El abogado señaló que el oficio enviado por la entonces consejera jurídica de Presidencia contenía instrucciones sobre cómo resolver un asunto relacionado con el agua en La Laguna; la Suprema Corte rechazó por unanimidad la solicitud.
Redacción Astillero Informa
Ciudad de México.— La intervención de la entonces consejera jurídica de la Presidencia de la República, Estela Damián Peralta, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una reinterpretación de una sentencia sobre recursos acuíferos de La Laguna constituyó una violación a la independencia judicial, aunque el máximo tribunal finalmente rechazó la petición, sostuvo el abogado Luis Pedroza.
En entrevista con Julio Astillero, el profesor de Derecho Ambiental y Procedimiento Contencioso señaló que el oficio enviado por Damián a la Corte contenía instrucciones expresas sobre la manera en que debía resolverse el asunto y planteaba lineamientos que, a su juicio, restaban eficacia a una sentencia orientada a proteger derechos humanos.
“Había una grave violación a la independencia judicial, porque en el oficio existían instrucciones expresas a la Corte de cómo resolver un asunto, de resolverlo fundado y de establecer lineamientos que le restaban operatividad a una sentencia que pretendía proteger derechos humanos”, afirmó.
Pedroza explicó que la resolución cuestionada estaba relacionada con un litigio promovido por concesionarios de agua de la región y con medidas que podían favorecer el restablecimiento de concesiones, permisos y suministro de agua. De acuerdo con su exposición, organizaciones y habitantes de La Laguna habían obtenido previamente un avance judicial en defensa de los recursos hídricos de la región.
La SCJN rechazó por unanimidad la solicitud planteada por la entonces consejera jurídica. Para Pedroza, esa decisión representa un resultado favorable, pero no elimina lo que considera una transgresión previa a la autonomía del Poder Judicial.
“Vamos a continuar impulsando y señalando esta violación a la independencia judicial porque, si bien no prosperó conforme a los criterios internacionales, la violación a la independencia judicial ya se dio”, sostuvo.
El abogado explicó que, desde la perspectiva de los estándares interamericanos que invocó durante la entrevista, no es necesario que un tribunal ceda ante una presión externa para considerar vulnerada su independencia.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por darte un ejemplo, señala que no es necesario que el Poder Judicial ceda ante una presión para considerar que ya hay una violación a la independencia judicial”, señaló. Añadió que basta con que exista objetivamente una instrucción o indicación de otro poder respecto de cómo debe resolverse un asunto judicial.
Pedroza también cuestionó que ni la resolución de la Corte ni el gobierno federal hayan ofrecido, hasta ahora, una explicación sobre las razones por las que la Consejería Jurídica de la Presidencia intervino de esa manera.
“Realmente no. No hubo ni en esta sentencia ni por parte del gobierno federal hasta la fecha una explicación de por qué se actuó de esa manera”, afirmó.
El caso tiene además una dimensión ambiental para La Laguna, región que comprende zonas de Coahuila y Durango y que, de acuerdo con Pedroza, enfrenta una situación crítica en materia de acceso al agua potable. El abogado destacó que las organizaciones civiles continúan articulándose en defensa de la sentencia y que existe un proceso para que las decisiones sobre la administración del agua subterránea incorporen fundamentos técnicos y científicos.
Pedroza consideró que la resolución de la Corte permite retomar el cumplimiento de la sentencia y representa una oportunidad para avanzar en una gestión del acuífero sustentada en criterios científicos.
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