José Reyes Doria | @jos_redo
Las 20 iniciativas de última hora del presidente López Obrador tienen múltiples implicaciones. Uno de los impactos más interesantes es el que, necesariamente, tiene en la campaña, la imagen de poder y el eventual gobierno de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Claudia enfrenta una encrucijada doble: por un lado, la cuestión de la disputa por el poder al interior del obradorismo-morenismo. Es inevitable que un expresidente busque mantener niveles y espacios de influencia en el gobierno de su sucesor. En el caso de AMLO, el poder personal que ha acumulado hace más intensa esa tendencia, además de que algunas de las acciones, decisiones y reformas que ha impulsado pueden ser interpretadas en ese sentido.
Por ello, Claudia requiere afirmar su base propia de poder. De entrada, si se confirman en las urnas las tendencias de votación, contaría con una legitimidad democrática igual o más grande que la de AMLO. Así, tiene oportunidad para macar diferencias respecto al tabasqueño en el estilo de ejercer el poder; tendría margen para ejercer un liderazgo eficaz entre legisladores, gobernadores, dirigentes del partido, burocracias, corporaciones y demás factores de poder.
Por otro lado, y es igualmente importante, Claudia debe enfrentar un desafío en el siguiente sentido: gobernar de forma distinta desde una perspectiva de izquierda democrática. En esta perspectiva es importante la política de derechos y libertades, el diálogo democrático, la creación de instituciones y políticas que reduzcan desigualdades estructurales en seguridad social, acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Un gobierno de izquierda, que podría esperarse a partir de la formación de Claudia, se inclinaría por revisar la política de militarización de áreas civiles, y revisar la política de seguridad pública y la forma de participación de las fuerzas armadas en ésta; la promoción del igualitarismo, el reconocimiento y la interlocución democrática con los feminismos, los movimientos ambientalistas, los migrantes, la diversidad sexual, las academias, los científicos, los medios, los pueblos indígenas.
Una Presidenta de izquierda, se vería más inclinada a impulsar un sistema político incluyente y representativo, no puede impulsar una representación parlamentaria exclusivamente bajo el principio de mayoría relativa, como lo propone una de las 20 iniciativas de AMLO, pues ese sistema es contrario al igualitarismo, desconoce la diversidad político-ideológica, y fortalece las oligarquías políticas. La eliminación de los legisladores de representación proporcional es una medida más propia de los regímenes de derecha, como el máximo modelo que existe, que es el de los Estadios Unidos. Un gobierno de izquierda, también buscaría impulsar un desarrollo social integral, más allá de los apoyos monetarios.
En este orden de ideas, podemos decir que las 20 iniciativas de AMLO tienen diversos objetivos. Por un lado, colocar desde la Presidencia una agenda para el debate electoral, contrastar a la llamada Cuarta Transformación con la oposición y mostrar a ésta como un ente antipopular; convencer a la gente de darle la mayoría calificada a la 4T. No se puede soslayar que esto puede verse como una intromisión del Presidente, pues correspondería a la candidata y al partido presentar esa agenda.
En lo que se refiere a este efecto buscado, sin duda fortalecerá la campaña electoral oficialista, pero difícilmente alcanzará un impacto significativo, porque los temas de las iniciativas son reiterativos, es decir, no representan ninguna novedad respecto a lo que el Presidente ha pregonado todos estos años; tal vez el solo tema de las pensiones al 100% sea nuevo. Pero, para el grueso de los electores, esos temas y mensajes ya los han conocido por los mensajes repetidos en las mañaneras, y el hecho de que sean rechazados en la Cámara de Diputados por la oposición será realmente poco visible.
Las 20 iniciativas también tienen el objetivo de aportar los ejes centrales del programa de gobierno del próximo sexenio. Esto es todavía más invasivo por parte del Presidente saliente, puesto que, nuevamente, esta tarea corresponde definirla al partido en cuanto a la plataforma electoral, y a la Presidenta Electa en cuanto a Plan Nacional de Desarrollo y su proyecto político-histórico.
Para Claudia es importante proyectar al menos algunos atisbos de lo que será su estilo personal de gobernar, su proyecto. En un escenario con un Presidente sumamente poderoso y vigilante de que no se desvíe ni un ápice su legado, es difícil exigirle a la candidata un deslinde en estos momentos. Su afirmación de que integrará las 20 iniciativas a su programa de gobierno, por lo tanto, es entendible; de hecho, lo que resalta es que haya acotado que, además de esas 20 propuestas, ella incluirá sus propios temas.
Claudia, si las tendencias electorales se materializan en la elección del 2 de junio, obtendría la Presidencia con una votación incluso mayor a la obtenida por AMLO en 2018. Esta eventual situación conllevaría una legitimidad y una autoridad política igual, o incluso más grande que la obtenida por López Obrador en su momento. En este nuevo escenario, la eventual Presidenta podría, si llegan a darse confrontaciones con el obradorismo, o si las circunstancias lo exigen, siempre podrá apelar a su legitimidad democrática para tomar las decisiones que le parezcan adecuadas con una margen funcional de autonomía respecto a poderes personales, movimientos u organizaciones.
En este contexto, es viable y posible que Claudia considere una serie de momentos de especial significado para reafirmar su posición política. Las 20 iniciativas de AMLO son una aduana muy precisa, que se suman a otros momentos en que el Presidente ha intentado establecer condiciones al próximo gobierno de Claudia; por ejemplo, cuando puso en marcha el proceso interno para elegir candidato presidencial, AMLO perfiló que los contendientes derrotados serían coordinadores parlamentarios o altos funcionarios del nuevo gobierno, lo cual implica los espacios de decisión propios de la nueva mandataria.
Un momento importante para el posicionamiento de Claudia será el 1 de marzo, en el arranque de su campaña con una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. La candidata ha anticipado que ahí planteará las líneas de su proyecto de gobierno y sería importante que otorgara igual o mayor relevancia a sus ideas propias que a las 20 iniciativas de AMLO. Esto, por cuestión de ir fortaleciendo su imagen de poder.
Otro momento crucial sería el 1 de septiembre, si se llega a dar el caso de que la coalición Morena-PT-Verde obtienen la mayoría calificada en el Congreso, en cuyo caso podrían aprobar por sí solos las 20 iniciativas de AMLO. Pero el Presidente estaría ya en su último mes de gobierno, y Claudia a un mes de asumir el máximo poder político del país. En este eventual momento, la Presidenta electa podría considerar que las 20 iniciativas no se discutan ni se voten en septiembre, sino que se abra un proceso de análisis, consulta y construcción de acuerdos para que esas reformas tan trascendentes se aprueben, o no, con base en acuerdos democráticos amplios. De esa forma, la Presidenta electa impondría un toque personal al proceso de reformas constitucionales, generando espacio para apoyar unas y desechar otras; y, así, ir marcando su territorio para los siguientes seis años.
Para construir un escenario de mínima autonomía como éste, Claudia y su equipo deben operar con sumo cuidado y con eficaces instrumentos estratégicos. Desde estos días, es indispensable, por ejemplo, influir en las candidaturas a legisladores federales y locales, a alcaldías estratégicas, entre otros procesos que le aseguren una cadena mando e influencia fluida. Es muy probable que esto, entre otras cosas, esté ocurriendo en estos días, pues es consustancial al fenómeno de disputa y transferencia constitucional del poder. Veremos cómo se desarrolla este fascinante proceso.
