Las finanzas de los gobiernos estatales no se mejorarán con la simple revisión de la Ley de Coordinación Fiscal. Autor: Arturo Huerta González

En la reunión del Presidente de la República con la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) celebrada el 19 de agosto en San Luis Potosí, se acordó realizar una Convención Nacional Hacendaria para la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual el gobierno federal transfiere participaciones a los estados y municipios. Dicha Ley de Coordinación Fiscal establece que la recaudación federal participable a los estados será del 20% de lo que obtenga la Federación por todos sus impuestos. El reparto entre los estados está determinado por una fórmula que toma en cuenta el número de población, la pobreza, el nivel de desarrollo, entre otros elementos. Los estados que más aportan a la Federación se quejan de que reciben menos.

El gobierno federal no ha apoyado a los estados para encarar sus problemas financieros y de ahí la queja de algunos gobiernos estatales ante los recursos insuficientes para encarar los requerimientos de gastos que enfrentan. El problema deviene del hecho de que al gastar poco el gobierno federal (por su austeridad fiscal), se contrae el crecimiento económico y termina viendo reducida la recaudación tributaria, y con ello las participaciones destinadas a los estados. El pago de participaciones federales cayó al menos 24 mil 339 millones de pesos en el primer semestre del 2020 (según reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Senado de la República). Ello ha agravado las finanzas de los gobiernos estatales. A esto se suma la menor recaudación tributaria de los estados derivada de la contracción económica. Además, el gobierno federal les ha transferido a los estados la responsabilidad del combate a la pandemia, lo que incrementa los gastos de los estados. Tambien, las presiones sobre las finanzas estatales se han incrementado por los problemas de desempleo y por las demandas de apoyo por mayores servicios públicos por la mayor pobreza derivada de la crisis. De ahí que todo ello ha incrementado los niveles de endeudamiento de los estados y municipios, aunado a las altas tasas de interés de dichos creditos. Para encarar las presiones sobre las finanzas, los gobiernos estatales han tenido que realizar recortes de personal, como postergar inversiones de infraestructura y otros gastos, para evitar ver incrementados sus déficit presupuestales y sus niveles de endeudamiento. Se ha caído en un círculo vicioso. Los recortes de gastos e inversiones, contraen más la actividad económica, así como la reacudación tributaria y su capacidad de pago de la deuda y sus gastos.

El 20 % de la recaudación federal destinada a los estados ha resultado insuficiente para cubrir sus gastos y evitar déficits fiscales e incremento de la deuda. El acuerdo alcanzado en dicha reunión del día 19, es que se revisará la fórmula de distribución de las participaciones, pero no se incrementará el total de éstas, debido a que el gobierno federal reitera que no cuenta con recursos. También se acordó que se procederá a la reestructuración de la deuda de los estados utilizando la Banca de Desarrollo y que se promoverán acuerdos para facilitar nuevos créditos. El problema de ello es que la llamada Banca de Desarrollo tiene altas tasas de interés (Nafin presta a una tasa de 13.5%) y los nuevos préstamos tampoco resolverán sus problemas financieros, pues mientras no se impulse el crecimiento económico nacional, los estados no verán incrementadas las participaciones recibidas, ni su recaudación tributaria, por lo que seguirán sus bajos ingresos, así como los problemas de pago de su deuda y los recortes presupuestales. Tales propuestas solo postergarán y ampliarán los problemas de endeudamiento e insolvencia.

Los gobiernos de los estados y municipios no pueden recurrir a aumentar impuestos, pues no hay condiciones para ello, dada la disminución del ingreso de empresas e individuos ocasionada por la crisis. La carga de la deuda se ha incrementado, debido a las altas tasas de interés y porque sigue creciendo el monto de la deuda, lo que presiona más sobre las finanzas estatales, limitando más su capacidad de gasto e inversión.

El gobierno federal debería incrementar las participaciones federales a los estados, así como su gasto para impulsar la actividad económica, para poder mejorar la recaudación tributaria y las finanzas de los estados y municipios. No hay problema en caer en déficit fiscal si el gasto se canaliza a impulsar la esfera productiva y el empleo, ya que ello se traduciría en mayor crecimiento del ingreso de empresas y familias y por ende, en mayor recaudación tributaria que reduciría el déficit fiscal y el monto de la deuda. Ello debe ir acompañado de bajas tasas de interés (cercanas a cero) para evitar presiones sobre las finanzas públicas, federal, estatal y municipal.

De no cambiar la política monetaria y fiscal predominante, no hay perspectivas de crecimiento económico y de que mejore la recaudación tributaria, ni las participaciones federales, para disminuir las presiones sobre las finanzas de los gobiernos estatales y mucho menos para que puedan recuperar su capacidad de gasto para atender las demandas de su población y para encarar y reducir sus deudas. De seguir los recortes presupuestales de la federación, como de los estados, se acentuará la contracción económica, y aumentará el desempleo, lo que alargará la crisis, por lo que tomará años salir de ella, y recuperar el empleo perdido.

Arturo Huerta González
Arturo Huerta González

Economista heterodoxo. Autor de diversos libros, el más reciente titulado Austeridad Fiscal: Causas y Consecuencias, Editorial UNAM.
Profesor de Economía, UNAM. Miembro del SNI Nivel III.

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