La sociedad civil; ni social, ni cívica. Autor: Felipe León López

Felipe León López

Los mexicanos comenzamos a utilizar la categoría “sociedad civil” luego del efecto sociopolítico provocado por los sismos de 1985. Y más de las teorizaciones gramscianas, entendimos que sociedad civil se referiría a todos los ciudadanos que no somos gobierno, no somos militantes ni dirigentes de un partido político y que nuestro objetivo no era la búsqueda del poder, sino ejercer nuestros derechos para su transformación, de acuerdo con nuestras demandas. Y mucho menos que esta sociedad civil convirtiera la participación ciudadana en negocios particulares como terminó ocurriendo.

La sociedad civil comenzó a organizarse bajo banderas de distinta índole, siendo las principales: derechos políticos para tener libertad de asociación, participación y de expresión sin riesgo de una persecución y en pro de la democratización de las instituciones del Estado; derechos humanos para contener y sancionar los abusos del Estado; derechos económicos que garantizaran la libre empresa y el derecho a la existencia de cada individuo del país; los derechos sociales que incluyen vivienda, alimentación, agua, energía, tránsito, entre otros, y derechos civiles de nueva generación como los de la CLBGT+, derechos de las mujeres a decidir, libertad de elección sexual, de conciencia y religión, entre otros.

El proceso de transformación y desmembramiento del viejo corporativismo, que inició con el arribo de Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la República les dio cabida a los promotores de la llamada “sociedad civil organizada” con creación de instituciones como la CNDH y abrir reformas a la legislación para la participación ciudadana.

La renovación de las viejas dirigencias en el SNTE y el sindicato petrolero provocados por los golpes de mano de Salinas dieron lugar a una transformación de fondo en el viejo modelo corporativista, permitiendo el ascenso de nuevos interlocutores y banderas de lucha frente al partido-gobierno y de este modo hacer ver a México un país más democrático frente al mundo, lo cual era una las condicionantes para que nos aceptaran en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir: el momento de la sociedad civil organizada y la promoción de una reforma política para garantizar la pluralidad del país.

Pero, si bien las organizaciones de la sociedad civil organizada abrieron puertas para avanzar a regañadientes con la democratización, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, dirigentes de los partidos y políticos pasados de vivo arrancaron un nuevo estilo de hacer de la participación ciudadana un gran negocio y, peor aún, convertir a las tragedias en referentes político-partidistas como ocurrieron con los tristes casos Wallace y Morera, entre otros, cobrando cuotas al Estado para impulsar sus luchas como víctimas de la delincuencia aunque con sesgos alineados a un partido, como fueron al PAN y al PRI, principalmente.

La llegada del PAN al poder presidencial también fue el inicio de la perversión de las figuras de participación ciudadana instaladas en cada dependencia federal para acompañamiento, vigilancia y co participación en la aplicación de programas de gobierno, volviéndolas negocios particulares y olvidando su papel, origen y función.

En 2004 todas las actividades realizadas por la sociedad civil en México son reguladas por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que fue traje a la medida para la deducción hacendaria y la creación de infinidad de fundaciones u organismos que buscaran donaciones, aportaciones y comisiones de los gobiernos e iniciativa privada.

Por ello, la lucha de la sociedad civil organizada desde 1985, que fue fundamental para abrir la participación ciudadana, ciudadanizar la democracia e institucionalizar al país, que órganos reguladores fueran más ciudadanos y autónomos y menos gubernamentales, de 2000 a 2018 la echaron a perder y en lugar de perfeccionarla terminaron pervirtiéndola, siendo opacas en su funcionamiento y falta de medición en sus resultados, y sobre todo, muchas de ellas vinculadas a dirigentes del PAN, PRI, PRD y hasta de Morena, además de empresarios y ministros de culto de varias religiones.

Por supuesto, a la llegada de Andrés Manuel López Obrador hubo una ofensiva directa a neutralizar estas figuras en su papel político. El 14 de febrero de 2019, alrededor de 41,300 organizaciones de la llamada sociedad civil organizada oficialmente registradas fueron notificadas de que por orden presidencial no tendrían más recursos, que tan solo en 2018 fueron de más de 4 mil millones de pesos. Así, sin matices, también pagaron justos por pecadores pues la cancelación incluyó a organismos de nobles propósitos. “Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”, sentenció el presidente al frente de la “Contratransformación”.

La contraofensiva de estos negocios de la llamada “sociedad civil” organizada comenzó a articularse desde ese momento y han tenido en la defensa del INE la plataforma ad hoc para que pudieran resurgir, atrayendo para sí todo el sentimiento antilopezobradorista y ahora, sin máscaras, como dicen, totalmente alineados a los partidos que por tres sexenios los mantuvieron y preparan una concentración en el Zócalo o quizá otra más en el Ángel de la Independencia. Claro, sus líderes creen que “la marea rosa” rebasó una etapa de incubación y que es hora de votar por Xóchitl Gálvez, así sea de manera tramposa y enterrando, por largo tiempo, la presencia de una sociedad civil auténtica, apartidista, crítica y participativa en el debate nacional.

En el tintero y para futuras administraciones quedarán: 1) las reformas para la democracia que incluyan a las organizaciones de la sociedad civil y 2) la disposición a proponer un sistema distinto de participación de los ciudadanos sin partidos ni membretes empresariales o religiosos, sino de abajo hacia arriba, netamente cívico.

+ El debate chilango y la hipocresía panista… A Clara Brugada sólo le bastaba apuntar la vinculación de Genaro García Luna con el PAN, a los negocios de panistas con las mafias del juego y el huachicoleo y a la forma en que Tabaoda negocia con grupos delictivos como los “Tanzanios”, “La Fortaleza”, “Sindicato Libertad”, entre otros para desmontar su oferta de “blindaje” en seguridad pública. Y peor aún, en los años que llevó el PAN en el poder si algo faltó fue una auténtica política de vivienda social. Y para acabarla, Santiago Taboada quiere que los usuarios del Metro paguen más si recorren más, elevando más el gasto de la población que vive en la periferia.

+ El trámite de la democracia es obligado… Si las tendencias no fallan, la candidata de Morena ganará la Presidencia de la República y las apuestas están si será por 10, 12, 15 o más puntos. Mas el temor de que sufran descalabros en las gubernaturas, alcaldías y diputaciones federales es latente. Por eso el trámite es obligado, porque se requiere medir las fuerzas políticas representativas en nuestra democracia liberal.

Contacto: feleon_200@yahoo.com