Las calificadoras internacionales han demostrado que sus evaluaciones negativas y recomendaciones no logran los objetivos buscados de reducir el déficit fiscal, asegurar el reembolso del pago de la deuda, así como disminuir la relación de endeudamiento.
El 12 mayo de 2026, Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) pasó de “estable a negativa la perspectiva de México debido al debilitamiento de la flexibilidad fiscal, con apoyos a Pemex y CFE que seguirían agravando las rigideces fiscales del país”. Se oponen a que el gobierno federal apoye a Pemex y a la CFE, señalando que ello aumenta los niveles de endeudamiento y menos viabilidad se tiene para alcanzar la consolidación fiscal. El apoyo del gobierno a los sectores estratégicos es esencial dada la importancia de estos para el impulso de la actividad económica. Pemex es rentable, debido a que genera divisas por sus exportaciones y ahorra divisas al sustituir importaciones de gasolinas en el caso de las refinerías. El apoyo e impulso a la CFE es fundamental para el abasto de energía barata necesaria para el desarrollo económico. Ello se traduce en mayor crecimiento del ingreso de empresas e individuos que incrementarán la recaudación tributaria que evitaría que crezca el déficit fiscal y la relación de endeudamiento. Las presiones sobre las finanzas públicas y la deuda no es tanto por los rescates a Pemex y la CFE, sino por la alta tasa de interés establecida por Banxico, que incrementa el costo del servicio de la deuda pública.
Standard & Poor’s baja la evaluación a México, “debido en gran medida al bajo crecimiento económico, lo que provocaría un aumento más rápido de lo previsto de los niveles de deuda pública y una mayor carga de intereses”. Tal posición no considera que el bajo crecimiento de la economía es resultado de las propias recomendaciones de las calificadoras de que el gobierno debe restringir su gasto e inversión para evitar caer en déficit fiscal y en mayor deuda. Ello evidencia que no se reduce el déficit fiscal y la deuda dejando de gastar. Una empresa y una familia sí tienen que dejar de gastar para pagar su deuda, pero ello no es procedente para un gobierno. Su gasto es de tal magnitud que al dejar de gastar contrae la economía y con ello la recaudación tributaria, y tiene que incrementar el gasto social y de seguridad pública para contrarrestar los problemas de miseria y delincuencia que genera la contracción de la economía que origina la disminución del gasto público, por lo que sigue el déficit fiscal y creciendo la relación de endeudamiento.
S&P también les bajó la calificación a los gobiernos estatales al señalar que “la dependencia de los gobiernos locales mexicanos de las transferencias fiscales federales y su limitada capacidad para mitigar las intervenciones de los niveles superiores de gobierno les impiden alcanzar calificaciones por arriba de las del soberano”. Al respecto hay que decir que esa dependencia de las transferencias gubernamentales es resultado de los bajos ingresos que recaudan las entidades federativas debido a la desaceleración de la economía derivada de los recortes presupuestales del gobierno federal que les imponen las calificadoras internacionales.
La calificadora señaló que “en los próximos 24 meses, podríamos rebajar la calificación de México si no logra reducir sus déficits fiscales a tiempo para estabilizar y contener la deuda pública, la carga de intereses y los pasivos contingentes”. El problema es que ello no se va a lograr con las recomendaciones de S&P de restricción del gasto público. Hay que recordar que el gasto es el que genera el ingreso, por lo que el gobierno tiene que gastar más para reactivar la economía y así poder recaudar más para reducir el déficit y la deuda.
La SHCP ante la posición de S&P señaló que han estado mejorando balances públicos, debido a que en el primer trimestre de 2026 se tuvo un superávit primario de 98 mil millones de pesos (donde se gastó menos de lo que se recaudó, excluyendo el pago del servicio de la deuda) para no caer en más deuda, lo que refleja que sigue las recomendaciones de las calificadoras, a costa de sacrificar el crecimiento económico y de ahí por qué éste disminuyó en 0.8% en ese periodo. El gobierno contrae el gasto, en un contexto donde hay caída del consumo e inversión del sector privado y la economía tiene déficit de comercio exterior, lo que continuará restringiendo la actividad económica y la generación de empleo, y seguirán las presiones sobre las finanzas públicas y sobre la deuda pública y privada. Ante ello, las calificadoras seguirán con sus planteamientos de seguir bajando la calificación por el bajo crecimiento económico y las presiones sobre las finanzas públicas, sin reconocer la inoperancia de sus recomendaciones para asegurar el pago de la deuda. Su finalidad es seguir presionando al gobierno para que deje de apoyar a Pemex y a la CFE para que el sector privado invierta y controle tales empresas., evidenciando que responden a los intereses del gran capital, por lo que el gobierno debe hacer caso omiso de las recomendaciones de las calificadoras.
La SHCP ha señalado que la deuda pública será 54.2% del PIB en 2026, la cual es manejable, por debajo del nivel promedio de los países de África que está en 67% y los países europeos en 88.5%. La deuda no es mala, es necesaria para impulsar la producción y que ésta genere los ingresos requeridos para pagar la deuda.
