El 12 de agosto de 2025, México entregó a Estados Unidos a 26 figuras del crimen organizado. Entre ellas iba Servando Gómez Martínez, La Tuta, exlíder de Los Caballeros Templarios. La “megaentrega” —técnicamente un esquema alterno a la extradición— se hizo con el compromiso de que no se solicitará la pena de muerte. Es la segunda operación de este calibre en el año; en febrero, México ya había entregado a otros 29, incluido Rafael Caro Quintero. El dato duro está ahí; lo relevante políticamente es otra cosa: la puerta que esto abre para escuchar, bajo juramento y con incentivos claros para cooperar, relatos que pueden iluminar responsabilidades en la cúpula del poder civil.
No hay que idealizar. Esta entrega también es fruto de presión bilateral: Washington ofreció garantías procesales y apretó con amenazas arancelarias y una nueva etiqueta político-penal —la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras— que reconfigura el tablero. La foto de hoy, con La Tuta camino a cortes federales, es inseparable de esa negociación dura. Pero reducirlo a “teatro” sería miope: estas macrocausas en EU suelen apoyarse en acuerdos de cooperación, y cada capo que canta, canta nombres, fechas y montos. Ahí es donde se vuelve potencialmente histórico para México.
Los antecedentes importan. La condena en EU a Genaro García Luna —exsecretario de Seguridad Pública— a más de 38 años de prisión por favorecer al Cártel de Sinaloa mostró que el piso sí se puede mover cuando los testigos, los documentos financieros y las cadenas de custodia se ordenan en un caso sólido. Que ese veredicto haya salido de un jurado en Brooklyn no borra la responsabilidad mexicana; subraya, más bien, cómo el Estado vecino puede procesar lo que aquí se volvió políticamente imposible durante años
¿Y los expresidentes? El nombre de Felipe Calderón aparece siempre orbitando el caso García Luna —su hombre fuerte en seguridad—, y existe un cúmulo de señalamientos periodísticos y testimonios de narcos que, sin ser sentencias, sí sostienen la necesidad de esclarecer responsabilidades. Recordemos: en los juicios de El Chapo y de García Luna hubo testigos que hablaron de pagos al más alto nivel; y aunque Enrique Peña Nieto ha negado tajantemente las versiones sobre un supuesto soborno de 100 millones de dólares, lo dicho bajo juramento queda en actas y puede reactivarse si nuevas delaciones lo confirman o lo hunden. Hoy, además, la FGR anunció líneas de investigación vinculadas al uso de Pegasus en tiempos de EPN. Todo esto no prueba, pero sí presiona.
Conviene ser quirúrgicos: no es periodísticamente responsable afirmar que “Calderón y Peña Nieto fueron presidentes narcotraficantes” sin una sentencia. Sí es legítimo —y urgente— exigir que se investigue con rigor si desde la Presidencia se pactó, se toleró o se encubrió. La propia presidenta Sheinbaum ha dicho que, de momento, no impulsará una pesquisa directa contra Calderón; esa prudencia institucional contrasta con el deseo social de ver cuentas claras. Precisamente por eso, lo que ocurra en las cortes estadunidenses con La Tuta y compañía puede alterar el equilibrio político interno: nuevas declaraciones, acuerdos de culpabilidad y documentos podrían obligar a mover piezas aquí.
Desde una lectura filosófica, lo que está en juego no es solo castigar a individuos, sino desmontar un régimen de verdad: ese entramado en que el Estado se presentaba como soberano que “protege” mientras delega violencia a intermediarios. Foucault lo habría llamado una microfísica del poder: redes capilares donde policía, crimen y política se tocan. Cuando esos nodos hablan bajo juramento, el relato oficial se fisura. Y ahí aparece, por fin, una esperanza pública que no es ingenua: la esperanza de que el discurso del poder sea verificable.
También hay que decirlo con humor ácido —porque en este país reímos para no llorar—: si cada capo que llega a Nueva York trae “paquete turístico” de anécdotas con autoridades, el tour histórico podría incluir visitas guiadas a sexenios completos. Pero el sarcasmo no sustituye la justicia. Justicia significa debido proceso, pruebas y tribunal; no hashtags. La indignación ciudadana que pide “ver tras las rejas a Calderón” expresa un hartazgo moral entendible; convertir ese clamor en verdad jurídica exige pruebas suficientes y un Ministerio Público que se atreva a perseguirlas, sin diluirse en cálculos partidistas.
¿Qué podría pasar concretamente a partir de esta entrega?
- Nuevos cooperantes: si La Tuta u otros aceptan acuerdos, sus declaraciones podrían detallar vínculos operativos con funcionarios, contratos, mandos policiales y esquemas de protección. Eso puede activar solicitudes de asistencia jurídica hacia México y abrir carpetas aquí.
- Trazabilidad financiera: cortes en EU suelen tirar del hilo del lavado. Si aparecen transferencias y empresas pantalla, las pistas no respetan fronteras. Eso compromete a despachos, campañas y operadores políticos. (Así se construyó parte del caso García Luna.)
- Efecto político interno: con testimonios frescos, la presión pública para investigar a expresidentes aumenta. Y si la FGR se mueve en casos adyacentes —por ejemplo, Pegasus—, el clima cambia.
En síntesis: la entrega de La Tuta y otros 25 no es solo un gesto de “mano dura” bilateral; es una ventana de verdad. Si por esa ventana entra aire nuevo o puro humo, dependerá de la capacidad —y la voluntad— de llevar esas narrativas a la categoría de prueba. El precedente García Luna demostró que los intocables pueden tocar fondo. Que esa lección alcance a quien ocupó la silla presidencial no es cuestión de sed de venganza, sino de higiene democrática.
Mientras tanto, mantengamos dos brújulas: compasión por un país herido que pide justicia sin linchamientos, y escepticismo filosófico frente a cualquier poder que prefiera la oscuridad a la luz del contrainterrogatorio. Si al final del proceso la verdad confirma complicidades en los más altos niveles, la cárcel será consecuencia, no consigna. Y entonces sí, México podrá decir que no solo extraditó capos: extraditó también su impunidad.
@Hadacosquillas
