobierno que se abrieron en la sociedad en cuanto a desarrollo humano con la implementación del neoliberalismo en México, y que durante décadas han vivido del erario como parásitos del gobierno y han explotado la condición de los más necesitados para su benéfico personal, a tal grado que entre los políticos partidarios lo más común para agenciarse de recursos públicos para sus campañas políticas u organizaciones sociales fue crear una “A.C.” y lo convirtieron descaradamente en la mejor forma de “bajar recursos” a sus bolsillos. Diversas OASIS han hecho esfuerzos encomiables para ayudar a amortiguar los efectos negativos de la falta de gobierno y de derechos en las comunidades más pobres y en específico para ayudar a estas niñas y niños de estas comunidades como es el caso de la Universidad de la Tierra (Unitierra) en Oaxaca, Chiapas y Morelos o el del Colectivo Cihuatlahtolli que trabajan en la comunidad del Zapote en Veracruz, quienes a partir de tener conocimiento de un caso de violencia de género en esta comunidad detectaron esta realidad y se dieron a la tarea de crear una escuela para las niñas y los niños “sin papeles” (https://www.ruta-35.com/2016/07/08/una-escuela-para-ninos-sin-nacionalidad-rechazados-por-el-gobierno/). “Conocimos El Zapote porque una mujer de ahí llegó con 2 machetazos y el cabello cortado de un tajo, ella pudo escapar con su bebé de 6 meses. Nos contaron que generalmente los sábados se escuchaban gritos en la comunidad, que era cuando los maridos llegan de cobrar, más alcoholizados que de costumbre. A partir de ahí nos dimos cuenta que las niñas y los niños de El Zapote no existen, no tienen esos documentos que los avalen como mexicanas o mexicanos”, cometa la compañera Arlette Cerón, integrante del Colectivo, y ahora atienden en “la escuelita” a más de 60 infantes.

Son muchas las comunidades autónomas que tienen sus propios modelos educativos como parte de su modelo de organización y que no son consideradas dentro de estas estadísticas, porque han decidido resolver sus propios problemas con organización, y que ahora su principal problema es la territorialidad porque el gobierno y el “desarrollo” quieren invadir sus territorios autónomos, pero las comunidades a las que nos referimos ahora son miles enclavadas en lo más profundo de la miseria mexicana, y no son pocas las organizaciones que trabajan para ayudar a estas comunidades como es en el caso del Colectivo Cihuatlahtolli que hacen el trabajo que el gobierno no hace con sus connacionales más necesitados sobre todo en el sur del país, aunque no es privativo de esa zona ya que la citada investigación del UNICEF-Inegi pone por debajo de la media nacional de esta problemática a estados como Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Baja California Sur e incluso a la Ciudad de México.

A pesar que desde 2017 el registro de nacimiento ya es gratuito por ley en toda la República Mexicana sin importar la edad o el lugar de nacimiento, presenta dos problema fundamentales: la corrupción de raíz en todos y cada uno de los registros civiles del país y la apatía, porque uno de los resultados más sorprendentes de esta investigación fue que aunque pareciera lo más lógico registrar a las hijas y los hijos antes de los primeros 60 días, la media nacional no rebasa el 46%, incluso la CDMX no tiene ni el 50% de infantes registrados antes de los primeros 60 días de vida.

Y antes del primer año sólo alcanzamos una media nacional de 84%. Por lo que se convierte en un problema de Estado. No consideramos justo que México invierta millones de pesos en el desarrollo de los pueblos centroamericanos ahora, ni siquiera debiera pensar en “invertir” en un tren turístico si las mexicanas más vulnerables no pueden demostrar que son mexicanas, por eso es imperativo que se sensibilice a la población sobre la necesidad de registrar a sus hijas e hijos antes de los primeros 60 días. El gobierno necesita implementar una campaña y un programa emergente de registro de niñas y niños en las comunidades más distantes, en tanto que ellos (espero) tienen la información precisa de quiénes son las niñas y los niños con este problema. Si no puede o simplemente no quiere hacerlo por lo menos que nos ayude a hacer un llamado a todas las OASIS y todas las ciudadanas y ciudadanos conscientes a hacer un trabajo de detección y acompañamiento al Registro Civil, para garantizar que todas las niñas y los niños tengan una identidad reconocida por el estado para que, comencemos poco a poco a entender a la equidad como el único posible eje de cualquier transformación positiva de México.

La vida es una construcción consciente.

Iván Uranga

@CompaRevolución

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