La SCJN da razón a AMLO en presa La Boquilla: puede usar el agua para Tratado con EU (nota de SinEmbargo)

La SCJN concluyó con el análisis de la controversia constitucional promovida por el municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua, y decidió reconocer la validez del acto consistente en las órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador de disponer del agua almacenada en la presa “La Boquilla”.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón al Gobierno de México este martes en el conflicto de la presa La Boquilla, en Chihuahua, que se desató en 2020. Una parte del agua sería usada para cumplir con un tratado internacional con Estados Unidos, pero pobladores y las autoridades locales buscaban que no se usara para enviarla al extranjero.

En una sesión del pleno, la Corte concluyó este martes con el análisis de la controversia constitucional promovida por el municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua, y decidió reconocer la validez del acto consistente en las órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador de disponer del agua almacenada en la presa “La Boquilla”.

Esto, argumentó el máximo Tribunal del país, en tanto que el sexto párrafo del artículo 4 de la Constitución General hace referencia a la “gestión de aguas”, lo cual no equivale a la administración de las aguas nacionales establecida en el artículo 27 constitucional.

Al finalizar el análisis de la controversia constitucional promovida por el municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua se reconoció la validez de las órdenes del Ejecutivo Federal de disponer del agua almacenada en la presa “La Boquilla” para cumplir un tratado internacional. pic.twitter.com/oo8D8cSIDd

— Suprema Corte (@SCJN) January 25, 2022

“De ahí que la disposición de recursos hídricos para dar cumplimiento a un tratado internacional es un acto concreto de dominio sobre dichas aguas, que es una atribución exclusiva del Ejecutivo, por lo que no requiere participación de las autoridades estatales o municipales para ser tomada ni ejecutada”, concluyó la Corte, de acuerdo con un comunicado emitido por el órgano del Poder Judicial.

Por último, el Pleno reiteró las decisiones antes precisadas al resolver las controversias constitucionales promovidas por los municipios de Aquiles Serdán, Namiquipa, Manuel Benavides, Balleza, Huejotitán y Buenaventura, todos del Estado de Chihuahua.

Ya en la sesión del lunes, la SCJN determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una “omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio”, al no haber emitido la Ley General de Aguas a que se refiere el artículo 4, párrafo sexto, constitucional, en relación con el tercer transitorio del decreto que dio origen a dicha disposición, publicado el 8 de febrero de 2012.

Además, en esa misma sesión determinó sobreseer en la controversia constitucional respecto de: la omisión de reglamentar adecuadamente la Ley de Aguas Nacionales; el Acuerdo de inicio de emergencia por sequía para dos mil veinte; y la utilización de la Guardia Nacional para disponer de las aguas de la presa “La Boquilla”.

“En consecuencia, como parte de los efectos, la SCJN conminó al Congreso de la Unión a emitir la Ley General de Aguas durante su próximo periodo ordinario de sesiones”, manifestó la Corte en su comunicado.

El conflicto por el agua en Chihuahua entre productores y el Gobierno federal, que inició a finales de 2019, cobró su primera víctima el 8 de septiembre de 2020: Yésica Silva Zamarripa, una madre de cinco menores que perdió la vida luego de recibir un disparo de la GN.

La muerte de la mujer fue un “lamentable accidente”, aseguró el Comandante de la unidad 10 días después de las protestas, donde manifestantes se enfrentaron con miembros de la Guardia Nacional y tomaron posesión de la presa La Boquilla, que ha sido usada para liberar agua para cubrir la deuda con Estados Unidos, como parte de un tratado de 1944. Muchos agricultores del estado de Chihuahua aseguran que necesitan el agua para sus cultivos.

El Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, dijo que después de que sus elementos se retiraron de la presa, algunos manifestantes tomaron materiales de grado militar que quedaron en el lugar, entre ellos “granadas”, posiblemente refiriéndose a los proyectiles de gases lacrimógenos o de humo que se utilizaron para dispersar a los inconformes.

Los agentes escucharon disparos —no quedó claro de dónde provenían— y uno de los elementos de seguridad abrió fuego, impactando una camioneta en la que viajaban la mujer y su acompañante, que resultó gravemente herido.

A finales de octubre de 2020, la GN informó que se detuvo a seis elementos involucrados en la muerte de una mujer que recibió un disparo durante una protesta por el uso del agua de la presa La Boquilla.

Por lo anterior, se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión contra el personal involucrado en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos. Cabe señalar que desde el primer momento, se colaboró con las autoridades ministeriales para deslindar las responsabilidades.

— Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 27, 2020

A México le quedaba poco tiempo para cubrir su deuda de agua antes del plazo del 24 de octubre de aquel año. Los manifestantes tomaron el control de la presa de Chihuahua para evitar que se transfiera agua a agricultores y localidades ubicadas a lo largo del fronterizo río Bravo (conocido como río Grande en Estados Unidos).

Apenas el 22 de octubre, el Gobierno de México reveló que logró pagar la deuda de 208 millones de metros cúbicos de agua que tenía con Estados Unidos con el almacenamiento de las presas internacionales La Amistad y Falcón.

Desde febrero de 1944, México suscribió el tratado de aguas con Estados Unidos, en el que se acuerda la distribución equitativa del líquido que escurre de diversos ríos hacia el Río Bravo. Un tercio de esa agua corresponde a la Unión Americana, en una cantidad que no debe ser menor a 423 millones de metros cúbicos por año, y el resto puede ser utilizado por México. Las cantidades son monitoreadas periodo a periodo y cada cinco años se realizan las cuentas entre ambos países.

De acuerdo con el tratado, Estados Unidos abastece cuatro veces más agua a México desde el río Colorado, ubicado más al oeste, por lo que a México le preocupaba la posibilidad de perder ese suministro.

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