La sociedad cómplice (México). Autor: Federico Anaya Gallardo

La complicidad de la sociedad con sus criminales asume diversas formas. En México, adonde abolimos los juicios penales por jurados hace casi un siglo (y era la segunda vez que los suprimíamos) esta confabulación se presenta de manera más oscura e insidiosa que en los EUA. Hoy quiero comentar un caso que cimbró a la sociedad potosina a mediados de la década de los 1990.

Salvador Valle Rodríguez fue asesinado el 6 de febrero de 1995, alrededor del mediodía, en un área rural del municipio de Soledad de Graciano Sánchez –en la zona metropolitana del Estado potosino. De acuerdo a la versión más conocida de los hechos, al occiso le acompañaba un amigo suyo de años, Carlos Lavín Hinojosa. Varios elementos de prueba inculpaban a este último de modo directo. El asesinato fue especialmente violento. A la víctima le pasaron varias veces una camioneta por encima. Lavín estaba, al día siguiente de la muerte de su amigo, en un hospital –al parecer, atendiéndose de heridas que él también habría sufrido (lo que, en su versión de los hechos, probaba que ambos habían sido atacados por terceras personas).

Debe señalarse la pertenencia de ambos sujetos a la élite potosina. Ambos serían curros connotados. Valle era parte de una familia de propietarios rurales, entre los cuales están los dueños de la empresa Carranco (que se dedica a la producción y comercialización de lácteos en la región) y cuya base son ranchos en el área central del Estado. Lavín pertenece a otro clan muy conocido de la élite potosina y estudió veterinaria, y en contexto de su profesión atendía las vacas en los ranchos de Carranco. Esto explica la familiaridad cotidiana de ambos. De acuerdo a la versión de los hechos de Lavín, el día de la muerte de Valle ambos habían estado discutiendo los pormenores de la compra de trescientas vaquillas lecheras.

De acuerdo a la versión de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Lavín atacó viciosamente a Valle y luego pretendió ir a buscar ayuda, para crearse una coartada. De acuerdo con Lavín, ambos fueron atacados por varias personas encapuchadas, quienes de un golpe le hicieron perder el conocimiento a él. Cuando se recuperó encontró a su amigo ya muerto y caminó a buscar ayuda.

De acuerdo a todas las versiones de los hechos, luego de la muerte violenta de Valle, Lavín buscó a la familia de su amigo y luego de mandar a traer una ambulancia, regresó con varias personas al lugar adonde yacía el cadáver. Eventualmente llegaron al lugar las autoridades y se hicieron cargo del asunto. Lavín se trasladó a un hospital privado para atenderse.

El parte de investigación elaborado por policías judiciales señala que fue en ese momento en que se localizó a un testigo que aseguraba que era Lavín el atacante de Valle. Este parte está fechado el día siguiente a los hechos (7 de febrero de 1995) y lleva sólo una firma, la del jefe de grupo de área rural Juan Sánchez Guerrero. El parte, en la mayor parte de sus párrafos, repite –casi verbatim– las declaraciones de Lavín del 6 de febrero y del testigo de cargo (también del 6 de febrero). No hay evidencia de un trabajo de campo científico y serio. La descripción del cadáver de Valle es muy esquemática y no hay ninguna referencia a la escena del crimen. Respecto del vehículo en que viajaban originalmente Lavín y Valle, y que de acuerdo con el testigo de cargo, sería el arma homicida, no se dice nada: tan sólo se le pone a disposición del Ministerio Público.

El 7 de febrero de 1995 a las 8:30 a.m., el hermano de Lavín habló por teléfono a la recién creada Comisión Estatal de Derechos Humanos para reportar “que la Policía Judicial [del Estado] quería trasladar a su hermano … del hospital a las oficinas de la Judicial a declarar sobre los hechos … pero que su médico particular no lo autorizaba y que a pesar de ello se lo estaban llevando.” Un visitador de la Comisión encontró a Lavín ya en las oficinas de la judicial. El primer presidente de la CEDH-SLP, Luis López Palau, se trasladó personalmente al lugar y regañó a los funcionarios porque “no se estaba cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional”.

Al parecer, el ombudsman actuó en varios eventos públicos durante este primer día del escándalo Lavín-Valle –todos en favor del primero. Dos días más tarde, el primer consejo ciudadano de la Comisión decidió que el organismo ombudsman se retirase del caso, dado que en los diarios potosinos se había insinuado que la intervención de López Palau se debía sólo a la amistad que existía entre él y la familia Lavín. El consejo calificó la cobertura de prensa como tendenciosa y envió el caso a la CNDH. Esta terminó por emitir la Recomendación 90/95. (Liga 1.)

Tanto los abogados veteranos de la CEDH-SLP como otras personalidades de la élite potosina señalan que las gestiones del primer presidente de la Comisión en defensa de Lavín estaban fuera de toda proporción con las actuaciones que él mismo y el resto de los abogados de la institución ombudsman habían tenido en casos previos. Ahora bien, aunque la decisión del Consejo parece ser un retroceso en la posición original del ombudsman de defender radicalmente la libertad personal (y la inocencia) de Lavín, la situación era más compleja. Si se revisa la lista de consejeros se descubre que uno de ellos era Ricardo Gómez Valle, quien era primo hermano del asesinado. De hecho, el parentesco entre el consejero Gómez Valle y la víctima del homicidio, nos muestra a un pariente de sangre de la víctima defendiendo la causa del presunto asesino.

Esta paradoja no es única. El 14 de enero de 1995, el ombudsman potosino mandó a la CNDH una copia fotostática de una declaración ante Ministerio Público de Salvador Valle Echenique, tío de la víctima, en la que el declarante manifiesta que “desde hace aproximadamente 20 años conocemos tanto mi hijo como yo al Dr. Carlos Lavín Hinojosa, siendo el Sr. Lavín una persona correcta, cumplida en su trabajo y por lo tanto abonamos su honorabilidad sin lugar a duda ninguna”. Dijo el tío de la víctima que: “si él niega su participación en este ilícito no tengo porque [sic] dudar en la palabra del Sr. Lavín.”

Al tiempo que parientes de la víctima defendían al presunto responsable tanto ante el Ministerio Público como en el consejo ciudadano de la CEDH-SLP, una manifestación se organizó en las afueras del hospital privado adonde Lavín había sido remitido de regreso, aunque bajo custodia de la Policía Judicial. Cabe mencionar que para entonces el primer testigo de los hechos ya había identificado a Lavín como el agresor de Valle en Cámara Gessel.

En esos días se organizó una marcha de las veladoras o de las velas desde la emblemática Caja de Agua en la calzada Juárez/Guadalupe; misma que enfiló hacia el Palacio de Gobierno para exigir al gobernador Horacio Sánchez Unzueta (1993-1997) que detuviese la persecución de Lavín  y que no se fabricaran culpables en el caso. Una de las manifestantes era la madre del consejero de la CEDH-SLP Gómez Valle y tía del asesinado Valle Rodríguez, la señora Valle de Gómez. Más tarde, la señora Valle de Gómez confrontaría a la mujer del gobernador, Conchalupe Nava Calvillo. La procuraduría general tenía elementos para judicializar el caso pero no lo hizo, pues el gobernador Sánchez Unzueta cedió a la presión de las élites.

Cabe destacar la cobertura de prensa en este escándalo. Lidia Juache Castilleja y José de Jesús Ortiz, en su tesis La prensa ante el Estado y la sociedad civil: el caso de El Ciudadano (San Luis Potosí: UASLP, 1998) analizaron la cobertura diferenciada que hizo del caso la prensa del establishment social (Pulso) y un diario nacido a raíz del movimiento democrático de los 1980 y 1990, El Ciudadano.Este último reportó el modo en que la élite presionó a favor de la impunidad en el caso. En cambio, la prensa hegemónica repetía sistemáticamente la versión de que la acusación contra Lavín era un invento.

En el mismo sentido que El Ciudadano –señalando la impunidad lograda a favor de Lavín– se pronunció Andrés Martínez Tovar, columnista de Momento (un diario considerado pro-gubernamental pero que dos años antes había sostenido un caso contra la procuración de justicia potosina por la muerte de su corresponsal en la ciudad de Rioverde). Martínez Tovar tronó en contra de los “grupos histéricos” que a base de “desplegados y rasgándose las vestiduras” lograron la libertad de Lavín. El articulista cuestionó el actuar de la CEDH-SLP. De acuerdo con el articulista de Momento, “las evidencias [eran] muchas en contra de Carlos Lavín Hinojosa … En la camioneta, en el interior había manchas de sangre. Todo se ajustaba perfectamente a lo declarado por los dos testigos,…”

¿Tuvo la prensa acceso a las actuaciones del Ministerio Público? Es probable. Sabemos que detalles de la investigación fueron explicados a un ilustre miembro de la sociedad potosina por un agente de la Policía Judicial del Estado que pretendía que esta información, sustentada con copias originales de la averiguación previa correspondiente en un sobre color manila, fuese publicada en el diario El Ciudadano. Los directivos del periódico exigieron que las probanzas que se pretendían filtrar se usaran para formalizar la acusación respectiva, en vista de que eran tan contundentes. Esto último nos indica que el caso se litigó en las calles y en la prensa no sólo por parte de las élites, sino por la propia administración Sánchez Unzueta y su procuraduría general.

¿El resultado? Que, pese a las probanzas recopiladas por la autoridad, el caso contra Lavín Hinojosa fue inefectivo. Se aseguró la impunidad. (Liga 2.) La misma familia de la víctima colaboró en aquéste arreglo de impunidad. Queda claro que la sociedad hegemónica no necesita jurados para asegurar que sus favoritos queden impunes –como ocurrió en los casos de la masacre de Greenboro de 1979 o en los asesinatos de Kenosha en 2020.

Pero, pongamos atención lectora: nuestros vecinos angloamericanos tienen más fácil la solución. Su impunidad está institucionalizada y por lo mismo, puede ser revisada y controlada. Un jurado mayoritariamente blanco en Brunswick, Georgia, acaba de encontrar culpables a los tres asesinos blancos del afroamericano Ahmaud Arbery. (Liga 3.) En cambio, en el enredo opaco de casos como el Lavín-Valle no hay modo de aclarar nada.

Ligas usadas en este texto:

Liga 1:
https://testwebprod.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/1995/REC_1995_090.pdf

Liga 2:
http://elpulsonoticias.com/2021/04/carlos-lavin-otro-criminal-protegido-por-octavio-pedroza/

Liga 3:
https://www.motherjones.com/politics/2021/11/guilty-ahmaud-arbery-murder-verdict-georgia-breaking/

Federico Anaya-Gallardo
Federico Anaya-Gallardo

Abogado y politólogo. Defensor de derechos humanos. Ha trabajado en Chiapas, San Luis Potosí y Ciudad de México. Correo electrónico: agallardof@hotmail.com

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